El astillero Cardama, al que el gobierno anterior le compró patrullas OPV, no tiene permisos de construcción

Un informe interno de la Armada Nacional uruguaya, al que accedió LARED21, expone irregularidades críticas en la construcción de las patrullas oceánicas (OPV) adquiridas a España. Los planos definitivos de los buques, incluyendo aspectos estructurales vitales, no están aprobados. El astillero Cardama inició labores sin contar con el permiso de construcción obligatorio, asumiendo riesgos significativos.

El documento se basa en informes técnicos y una visita técnica realizada por personal uruguayo a las instalaciones de Cardama entre el 28 de mayo y el 6 de junio. Esta inspección reveló que la construcción avanzó sin las autorizaciones fundamentales. La situación genera serias dudas sobre el cumplimiento de los protocolos y plazos establecidos en el contrato firmado con el Ministerio de Defensa Nacional (MDN).

Pese a la falta de aprobaciones, Cardama comenzó una nueva fase constructiva el 15 de abril. La puesta de quilla, símbolo del inicio formal de la construcción del casco, se realizó en mayo. Este acto marcó el tercer hito de pago, obligando al Estado uruguayo a desembolsar €12,3 millones adicionales. El total pagado asciende a €28,7 millones.

Una compra cuestionada y potencialmente riesgosa

El permiso de construcción, solicitado por el astillero al Ministerio de Transportes español, fue recibido por este último el 27 de mayo. Sin embargo, dicho permiso aún no había sido aprobado oficialmente para cuando los uruguayos inspeccionaron. Un correo electrónico incluido en el informe de la Armada subraya claramente el peligro: «es un riesgo que asume el astillero, construir con planos en proceso de aprobación ya que esto les puede suponer algún problema o sobrecoste».

La construcción avanzó sin la cobertura contractual esencial para garantizar calidad. El contrato de control de soldaduras entre Cardama y la empresa clasificadora Lloyd’s Register (LR) no estaba firmado. Este servicio, vital para asegurar la integridad estructural de los buques, se terceriza a LR. La ausencia de este acuerdo formal representa una grave omisión en los procedimientos de control de calidad.

Además, el informe detectó otros problemas contractuales y técnicos. Contratos ya firmados carecían de «firmas certificadas ni protocolo notarial«, existían «faltan contratos y anexos técnicos«, y el balance eléctrico de los buques estaba «incompleto«. Incluso los motores principales fueron adquiridos sin la supervisión requerida de LR, saltándose un paso crucial.

Críticas a la capacidad y el proceso de Cardama

La Armada Nacional fue contundente en su evaluación técnica. Confirmó que «El proyecto, diseño y los planos (incluido el plano final de la cuaderna maestra) están en fase de ser aprobados«. Esta declaración oficial confirma el estado precario de la documentación aprobatoria mientras la construcción física ya estaba en marcha. La cuaderna maestra es un elemento estructural clave del buque.

El informe cuestiona abiertamente la capacidad operativa de Cardama para cumplir con el cronograma. Señala que el astillero «no tiene la capacidad de construir los 42 módulos en el plazo establecido«. Además, acusa a Cardama de «toma riesgos, ya que los planos aún no presentados podrían tener observaciones de la clase«, refiriéndose a posibles objeciones técnicas de Lloyd’s Register que obligarían a modificaciones costosas.

Se destacan también las limitaciones de infraestructura del astillero español y su falta de experiencia previa en la construcción de buques OPV de este tipo. El informe añade que Cardama no entregó toda la información técnica necesaria a la Armada uruguaya y omitió realizar «ensayos técnicos» sobre la construcción ya iniciada, impidiendo una verificación independiente.

Recomendación urgente de renegociar

Ante este cúmulo de irregularidades y riesgos, el informe de la Armada Nacional formula una recomendación crucial al MDN. Propone buscar una «renegociación del contrato» de los buques OPV. Aclara que no sería en «aspectos económicos«, sino específicamente en «las etapas de los pagos» a partir del tercer hito de cada buque.

El objetivo explícito de esta renegociación es dotar al Ministerio de Defensa de mayor «capacidad de control y autorización» sobre el avance de los trabajos y los desembolsos futuros. Busca establecer salvaguardas financieras y técnicas más estrictas para proteger los intereses del Estado uruguayo en un proyecto marcado por incumplimientos y falta de transparencia.

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