Investigación

Prisión domiciliaria para la pareja de Pablo da Silveira por vinculación con caso Odebrecht

La jueza Penal de Crimen Organizado de 4° Turno, María Helena Mainard, ordenó la prisión domiciliaria por 60 días para la contadora Maya Cikurel Spiller -pareja del futuro ministro de Educación y Cultura Pablo da Silveira- plazo en el cual las autoridades panameñas podrán tramitar su extradición para ser juzgada por un presunto delito “contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales”.

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Maya Cikurel Spiller -pareja de Pablo da Silveira- fue detenida este jueves 20 de febrero en Colonia, en momentos que se aprestaba a viajar a Argentina junto al designado ministro de Educación y Cultura por el presidente electo Luis Lacalle Pou.

La orden de captura internacional, “lista roja”, contra Cikurel fue emitida por Interpol en 30 de abril 2019 por su presunta vinculación con varias compañías que recibieron transferencias de dinero de la empresa brasileña Odebrecht, a través de sociedades controladas por otras empresas.

Uno de los sobornos estaría dirigido al ex presidente panameño Ricardo Martinelli.

El pedido de captura de Interpol fue realizado desde Panamá por el delito de “acción contra el orden económico y blanqueo de capitales”, y cuya pena máxima es de 12 años de prisión.

De este modo, la Fiscalía de Panamá pretende determinar la eventual vinculación de Cikurel Spiller con “Arcadex Corporation”, una sociedad creada en Belice y por la que se sospecha que Odebrecht -a través de Uruguay- efectuaba el pago de sobornos a altos funcionarios del gobierno de Brasil y de la región, incluido el ex presidente de Panamá, Ricardo Martinelli.

Investigación en Uruguay

Por su parte, el fiscal del Crimen Organizado, Luis Pacheco, recordó que  Cikurel Spiller tiene una causa abierta en Uruguay por presunta asistencia al lavado de activos.

Subrayado indicó que en 2018, Suiza remitió a Uruguay un pedido de asistencia jurídica para que se la indagara por su supuesta vinculación con la empresa Odebrecht y soborno a los gobiernos de la región.

Si bien Suiza no solicitó la extradición, la Fiscalía uruguaya decidió iniciar la investigación correspondiente.

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