Gases, escudos y una denuncia: así terminó la sentada estudiantil en el Palacio Pizzurno

Una protesta pacífica que terminó a los gritos

“Somos estudiantes de la UBA y es una sentada pacífica.” Con esa consigna, cientos de jóvenes ingresaron al Palacio Pizzurno, en Buenos Aires, entre aplausos y algunos empujones con el puñado de efectivos de la Policía Federal que custodiaban la puerta. El objetivo era claro: exigir que se cumpla la Ley de Financiamiento Universitario y que se aumente la beca Progresar. La respuesta oficial, en cambio, llegó con gases lacrimógenos y escudos.

Lejos de obtener audiencia, la movilización derivó en un desalojo violento. Y como corolario, el Gobierno de Javier Milei anunció que llevará a los estudiantes ante la Justicia.

El portazo del secretario de Educación

Según relataron los propios estudiantes al diario Página/12, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, no los recibió ni les hizo llegar respuesta alguna a sus planteos. Peor aún: denunciaron que fue el propio funcionario quien convocó a los efectivos de la Policía Federal que terminaron dispersando por la fuerza una protesta que, hasta ese momento, se desarrollaba de manera pacífica dentro del edificio.

La sentada en la sede de la Secretaría de Educación se definió esa misma tarde, tras una primera concentración frente al Pizzurno. No fue un gesto improvisado, sino el disparador de una semana de acciones que se extenderá hasta el 15 de octubre.

Qué reclaman los universitarios

La bandera que agitan los estudiantes es la del hartazgo frente a lo que describen como una sucesión de maniobras del Gobierno nacional para esquivar una ley aprobada y ratificada por el Congreso, y luego avalada por los tribunales. Pero el pliego excede el financiamiento general y abarca reclamos que tocan la vida cotidiana de las aulas:

1. Aumento de las Becas Progresar.
2. Aplicación efectiva del boleto educativo.
3. Políticas integrales de salud mental.
4. Mayores partidas para residencias y comedores universitarios.

Quien condensó el malestar fue Valentina Bär Larralde, presidenta del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras de la UBA. “Nos cansamos de mendigar lo que nos corresponde. Ya marchamos, ya hicimos clases públicas, cortamos las calles, presentamos petitorios, el Congreso ya se posicionó y la justicia ya sentenció”, enumeró.

La dirigente lamentó que el Poder Ejecutivo no esté dispuesto a escuchar ni a la comunidad universitaria, ni al conjunto de la sociedad, ni al Poder Judicial. Y fue tajante: “Se nos acabó la paciencia. Y no nos vamos a ir de acá hasta que se comprometan a cumplir con los reclamos que les acercamos”.

Un fallo que incomoda al Gobierno

El trasfondo judicial resulta decisivo para entender la escalada. Este martes, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11, a cargo del juez Martín Cormick, declaró la inconstitucionalidad del decreto 759/2025, la herramienta con la que Milei se resiste a financiar la universidad pública alegando una supuesta falta de fuentes expresas de financiamiento asignadas por el Congreso.

En un fallo de cincuenta carillas, Cormick hizo lugar al amparo colectivo impulsado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). El magistrado remarcó que la propia Ley de Financiamiento Universitario, en su artículo 9.º, fija pautas concretas sobre cómo solventar lo que la norma establece. En otras palabras, el argumento oficial sobre la ausencia de recursos quedó desarmado por la vía legal.

Una semana caliente rumbo al 15 de octubre

La sentada reprimida es apenas el primer eslabón de un calendario de protestas que desembocará en la quinta Marcha Federal Universitaria, prevista para el 15 de octubre.

Esa jornada coincidirá con una sesión especial convocada por la oposición, que también abordará la Emergencia en Discapacidad y la derogación del DNU 70/2023, que incluye la Ley de Tierras. La confluencia de reclamos anticipa un escenario de alta temperatura política.

La contraofensiva oficial: denuncia y represión defendida

Tras el desalojo, el Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, anunció que presentará una denuncia judicial por la toma de la Secretaría de Educación. La cartera sostuvo que se trató de “una ocupación violenta del edificio” y afirmó que se registraron daños al patrimonio público.

Mediante un comunicado, el ministerio informó que pedirá la intervención de la Justicia para investigar lo ocurrido, evaluar los supuestos perjuicios y determinar responsabilidades.

En cuanto al operativo policial, defendió el accionar y señaló que la recuperación de las instalaciones fue posible “mediante un operativo coordinado con el Ministerio de Seguridad Nacional, conducido por la ministra Alejandra Monteoliva y la Policía Federal Argentina”.

“Desde el Ministerio de Capital Humano reafirmamos que el diálogo y el respeto por las instituciones son los mecanismos para canalizar cualquier reclamo. No queremos volver a una Argentina donde la violencia, la intimidación, la destrucción del patrimonio público y la ocupación de edificios públicos sean utilizadas como métodos de protesta”, expresó la cartera.

Y cerró: “el derecho a manifestarse debe ejercerse siempre dentro del marco de la ley y con respeto por las instituciones democráticas”.

El cuadro final deja un contraste difícil de disimular: mientras la Justicia obliga al Ejecutivo a cumplir con la ley universitaria, el Gobierno responde a los estudiantes con gases y tribunales. Con la Marcha Federal asomando en el horizonte, el conflicto por la universidad pública argentina está lejos de apagarse.