Evento religioso “Parlamento y Fe” busca insertar a la religión en el Estado laico uruguayo
La organización declara que busca acercar a Jesucristo a políticos y gobernantes. Su encuentro en espacios públicos enfrentó a quienes reivindican el aporte de las religiones con quienes cuestionan el respaldo estatal a una misión confesional. Algunos parlamentarios decidieron participar del encuentro, mientras que otros criticaron la violación de la laicidad del Estado.
El encuentro Uruguay Dialoga, organizado por Parlamento y Fe este 9 de octubre, abrió una controversia sobre los límites entre la libertad religiosa y la laicidad del Estado. Las actividades en la Torre de las Telecomunicaciones y el Palacio Legislativo generaron posiciones enfrentadas entre dirigentes políticos, incluidos representantes de distintos sectores del Frente Amplio.
Entre los participantes anunciados figuraban Rodrigo Goñi, Gerardo Amarilla, Lorena Quintana, Miguel Pastorino, el rabino Daniel Dolinsky, entre otros, así como varios políticos argentinos. La convocatoria combinó asuntos como vulnerabilidad social, salud mental y transparencia con reflexiones sobre espiritualidad y liderazgo.
Una organización con una misión religiosa explícita
Fundada en Buenos Aires en 2008, Parlamento y Fe Internacional declara en su sitio institucional que pretende acercar las enseñanzas evangélicas a quienes ocupan posiciones de poder. Su misión comprende generar espacios de reflexión espiritual dentro de organismos legislativos, judiciales y gubernamentales.
La organización se presenta como el “brazo evangelizador de la Iglesia hacia la clase política”. También explica que busca alcanzar a secretarios, consejeros y asesores. Por tanto, su finalidad confesional surge de su propia definición institucional, aunque sus encuentros puedan incluir debates sobre problemas sociales y políticas públicas.
Ese objetivo permite identificar una estrategia de influencia religiosa sobre quienes toman decisiones. Sin embargo, no demuestra por sí mismo la existencia de un programa específico para modificar determinadas leyes uruguayas: esa afirmación requeriría propuestas o actuaciones concretas que la respaldaran.
Goñi y Dastugue reivindican el encuentro
El presidente de la Cámara de Representantes, Rodrigo Goñi, defendió una relación entre las convicciones religiosas y la actividad pública que, según planteó, debe preservar sus diferencias sin desconocer sus vínculos.
“En la apertura del encuentro ‘Parlamento y Fe’ asumimos el desafío de conjugar dos dimensiones que no debemos confundir, pero tampoco separar”, expresó. Agregó: “La fe no debe ponerse al servicio de la política, pero tampoco podemos desconocer el aporte de las tradiciones religiosas a la construcción de una sociedad mejor”.
El diputado nacionalista Álvaro Dastugue, quien se identifica como cristiano evangélico, destacó la participación de actores políticos, religiosos y sociales. Describió Uruguay Dialoga como un espacio de encuentro y reflexión destinado a “promover el diálogo, el respeto y la construcción de una sociedad mejor”.
Pasquet cuestiona la referencia al Parlamento
El exlegislador colorado Ope Pasquet sostuvo que debe distinguirse la religiosidad personal de los representantes de la identidad institucional del Poder Legislativo.
“El Parlamento es una institución del Estado uruguayo, que es laico”, afirmó. Desde esa premisa, argumentó que el Estado “no puede imponerla, no puede prohibirla, no puede incentivarla ni desincentivarla”, en referencia a la fe, y que debe abstenerse de intervenir en cuestiones religiosas.
Pasquet consideró “equivocada e improcedente” la utilización del órgano público para aludir a las creencias de sus integrantes. También vinculó la controversia con el entusiasmo de algunos dirigentes ante la anunciada visita papal, que, a su juicio, produce confusiones conceptuales.
Amado denuncia una estrategia de evangelización
El diputado frenteamplista Fernando Amado centró su cuestionamiento en los objetivos declarados por la organización. “No vienen solamente a dialogar con la política, vienen a evangelizarla”, sostuvo.
Para Amado, la intención de llevar enseñanzas religiosas a gobernantes impide presentar la iniciativa como un encuentro institucional neutral. Reconoció el derecho de la organización a desarrollar sus actividades, pero rechazó que lo haga con apoyo y auspicio del Estado y del Parlamento.
“Están violando la laicidad y lo hacen sin vergüenza”, concluyó. Esa expresión constituye una acusación política; no debe confundirse con una resolución judicial que haya determinado la inconstitucionalidad del encuentro.
La crítica de Posada y una distinción necesaria
También cuestionó la actividad Luciano Posada, reconocido criminalista, científico forense y perito judicial. Su intervención corresponde a una voz crítica del debate público, sin que la información aportada permita identificarlo como dirigente político.
Posada sostuvo que hablar de fe en el Parlamento “raya lo ilegal” y contrapuso el dogma religioso con el pensamiento. Sin embargo, la condición de legislador no impide tener creencias: el problema constitucional debe examinarse en la actuación del Estado y en el respaldo institucional a una confesión.
Qué establece la Constitución uruguaya
El artículo 5 dispone: “Todos los cultos religiosos son libres en el Uruguay. El Estado no sostiene religión alguna”. Ambas disposiciones deben leerse juntas: protegen la libertad de las personas y establecen la independencia confesional del Estado.
Por eso, realizar un encuentro religioso en Uruguay no constituye automáticamente una vulneración de la laicidad. La discusión se concentra en si las instituciones públicas ofrecen recursos, legitimidad o condiciones privilegiadas para desarrollar una misión evangelizadora.
La presencia de dirigentes de varios partidos tampoco resuelve ese interrogante. La diversidad partidaria y la neutralidad religiosa son cuestiones diferentes.
Para evaluar el alcance del conflicto falta esclarecer quién autorizó los espacios, bajo qué condiciones, qué recursos públicos se utilizaron y qué carácter tuvo el respaldo institucional. La controversia exige responder esas preguntas: el derecho a profesar una religión convive con la obligación estatal de no promoverla.
Compartí tu opinión con toda la comunidad