Nacionalidad uruguaya: el proyecto del Gobierno expone xenofobia y doble vara hacia los inmigrantes

El anuncio del Gobierno para reconocer la nacionalidad uruguaya de los ciudadanos legales abrió una controversia que combina objeciones constitucionales con expresiones de rechazo a los inmigrantes. En conversaciones públicas de Reddit, Instagram, X y Facebook aparecen descalificaciones a cubanos y venezolanos, preferencias explícitas por europeos y acusaciones de manipulación electoral sin pruebas aportadas.

¿Prefieren los uruguayos inmigrantes europeos blancos por encima de los latinoamericanos? Parece haber una proporción no menor de la ciudadía que respondería que sí a esta incendiaria pregunta. SIn embargo, estos mensajes permiten documentar xenofobia y una jerarquización cultural por procedencia, al mismo tiempo que no existe un relevamiento que demuestre una nueva ola nacional de racismo.

Tampoco corresponde trasladar las opiniones de cuentas particulares al conjunto de la sociedad uruguaya o atribuirles una afiliación partidaria no verificada.

Qué anunció el Gobierno sobre los ciudadanos legales

El prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, presentó la iniciativa el viernes 9 de octubre de 2026. Según la comunicación oficial, el Ejecutivo prevé firmarla en el Consejo de Ministros del lunes 12 y enviarla después al Parlamento.

La propuesta surge de reclamos por dificultades de nacionalidad y documentación, especialmente vinculadas con los pasaportes. El Ejecutivo consultó a Rúben Correa Freitas y Martín Risso para elaborar una solución interpretativa. “Para nosotros, es un tema de derechos humanos”, declaró Díaz, de acuerdo con Presidencia.

La doble vara: aceptación europea y rechazo latinoamericano

Un intercambio en la comunidad r/Burises muestra esa selección por origen. La cuenta drMengueche6969 describió al inmigrante “ruso/europeo” como portador de una “cultura compatible”, mientras atribuyó a venezolanos y cubanos una “cultura de mierda y falta de comportamiento”. Son expresiones textuales del comentario consultado que siguió con un largo intercambio de insultos y diatribas a los inmigrantes no blancos.

Este tipo de intercambios presentan al europeo como aceptable y al latinoamericano como problemático por pertenecer a determinadas nacionalidades. Esa generalización constituye una expresión xenófoba y de superioridad cultural europeísta. No alcanza, por sí sola, para demostrar una organización supremacista. En el mismo intercambio también aparecen respuestas de solidaridad y rechazo a los prejuicios.

Pasaportes, privilegios y acusaciones electorales

En el post de Reddit r/monte_video, otra cuenta sostuvo que quienes defienden la iniciativa buscan “importar votos” y afirmó: “Los de derecha tenemos un segundo pasaporte que vale más, así que no nos toca”. El comentario no identifica ese segundo documento ni aporta pruebas de la supuesta maniobra electoral.

La acusación omite que la ciudadanía legal ya contempla derechos políticos. El artículo 75 establece requisitos de buena conducta, residencia y medios de vida, y dispone para los casos ordinarios una espera de tres años desde el otorgamiento de la carta para ejercer los derechos inherentes a esa ciudadanía.

Por eso, reconocer la nacionalidad a quienes ya obtuvieron la ciudadanía legal no equivale, por sí mismo, a crear un electorado nuevo. Confundir ambos procesos desplaza la discusión desde los problemas documentales hacia una sospecha sobre personas que ya atravesaron un procedimiento legal para acceder a la ciudadanía.

Las objeciones constitucionales tienen un debate propio

El diputado del Partido Nacional Juan Martín Rodríguez adelantó su oposición por razones de constitucionalidad. Según Telenoche, considera que nacionalidad y ciudadanía tienen significados distintos en la Constitución. También cuestionó la influencia de actores vinculados al reclamo y acusó al Ejecutivo de ceder ante supuestos poderes “lobbistas”.

Las declaraciones revisadas no contienen una afirmación de superioridad racial o europea. Clasificarlas automáticamente como racistas impediría distinguir una controversia jurídica de los mensajes que descalifican colectivamente a personas por su procedencia. Esa diferencia resulta necesaria para evaluar cada intervención según su contenido y la evidencia disponible.

El artículo 81 distingue nacionalidad y ciudadanía legal respecto de su conservación o pérdida. Por otra parte, el artículo 85 atribuye a la Asamblea General la facultad de interpretar la Constitución, sin perjuicio del control de la Suprema Corte. El Parlamento deberá discutir si la solución propuesta interpreta el texto o excede esa competencia.

El presidente de Cubanos Libres en Uruguay, Luis Estrada, también se mostró en contra del proyecto, a pesar de ser cubano nacionalizado uruguayo. Como cubano nacionalizado uruguayo, con poder al voto y respetando la constitución. No estoy de acuerdo con el proyecto de ley del Frente Amplio y del PIT-CNT. Les van a joder la vida a todos los uruguayos. Van a convertirse completamente en la Venezuela chavista”, expresó en X.

Carlos Julio Pereyra, tuitero y militante del Partido Colorado, tampoco se guardó su opinión: “Insisten con cambiarnos el ius soli a quienes nacimos en esta tierra. Yo no quiero que en un país extranjero, cuando miren mi pasaporte, duden de dónde nací. Tampoco quiero que algún terrorista islámico inmigrante en Uruguay tenga el derecho a tramitar la nacionalidad uruguaya, y luego camuflarse con nosotros, con quienes nacimos acá en esta tierra”.

Según él, no hay que aceptar en la ciudadanía ”a quienes culturalmente no nos aceptan”, sin precisar exactamente cuáles serían, a su entender, los parámetros que determinarían la inelegibilidad.

Qué muestran los antecedentes sobre inmigración

Una publicación de Equipos Consultores del 9 de julio de 2026 informó que el 42% de la población consideraba perjudicial la llegada de inmigrantes, mientras el 37% la entendía beneficiosa. Las opiniones más críticas predominaban entre personas de mayor edad, menor nivel educativo y residentes del interior.

El resultado describe una sociedad dividida ante la inmigración. No permite identificar automáticamente como racistas a quienes expresan una evaluación negativa y tampoco mide las reacciones al anuncio de octubre. Utilizarlo como prueba de un aumento reciente de la xenofobia supondría atribuirle una conclusión que ese relevamiento no establece.

La discusión sobre los ciudadanos legales deja una pregunta concreta: si una persona cumple los requisitos para obtener la ciudadanía, ¿qué justifica tratar su pertenencia como inferior por su lugar de nacimiento? Los mensajes documentados muestran que, para algunos participantes, la aceptación depende del origen europeo o latinoamericano, antes que de la conducta individual.