Gobierno impulsará una ley para reconocer la nacionalidad uruguaya de los ciudadanos legales

El Gobierno anunció que enviará al Parlamento un proyecto de ley interpretativa de la Constitución para reconocer como nacionales uruguayos a quienes obtuvieron la ciudadanía legal. La iniciativa apunta a resolver un reclamo de personas nacidas en el extranjero que, pese a ser ciudadanos uruguayos, enfrentan dificultades por la falta de reconocimiento de su nacionalidad.

El prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, presentó la propuesta este viernes 9 de octubre de 2026 en la Torre Ejecutiva. Según adelantó, el texto será firmado en el Consejo de Ministros del lunes 12 de octubre y posteriormente remitido al Poder Legislativo. Su aprobación todavía está pendiente.

Qué cambiaría para los ciudadanos legales

La propuesta busca establecer que los ciudadanos naturales y los ciudadanos legales son nacionales uruguayos. El problema que procura resolver surge de la interpretación que distingue el acceso a la ciudadanía legal del reconocimiento de la nacionalidad, una diferencia que tiene consecuencias prácticas, especialmente en la documentación utilizada para viajar al exterior.

El planteo llegó al Ejecutivo mediante un derecho de petición presentado por organizaciones sociales. Para estudiar una respuesta, el Gobierno consultó a los constitucionalistas Ruben Correa Freitas y Martín Risso, quienes recomendaron elaborar una ley interpretativa que reconozca la nacionalidad uruguaya a ambas categorías de ciudadanos.

“Para nosotros, es un tema de derechos humanos”, sostuvo Díaz, según informó Presidencia. El jerarca vinculó la propuesta con la necesidad de ofrecer una respuesta estatal a personas que ya adquirieron la ciudadanía legal, pero siguen encontrando obstáculos derivados de la interpretación aplicada a su condición jurídica.

Ciudadanía legal y nacionalidad: dónde está el problema

La Constitución uruguaya distingue dos categorías de ciudadanos. El artículo 74 regula la ciudadanía natural, que comprende a las personas nacidas en Uruguay y también contempla a hijos de padre o madre orientales nacidos en el extranjero, bajo las condiciones que establece ese artículo.

El artículo 75, por su parte, reconoce el derecho a la ciudadanía legal de extranjeros que cumplen determinados requisitos. Entre ellos figuran la buena conducta, la residencia habitual y condiciones relacionadas con su actividad o medios de vida. Prevé tres años de residencia para quienes tienen familia constituida en Uruguay y cinco para quienes no la tienen.

La controversia aparece cuando esa ciudadanía legal no se traduce en un reconocimiento como nacional uruguayo. El Ejecutivo pretende resolverla por vía legislativa, mediante una interpretación constitucional. Esa decisión mantendría las categorías de ciudadano natural y legal, aunque reconocería la nacionalidad uruguaya a ambas.

El proyecto también contempla a menores de edad

Según explicó Díaz, el artículo 2 de la propuesta habilitaría a menores de edad a acceder a la Carta de Ciudadanía por intermedio de sus representantes legales. Al alcanzar la mayoría de edad, deberían ratificarla. Las condiciones específicas de ese mecanismo deberán examinarse cuando se conozca el articulado completo.

El prosecretario también advirtió sobre situaciones de personas cuyos países de origen no admiten la doble nacionalidad. Según su explicación, la pérdida de la nacionalidad anterior, sumada a la falta de reconocimiento como nacionales uruguayos, puede dejarlas prácticamente en situación de apatridia. Ese fue otro de los argumentos presentados para justificar la iniciativa.

Qué relación tiene con los pasaportes uruguayos

Los pasaportes de los ciudadanos legales están en el centro del reclamo, aunque Díaz aclaró que la propuesta no regula directamente ese documento. El objetivo es modificar la interpretación sobre la nacionalidad y que ese reconocimiento tenga consecuencias posteriores en la documentación que expide el Estado uruguayo.

El antecedente más reciente se produjo en 2025. En abril, el Ministerio del Interior anunció cambios que incorporaron el campo de nacionalidad y ciudadanía, con el código URY para ciudadanos naturales y legales, y eliminaron el lugar de nacimiento. En julio, Interior y Cancillería comunicaron el retorno al modelo anterior mientras continuaban las consultas.

El reconocimiento legal de la nacionalidad sería un avance sobre el fundamento jurídico del problema. Sin embargo, su aplicación documental y las condiciones de aceptación internacional deberán abordarse conforme a las normas correspondientes. El anuncio de este viernes todavía no supone un cambio inmediato en los pasaportes vigentes.

Juan Martín Rodríguez adelantó su oposición

La propuesta ya encontró una primera objeción. Según publicó El Observador, el diputado del Partido Nacional Juan Martín Rodríguez anunció que esperará leer el proyecto, pero adelantó una postura contraria por razones de constitucionalidad. Su argumento se apoya en la distinción entre nacionalidad y ciudadanía legal que contiene la Carta Magna.

Rodríguez señaló particularmente el artículo 81, que establece que la nacionalidad no se pierde por naturalizarse en otro país, mientras que la ciudadanía legal se pierde por otra naturalización posterior. A su entender, esas consecuencias diferentes impiden equiparar ambos conceptos mediante una ley.

La posición del diputado no permite dar por definida la postura de todo el Partido Nacional. Díaz, por su parte, expresó su expectativa de conseguir respaldo entre los distintos partidos. El debate parlamentario deberá determinar si la solución propuesta constituye una interpretación admisible de la Constitución.

Cuándo llegará al Parlamento y qué falta conocer

El paso anunciado es la firma del proyecto el lunes 12 de octubre, seguida de su remisión al Parlamento. Después deberán desarrollarse el estudio legislativo y las votaciones correspondientes. No se anunció una fecha de aprobación ni puede afirmarse que el reconocimiento de la nacionalidad ya esté vigente.

También deberá precisarse el alcance del articulado para los menores y su aplicación administrativa. El reconocimiento como nacionales no eliminaría todas las diferencias constitucionales: Díaz recordó que determinados cargos, como la Presidencia de la República, requieren ciudadanía natural. La propuesta busca resolver el reconocimiento de la nacionalidad dentro de ese marco.