ONU alerta de abusos cometidos por el ejército y la policía en Colombia

La Alta Comisionada de la ONu para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó este miércoles un informe en el cual alerta sobre homicidios y otros busos cometidos por miembros del ejército y la policía de Colombia, desde que se firmó el acuerdo de paz.

En su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el país sudamericano, Bachelet aseguró que  «se documentaron 15 casos de presuntas privaciones arbitrarias al derecho a la vida en 2019″ a manos de la fuerza pública.

«Esta cifra es la más alta registrada por esta oficina desde 2016″, dijo Alberto Brunori, representante para Colombia de la oficina de Bachelet.

En 2019 se firmó el acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que condujo al desarme de este grupo paramilitar y les otorgó la posibilidad de convertirse en un partido político. El acuerdo puso fin a más de medio siglo de sangrientos enfrentamientos.

Violaciones a los derechos humanos

El informe reportó que más de 100 defensores de los derechos humanos y 66 de los derechos de los aborígenes fueron asesinados en el país solo en 2019, y que todos los asesinatos están conectados con la labor que realizaban estos.

El organismo también registró 36 masacres, la cifra más alta desde 2014, y que se da en medio de una tasa nacional de homicidios de 25 por cada 100.000 habitantes.

Antes de la firma del acuerdo de paz, las fuerzas militares enfrentaron un escándalo por las ejecuciones extrajudiciales de 2.248 civiles en años de conflicto: el 59% de esas muertes se produjo entre 2006 y 2008 mientras gobernaba el presidente Álvaro Uribe.

Según el texto, en el centro del problema están los grupos del crimen organizado como el llamado Clan del Golfo (disidentes del paramilitarismo que rechazan el acuerdo de paz), los Caparrapos y La Mafia, que emplean violencia extrema en sus disputas por territorios para la realización de negocios ilícitos.

Se alerta también del incremento del empleo de personas menores de edad por parte de los grupos criminales así como el reclutamiento forzado por parte del Ejército de Liberación Nacional.

Por último, Brunori reportó «tres casos de violencia sexual perpetrados presuntamente por miembros del ejército» el año pasado y una operación militar llevada a cabo el 8 de abril de 2019, donde el ejército actuó en conjunto con grupos armados ilegales.

«Miembros de un grupo criminal y de otros grupos violentos participaron en una operación militar oficial, portando armas y realizando acciones que son prerrogativa de las autoridades del Estado, tales como allanamientos, incautaciones y detención de personas», declaró el vocero.