Organizaciones ambientalistas rechazan permiso otorgado para prospección sísmica en Uruguay

El Ministerio de Ambiente autorizó mediante resoluciones la fase previa de prospecciones sísmicas a cuatro firmas en la plataforma marítima nacional. Las empresas Searcher Geodata, CGG Services, APA Exploration y PGS podrán realizar estudios para identificar potenciales reservorios de hidrocarburos, con el objetivo comercial de vender dicha información a compañías petroleras. Las actividades se enmarcan en la búsqueda de recursos fósiles en el lecho marino.

Las autorizaciones ambientales previas fueron formalizadas y difundidas el pasado lunes, tras un proceso administrativo que evaluó los proyectos presentados. La cartera ministerial estableció que los trabajos se desarrollarán en los bloques offshore 1 y 4, localizados entre 150 y 300 kilómetros de la costa. La profundidad de las operaciones oscilará entre los 50 y los 5.000 metros, abarcando una extensa zona marina.

El área designada para los estudios incluye sectores que se solapan con dos regiones catalogadas como prioritarias para la conservación marina: el talud continental y una zona de cría permanente de merluza. Como parte de los condicionamientos, el ministerio prohibió la activación de fuentes de sonido sísmico si se detectan cetáceos, tortugas o pinnípedos en un radio de 1.000 metros. No obstante, esta medida no ha mitigado la preocupación de diversos colectivos.

Autorizaciones ambientales previas y el repudio generalizado

Diversas organizaciones de la sociedad civil han emitido comunicados expresando su rechazo a la decisión gubernamental. La Asamblea por un Mar Libre de Petroleras y la Sociedad para la Conservación de la Biodiversidad de Maldonado (Socobioma) manifestaron, en una misiva conjunta, ver con “mucha tristeza y preocupación” la decisión del Ministerio de Ambiente. Ambos grupos recordaron la existencia de una medida cautelar judicial pendiente de resolución.

En su comunicado, las organizaciones argumentan que “las medidas de mitigación y las restricciones que teóricamente se les impondrán a las empresas resultan, además de insuficientes, extremadamente difíciles de implementar y de controlar”. Asimismo, afirman que el proceso de audiencias públicas fue un “simulacro de democracia”, donde no se consideró la voz ciudadana. El movimiento convoca a una manifestación para el 15 de diciembre frente al Ministerio de Ambiente.

La Red Unión de la Costa, en un documento separado, expresa su “rechazo categórico” a las autorizaciones. Señala que, aunque los plazos reglamentarios y consultas interinstitucionales se cumplieron, la participación ciudadana fue tratada como un mero trámite. La red afirma que no hay evidencia de que los aportes de colectivos científicos y costeros hayan sido valorados o incorporados en el análisis final.

Áreas de conservación marina superpuestas

La organización sostiene que esta práctica “vacía de contenido las obligaciones del Estado bajo el Acuerdo de Escazú”, el cual exige una participación significativa con capacidad de influencia. “Cumplir con el trámite sin asegurar su incidencia no es participación, es apenas un formalismo administrativo contrario al espíritu y la letra del acuerdo”, indica el texto. Califican la decisión como especialmente grave para un gobierno que se presenta como progresista.

La Red Unión de la Costa lamenta que Uruguay, teniendo una matriz energética renovable reconocida a nivel internacional, tome una dirección que “reinstala la lógica fósil”. Consideran que autorizar la exploración offshore contradice las políticas nacionales de transición energética y los compromisos climáticos globales, colocando al país en una posición de incoherencia con sus propios logros.

El colectivo insiste en que una transición justa no puede construirse “abriendo el camino al extractivismo offshore, con impactos irreversibles sobre la biodiversidad”. Mencionan específicamente la preocupación por la falta de información robusta sobre la mitigación de daños en organismos bentónicos, base de la cadena trófica marina. La protección de los ecosistemas y las comunidades costeras, sostienen, no es negociable.