Pese a impacto ambiental, se construirá en Paysandú la planta de “hidrógeno verde”
HIF reconoce la posible percepción social negativa y los impactos en el paisaje, pero prioriza los beneficios económicos.
La construcción de la planta de hidrógeno verde en el departamento de Paysandú iniciará sus obras en el segundo semestre de 2026. El cronograma establece que la etapa de construcción tendrá una duración total de cuatro años. Durante la fase de desarrollo, el proyecto generará un promedio de 1.375 puestos de trabajo, con un pico máximo de 3.200 personas contratadas en el momento de mayor actividad constructiva. Una vez que la planta entre en su fase operativa, se estima la creación de 600 empleos permanentes, distribuidos equitativamente entre 300 puestos directos y 300 indirectos.
La inversión total comprometida para el emprendimiento asciende a 6.000 millones de dólares, según confirmaciones oficiales de la empresa HIF. De este monto, 4.000 millones de dólares serán destinados específicamente a la planta de producción de e-combustibles. Los 2.000 millones de dólares restantes se asignarán a la construcción de los parques de energías renovables necesarios para alimentar el proceso de electrólisis. La autorización ambiental para estos parques eólicos y solares se gestiona mediante trámites separados del proyecto principal.
El proyecto integra la generación de electricidad a partir de fuentes renovables y la transmisión de esta energía hasta la planta de e-Combustibles. La infraestructura para la generación incluye el Parque Solar Fotovoltaico Lucía, ubicado al norte de la localidad de El Eucalipto, con una capacidad de generación pico de 1.162 MWp. Complementariamente, el Parque Eólico Elenam se situará en la zona de Cuchilla de Fuego, al sureste de El Eucalipto, con una capacidad instalada de 1.137,6 MWp.
La cuestionada viabilidad ambiental
El Ministerio de Ambiente, bajo la dirección de Edgardo Ortuño, hizo pública la comunicación de la viabilidad ambiental de localización (VAL) para el proyecto de la empresa HIF. Este anuncio tuvo como objetivo recibir comentarios, cuestionamientos y sugerencias de la ciudadanía. Este paso se produjo después de que los servicios técnicos de la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (Dinacea) concordaran en asignarle la clasificación C, la más alta en la escala de impacto, por tratarse de un emprendimiento cuya ejecución puede producir “impactos ambientales negativos significativos”.
Esta categorización conlleva la obligatoriedad de que la iniciativa realice un “estudio de impacto ambiental completo”. El requisito se mantiene a pesar de que el proyecto ya tiene previstas una serie de medidas de mitigación. La exigencia regulatoria también incluye de forma ineludible la realización de una audiencia pública, donde la comunidad y las organizaciones interesadas podrán expresar sus posiciones. El documento entregado por la empresa, que consta de 372 páginas, detalla los impactos posibles y brinda información actualizada sobre el proyecto.
Fernanda Cardona, ministra de industria, energía y minería, señaló que los distintos ministerios están coordinando acciones vinculadas a la planta. Agregó que cuando asumió el gobierno actual, el proyecto no había sido viable porque no se llegó a un acuerdo con el Poder Ejecutivo anterior y era un proyecto de escritorio al que le faltaban resolver varias cuestiones «cuando este gobierno asume, agarra esa realidad, que era un proyecto de escritorio y le dice a la empresa tenemos que reformular algunas cuestiones, porque este gobierno tiene el triple impacto, va a mirar la parte ambiental, va a mirar la parte económica, y también la social, determinando las variables que no están acá».
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El ecosistema que será alterado por la planta de hidrógeno
Aunque los predios de HIF abarcan una extensión total de 440 hectáreas, el desarrollo industrial afectará directamente un área de aproximadamente 180 hectáreas, concentradas en el sector noreste del terreno. Uno de los impactos más notorios es la deforestación de 33 hectáreas de monte nativo, una cifra que fue reducida desde el plan original, que contemplaba la tala de 110 hectáreas. La empresa se ha comprometido a ejecutar acciones específicas de compensación por esta intervención.
“Se dispondrá luego de la obra y el levantamiento de la infraestructura temporal, de los planes de restauración del área, que atenderán a la recomposición de la zona del bosque ribereño y bosque parque impactado”, indica el informe. Entre los impactos negativos significativos detallados, se encuentra el intenso tránsito de camones pesados durante la fase de construcción. Adicionalmente, se requerirá habilitar un acceso fluvial, lo que implicará “intervenciones en un tramo del canal de navegación y ribera del río, así como en el propio terreno” para facilitar la descarga de los grandes módulos de la planta.
El proyecto también realizará intervenciones en un área definida como zona de protección ambiental en la recategorización de suelos, la cual funciona como una servidumbre ecológica debido a la presencia de ecosistemas identificados como “relevantes para la conservación de la biodiversidad, la ribera del río Uruguay y los ecosistemas presentes de monte ribereño y monte parque”. Estas obras se ubicarán en los límites de una zona recientemente incorporada al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP): las Islas del Queguay y su entorno acuático directo.
Percepción social y uso intensivo de recursos
En su informe, HIF reconoce de manera explícita que la obra y las actividades vinculadas al proyecto podrán ser motivo de “percepción social negativa por parte de la población presente en el área de influencia”. Esta percepción se atribuye principalmente a los cambios en el paisaje y la alteración visual del entorno natural. El documento señala que “a priori, no se identifica rechazo social a este tipo de emprendimiento”, a pesar de reconocer la existencia de resistencias en la ciudadanía.
Ante este escenario, la empresa espera que la comunidad se muestre receptiva frente a los supuestos “beneficios” que el proyecto puede ofrecer en materia de desarrollo económico, empleo, capacitación y tecnificación, entre otros. No obstante, el documento reconoce que a nivel general es posible identificar inquietudes fundadas acerca de los usos del suelo, la alta demanda de agua, el potencial de contaminación del agua por vertidos industriales y los aspectos de seguridad relacionados con el almacenamiento, manipulación y transporte de hidrógeno.
Adicionalmente, debido a la ubicación y visibilidad desde la costa argentina –particularmente desde la ciudad de Colón–, se ha manifestado cierta controversia ligada a su localización, enfocada en los cambios paisajísticos y los riesgos de contaminación transfronterizos. Entre las razones técnicas para mantener la ubicación elegida, se destaca la cercanía a la planta de ALUR, situada a aproximadamente 6 kilómetros lineales, desde donde se capturará el CO₂ biogénico.
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