Marset renunció al juicio rápido en Virginia y EE.UU. anticipa más cargos por narcotráfico

Sebastián Marset, el narcotraficante uruguayo de 34 años, compareció ante el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Este de Virginia. Durante esa sesión, tanto los fiscales estadounidenses como su equipo de defensa formalizaron la renuncia al derecho a un juicio rápido. El gobierno de Estados Unidos anticipó que es “probable” la presentación de más cargos en su contra.

Marset arribó al juzgado con el cabello y la barba ligeramente más largos. Estrechó las manos de sus abogados Michael Padula, Rodrigo Santos y Gene Rossi, quienes viajaron desde Miami. La audiencia de lectura de cargos se desarrolló con rapidez. El acusado firmó un documento donde dejó constancia de la renuncia al juicio rápido garantizado por ley.

El juez Rossie D. Alston Jr. se dirigió a Marset, quien vestía un mono de prisión de color verde oscuro y championes blancos. Le informó que, de ser hallado culpable por conspiración para cometer lavado de dinero, la pena máxima alcanza los 20 años de prisión en Estados Unidos, seguidos de tres años de libertad supervisada. Además, podría recibir una multa no inferior a los 500,000 dólares.

Marset renunció al juicio rápido y negó los cargos

El fiscal Anthony T. Aminoff, jefe de la unidad de narcóticos y lavado de dinero de ese distrito, comunicó al magistrado que ambas partes acordaron postergar una audiencia de estado del caso hasta el 20 de mayo. En ese tipo de comparecencias, la fiscalía y la defensa informan al juez sobre los avances mientras la causa se prepara para un eventual juicio, especialmente, ahora que Marset negó los cargos en su contra.

Aminoff justificó la necesidad del tiempo adicional para continuar las negociaciones. Señaló que es “probable” la presentación de una acusación sustitutiva (denominada en inglés “superseding indictment”). Este tipo de documento jurídico amplía la acusación original y, por lo general, suma nuevos cargos o aumenta la gravedad de los existentes.

El anuncio resulta relevante porque implica que Marset podría enfrentar penas más severas que las contempladas actualmente. Hasta ahora, la acusación se centra en lavado de dinero por mover fondos a través de bancos estadounidenses. El texto de la acusación menciona reiteradamente la actividad de narcotráfico, pero no lo acusa formalmente de ese delito.

Se había ofrecido una recompensa de US$2 millones

El uruguayo fue arrestado el 13 de marzo en el sur de Bolivia durante una redada sorpresa realizada de madrugada. Su extradición hacia Estados Unidos se concretó en un plazo sumamente corto. La primera audiencia formal de Marset en territorio estadounidense ocurrió el 20 de marzo.

Las autoridades estadounidenses lo describen como uno de los barones de la droga más poderosos del Cono Sur de América del Sur. Por su captura, el gobierno de Estados Unidos había ofrecido una recompensa de 2 millones de dólares. La DEA (Administración de Control de Drogas) difundió información sobre la recompensa a través del Departamento de Estado.

En Paraguay, Marset enfrenta cargos por narcotráfico internacional, asociación criminal y lavado de dinero. La policía uruguaya lo ha vinculado con empresas criminales, entre ellas el intento de asesinato de la fiscal general Mónica Ferrero. Sin embargo, hasta el momento las autoridades de Uruguay no han presentado cargos formales contra él por ese hecho.

Organización de Marset movía cocaína a Europa

En el escrito de acusación presentado por los fiscales federales en Virginia, se alega que Marset dirigía una organización de narcóticos. Dicha organización movilizaba “miles de kilogramos de cocaína, incluyendo hasta 10 toneladas a la vez, desde América del Sur, típicamente a Europa”. La Oficina del Fiscal de EE.UU. enumeró varios países como destinos o puntos de tránsito de la actividad de tráfico.

Entre los países mencionados figuran Bolivia, Paraguay, Uruguay, Brasil, Bélgica, los Países Bajos y Portugal. La red de distribución abarcaba tanto naciones sudamericanas como europeas. La magnitud de las cantidades señaladas en la acusación refleja la escala de las operaciones atribuidas al uruguayo.

El arresto y la posterior extradición de este narcotraficante de alto perfil se produjeron tras una renovada cooperación regional antinarcóticos. Esa cooperación se intensificó solo meses después de que la DEA reanudara sus operaciones en Bolivia, luego de una ausencia de 17 años. La operación de captura ocurrió tras la participación de Bolivia en una cumbre antinarcóticos convocada el 7 de marzo por la administración del presidente de EE.UU., Donald Trump.