Familia Astori denunciará a periodista con condenas por difamación y violencia de género

La muerte de Danilo Astori, exministro de Economía y figura central del Frente Amplio durante décadas, no cerró el ciclo de exposición pública de su nombre. Una publicación difundida desde el sitio «El Informante» afirmó, sin respaldo documental alguno, que el exjerarca habría tenido vinculación con un prostíbulo a través de un supuesto testaferro. La información no fue acompañada de ninguna prueba verificable. El entorno familiar del fallecido exministro evalúa, según reveló el periodista Diego Martini en redes sociales, la presentación de una denuncia penal por el contenido difundido.

El señalamiento recae sobre el abogado Fabrizio Bacigalupo, identificado como responsable detrás de ese sitio. Martini, que en el pasado también lo acusó públicamente de haberlo vinculado de manera falsa a un presunto ataque contra una menor, volvió a nombrarlo en este episodio. La aparición de Bacigalupo en este nuevo caso no constituye una novedad dentro del ecosistema de la información digital uruguaya: su nombre figura en varias causas judiciales con sentencias ya ejecutoriadas.

El sitio «El Informante» funciona como plataforma de contenido político con marcado sesgo opositor al Frente Amplio. Sus publicaciones han circulado en redes sociales y, en más de una ocasión, fueron amplificadas por figuras del sistema político antes de que su veracidad pudiera ser corroborada.

Un patrón documentado en tribunales

La trayectoria judicial de Bacigalupo está consolidada en múltiples instancias. El primer antecedente relevante se remonta al 14 de abril de 2019, cuando publicó en redes sociales que el asesor en tecnología Enrique Amestoy había participado en el asesinato de militares durante los enfrentamientos de 1972. Lo denominó «nazi» y «ciberterrorista». La acusación era material y cronológicamente inviable: Amestoy tenía dos años de edad en la fecha señalada.

La investigación quedó a cargo del fiscal Rodrigo Morosoli y derivó en un juicio abreviado. La jueza penal del 34° turno, Marcela Vargas, condenó a Bacigalupo por el delito continuado de difamación en reiteración con injurias a nueve meses de prisión en régimen de libertad a prueba. Las condiciones incluyeron la fijación de domicilio, presentaciones periódicas ante la seccional policial 11ª y la realización de cuatro meses de trabajo comunitario. Como reparación simbólica, debió grabar un video de disculpas y difundirlo en las mismas plataformas donde cometió el delito: Twitter, Facebook e Instagram.

En mayo de 2020, antes de que esa causa tuviera resolución definitiva, registró una condena adicional por hurto en grado de tentativa en reiteración real con violencia privada, sin pena de prisión efectiva.

Dieciséis denunciantes y arresto domiciliario

En 2021 se abrió una causa de mayor envergadura. Dieciséis mujeres presentaron denuncias en su contra por delitos de incitación al odio, desprecio o violencia hacia personas, actos de discriminación, injurias, difamación y diversas modalidades de violencia de género. Entre las denunciantes figuraron las legisladoras Silvia Nane, Bettiana Díaz y Verónica Mato; la exdirectora de la Institución Nacional de Derechos Humanos Mirtha Guianze; las periodistas Carolina García, Denisse Legrand y Ana Laura Pérez; la dirigente del Sindicato Médico del Uruguay Zaida Arteta; las abogadas Alicia Deus y Mariella Demarco; la directora de Comunicación de la Intendencia de Montevideo Ana de Rogatis, y la militante Lorena Massanet.

Las denuncias incorporaron capturas de pantalla de publicaciones en Twitter desde la cuenta personal @drbacigalupo1 y desde otras cuentas que operaba en paralelo: @Data24U, @DatayaUy e @Infoya_Uy. La vinculación entre esas cuentas y Bacigalupo quedó establecida mediante los correos electrónicos de recuperación y el número y modelo de teléfono celular coincidentes en todas ellas. La jueza María Noel Tornarelli dispuso como medida cautelar el arresto domiciliario total durante el transcurso de la investigación.

La fiscal de Flagrancia Silvia Pérez lo formalizó por nuevos hechos de incitación al odio, lo que activó el mecanismo para revocar el régimen de libertad a prueba vigente desde la condena anterior. El fiscal Morosoli alertó a la jueza sobre la situación, pero esta no hizo lugar al pedido de revocación. El ministerio público recurrió la decisión. El Tribunal de Apelaciones de 3er Turno revocó la posición de la jueza y ordenó que Bacigalupo cumpliera el remanente de su condena en prisión efectiva.

Nueva condena y continuidad en la producción de contenido

En diciembre de 2022, la Justicia dictó una nueva sentencia en el marco del caso iniciado por las dieciséis denunciantes. Los delitos comprendieron incitación al odio y desprecio por orientación sexual más difamación reiterada. La pena fue de seis meses de prisión, considerada ya cumplida en función del tiempo transcurrido bajo arresto domiciliario durante el proceso.

Pese al historial acumulado, Bacigalupo continuó operando «El Informante» en 2025. En ese contexto publicó una captura señalada como falsa que indicaba que el presidente de ASSE, Martín Danza, había contratado a su hijo de 14 años con un salario de 270.000 pesos, lo que derivó en una denuncia por delitos informáticos. También circuló desde esa plataforma una nota que afirmaba que el canciller Mario Lubetkin había incorporado a su hija al Ministerio de Relaciones Exteriores con 375.000 pesos mensuales de remuneración, sin que exista registro público verificable de esa contratación. La senadora Graciela Bianchi compartió ese contenido sin verificación previa.

El nuevo episodio sobre Astori y el supuesto prostíbulo se inscribe en esa continuidad. La singularidad del caso reside en que la persona señalada ya no puede ejercer ningún tipo de defensa pública: el daño reputacional recae sobre su memoria y su entorno directo, que es quien ahora evalúa recurrir nuevamente al sistema judicial.

la pregunta que el sistema no ha resuelto

El perfil de Bacigalupo también incluye su paso por la militancia en el Partido Colorado y una aparición pública en 2023 como abogado defensor de Romina Celeste, vínculo profesional que no tuvo continuidad. Lo que los registros judiciales establecen, con independencia del contexto político o partidario, es que el patrón operativo —acusaciones graves sin evidencia, difusión masiva en redes, reincidencia tras condenas— se ha repetido de manera sistemática a lo largo de varios años.

La Justicia uruguaya intervino en reiteradas ocasiones. Dictó condenas, impuso restricciones, revocó beneficios y ordenó prisión efectiva. Sin embargo, la plataforma continuó activa y la producción de contenido no se detuvo entre un proceso judicial y el siguiente. El caso de la familia Astori representa una nueva activación del mismo circuito.