Madres y Familiares rechaza proyectos de ley que liberaría presos de la dictadura

La asociación Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos se manifestó de forma contraria a dos iniciativas legislativas presentadas en el Parlamento. Los proyectos, impulsados por el senador Pedro Bordaberry y el diputado Rodrigo Goñi, buscan habilitar la prisión domiciliaria para condenados por delitos cometidos durante la última dictadura cívico-militar. La organización realizó una conferencia de prensa urgente para expresar su rechazo, argumentando que estas propuestas constituyen un retroceso inadmisible en materia de derechos humanos y justicia.

En dicha instancia, los representantes de la asociación sostuvieron que “la prisión domiciliaria es contraria a las obligaciones asumidas por el Estado”. Subrayaron que actualmente ya existe un mecanismo legal que permite a un juez conceder ese beneficio por motivos de salud debidamente justificados. Según sus declaraciones, aproximadamente la mitad de los condenados por crímenes de lesa humanidad ya se acogen a esa figura, mientras que quienes permanecen en cárceles lo hacen en condiciones que calificaron de privilegio.

La organización cuestionó el fundamento de los proyectos, especialmente el presentado por el senador Bordaberry, al no reconocer la responsabilidad del Estado en los hechos y omitir el término desaparición forzada. Afirmaron que estas iniciativas, lejos de honrar la democracia, la debilitan. Ignacio Errandonea, integrante del grupo, manifestó: “No puede haber prisión domiciliaria para los genocidas y periodo tras periodo se presentan estos proyectos”, recordando una propuesta similar de la legislatura anterior.

Proyectos que debilitan la democracia

Los proyectos en cuestión poseen alcances diferenciados. La iniciativa del senador colorado Pedro Bordaberry propone la aplicación de la prisión domiciliaria para personas mayores de 75 años condenadas por hechos ocurridos hasta el 1° de marzo de 1985. Además, dispone la plena vigencia de la Ley N° 19.822, que encomienda a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) la búsqueda de personas detenidas desaparecidas. El diputado nacionalista Rodrigo Goñi presentó una propuesta que habilita la solicitud para mayores de 70 años privados de libertad por hechos ocurridos hace más de tres décadas, describiéndola como una “respuesta humanitaria”.

Los referentes de Madres y Familiares expresaron escepticismo sobre el compromiso político real con su causa. Errandonea criticó la actitud de los representantes partidarios, señalando que durante las campañas electorales muestran comprensión, pero al asumir funciones de gobierno parecen sufrir “amnesia” y no avanzan en los pasos necesarios para obtener verdad y justicia. Esta crítica se enmarca en una percepción de desconfianza hacia la clase política en su conjunto.

La asociación también se refirió a un episodio previo que consideró una señal alarmante: la reunión mantenida entre el presidente Yamandú Orsi y el presidente de la Suprema Corte de Justicia, John Pérez, para tratar un informe de Sanidad Militar sobre presos en la cárcel de Domingo Arena. Elena Zaffaroni, otra integrante de la agrupación, calificó esa acción como una “pésima señal” inesperada, recalcando que “el presidente es un presidente, vaya donde vaya no pierde su investidura”.

Proyectos de ley que generan tensión

Zaffaroni añadió que ese episodio constituye una “gran alarma” y planteó la posibilidad de que los proyectos de ley ya estuvieran redactados con anterioridad. Sugirió que su presentación en los últimos días respondía a la lectura de un ambiente político que podría ser favorable a su tratamiento y eventual aprobación. Esta observación introduce una variable de análisis político sobre la sincronía entre gestos del Poder Ejecutivo y acciones en el Poder Legislativo.

La postura de la asociación se mantiene como un punto de referencia ineludible en el debate público sobre cómo procesar el legado de la dictadura. Su rechazo se fundamenta en la premisa de que las condenas por crímenes de lesa humanidad representan una conquista judicial de décadas y que cualquier flexibilización del régimen carcelario socava los principios de memoria, verdad y justicia. El uso del término “retroceso inadmisible” encapsula esta perspectiva de manera categórica.