Tabacaleras no podrán acceder a beneficios impositivos: Lacalle Pou los había favorecido

El Poder Ejecutivo, a cargo del presidente Yamandú Orsi, ha modificado un decreto que permitía a las empresas de la industria tabacalera acceder a los beneficios tributarios previstos en la Ley de Promoción de Inversiones. La medida, informada oficialmente, revierte una decisión tomada en setiembre de 2020 durante la administración de Luis Lacalle Pou. La normativa actual establece de manera explícita que, por razones de orden público, estas compañías no podrán acogerse al mencionado régimen de promoción.

La disposición gubernamental se enmarca en una serie de acciones recientes dirigidas al control del tabaco. En junio de este año, el gobierno anunció la derogación de otro decreto de la gestión anterior que autorizaba la importación, venta y publicidad de dispositivos de “tabaco calentado”. Estas decisiones consecutivas señalan una dirección clara en la política de salud pública del actual gobierno.

El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, se refirió a la modificación durante una rueda de prensa. Sostuvo que desde el Ejecutivo se considera un contrasentido que el Estado promueva, mediante exoneraciones impositivas, una actividad que simultáneamente busca restringir debido a sus efectos negativos en la salud. Sánchez calificó esta situación como una “política inconsistente” y afirmó que la resolución busca retornar a un marco regulatorio “mucho más consistente”.

Un cambio de rumbo en la política fiscal: priorizando el bien público

La normativa vigente hasta esta modificación era el Decreto N° 268/020. Este documento, promulgado en octubre de 2020, tenía como objetivo declarado “generar un efecto positivo significativo sobre el valor agregado de la economía”. Para ello, redefinió los beneficiarios de la ley de inversiones sin incluir la prohibición expresa para las empresas tabacaleras que sí existía en regulaciones anteriores.

Esta habilitación del gobierno de Lacalle Pou representaba una alteración a una política de más larga data. En 2018, el entonces presidente Tabaré Vázquez había emitido el Decreto N° 143/018, el cual prohibía explícitamente a las empresas del sector tabacalero hacer uso de los beneficios impositivos.

La normativa de Vázquez se alineaba con los compromisos internacionales de Uruguay en materia de control de tabaco, y se inclinaba a priorizar la salud pública y el bien común por encima de los intereses empresariales.

La reciente decisión del gobierno de Orsi restablece, por lo tanto, el espíritu de la normativa de 2018. El nuevo decreto establece textualmente que, “por razones de orden público, no podrán ampararse al presente régimen las empresas de la industria tabacalera”. Con esto, se cierra un paréntesis de casi cinco años durante el cual estas empresas pudieron postularse a exoneraciones fiscales.

Alineación con recomendaciones internacionales de salud

Para el sociólogo integrante de la Organización Multidisciplinaria para la Integración Social (OMIS), Diego Rodríguez, con este cambio se prioriza la “protección de la salud de la población por sobre los intereses comerciales”. Rodríguez valoró positivamente la decisión en declaraciones al portal de M24, asegurando que “va en el camino correcto” y que constituye una “señal clara” de la política gubernamental en control de tabaco.

El profesional remarcó que con esta medida se “sigue las recomendaciones internacionales de salud pública”. Además, destacó que la acción hace retornar al país a un “estado de protección de la salud de la población que teníamos en el año 2019”. Rodríguez enfatizó el carácter regional de esta política, señalando que “desde la región se está festejando que Uruguay vuelva a retomar el camino que siempre tuvo desde el año 2004 hacia adelante”, en referencia a la ratificación del convenio marco de control de tabaco.

La exclusión de la industria tabacalera de los incentivos fiscales se considera una herramienta de política coherente para los defensores de la salud pública. Argumentan que es incongruente subsidiar, indirectamente a través de exoneraciones, a una industria cuyos productos son objeto de fuertes impuestos y campañas de desincentivo debido a su impacto comprobado en la salud de la población.

El marco legal del decreto n° 143/018

El Decreto N° 143/018, emitido el 22 de mayo de 2018 por el entonces presidente Tabaré Vázquez, fue el instrumento legal que inicialmente estableció la prohibición para las tabacaleras. Su objetivo principal fue ajustar la reglamentación de los estímulos a las inversiones para potenciar impactos en metas de desarrollo nacional, como la creación de empleo y la descentralización productiva.

Una de sus disposiciones clave se encuentra en su Artículo 1, que define a los beneficiarios. Allí se estipula de manera explícita: «No podrán ampararse al presente régimen las empresas de la industria tabacalera.» Esta exclusión impedía que las compañías del sector obtuvieran exoneraciones fiscales, como reducciones en el IRAE, IVA o Impuesto de Primaria, alineándose directamente con la política antitabaco uruguaya.

El decreto de 2018 también incorporaba a las cooperativas como posibles beneficiarias y establecía una matriz de evaluación para los proyectos de inversión basada en indicadores ponderados. Estos criterios incluían la generación de empleo, la descentralización, las exportaciones, la implementación de tecnologías limpias y las actividades de investigación, desarrollo e innovación. La norma buscaba fomentar inversiones productivas mientras excluía sectores considerados sensibles por su impacto en la salud pública.