Estancia María Dolores: Informes del INC y de universidad privada respaldan decisión de compra

La sala de abogados ampliada del Instituto Nacional de Colonización (INC) emitió un informe que respalda la compra de la estancia María Dolores por US$ 32 millones y critica las observaciones del Tribunal de Cuentas de la República (TCR). El documento, al que accedieron diversos medios de prensa, cuestiona la objeción del TCR respecto al número de votos con los que se tomó la decisión de adquisición.

El informe sostiene que “resulta confusa, y hasta contradictoria la observación realizada por el TCR, sobre el incumplimiento del quórum legal —4 votos”. Según el análisis, la compra se resolvió con tres votos, tal como lo establece el artículo 146 inciso primero de la Ley N° 11.029, que indica que las resoluciones del directorio se adoptan por mayoría simple de votos (3), salvo en casos excepcionales que requieren cuatro votos o unanimidad.

Detalles sobre la normativa aplicada

El informe jurídico detalla que, para las compras directas, el artículo 46 de la misma ley exige una mayoría especial de 4 votos. Sin embargo, en el caso de la estancia María Dolores, se aplicó el derecho de preferencia establecido en el artículo 35, que no requiere de esa mayoría especial. “En cambio las compras en ejercicio del derecho de preferencia art. 35 no requieren de esa mayoría —se añade—, siendo suficiente la decisión por mayoría simple”, señala el documento.

El texto también argumenta que, si el legislador hubiera querido aplicar la mayoría especial a la compra preferente, lo habría expresado claramente, como lo hizo con la compra directa. “Dada la mayor discrecionalidad en este tipo de operaciones, se exige una mayoría calificada de cuatro votos conformes”, se explica en el informe.

El presidente de Colonización, Alejandro Henry, ha reiterado que la institución seguirá adelante con la compra de la estancia ubicada en Florida. Esta operación ha generado controversia, al punto de que el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, será interpelado por la oposición.

Como parte de la estrategia de defensa, el INC solicitó informes jurídicos adicionales. En este contexto, se pidió a la Universidad de la República que se pronunciara, pero la institución se excusó debido a una resolución interna y al convenio entre ambas entidades, que le impide opinar sobre acciones judiciales o administrativas en curso.

En cambio, la Universidad Claeh sí emitió un análisis, elaborado por el profesor titular de derecho agrario, Juan Pablo Saavedra Methol. Este informe también difiere de las observaciones del TCR, sosteniendo que la enajenación se realizó mediante el ejercicio del derecho de preferencia previsto en el artículo 35 de la Ley 11.049, por lo que no se trató de una “compra directa”.

Según el abogado, al aplicarse el derecho de preferencia, “se disipan las dudas, aprehensiones y sospechas de falta de transparencia” que puede tener una compra directa, y basta la mayoría simple de tres votos para aprobar la resolución.

 

 

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