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Canelones amplía su exitoso programa para atender a personas en situación de calle

El plan incluye limpieza de zonas intervenidas y derivación a refugios. Algunas personas manifestaron que era la primera vez que recibían asistencia.

Dispositivo de Contralor Urbano llega a Atlántida tras éxito en Las Piedras
Dispositivo de Contralor Urbano llega a Atlántida tras éxito en Las Piedras

La Intendencia de Canelones ampliará a Atlántida el plan piloto implementado en Las Piedras para abordar la presencia de personas en situación de calle. La administración considera que la primera fase del proyecto fue exitosa.

 

La iniciativa, denominada “Dispositivo de Contralor Urbano”, fue priorizada por la nueva intendenta, Gabriela Garrido. Un equipo multidisciplinario recorre la ciudad de lunes a viernes, entre las 10:00 y 17:00 horas, en coordinación con ministerios y la Policía.

 

El equipo aborda a cada persona, informándole que no puede permanecer en el espacio público. Se les ofrece asistencia y, en algunos casos, se los deriva a refugios del Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

 

Además, la brigada realiza tareas de limpieza en las zonas intervenidas. También atiende a los perros de las personas, proporcionando desparasitación, tratamiento veterinario y coordinando castraciones.

 

Atender a las personas en situación de calle: Ley de Faltas como última instancia

Según declaraciones de la intendenta a principios de abril, muchas personas manifestaron que era la primera vez que alguien se acercaba a preguntar por su situación. La información fue publicada en la página web de la comuna una semana después del inicio del plan.

 

En la cuenta oficial de Facebook de la intendencia, se compartieron imágenes comparativas que muestran el antes y después de las intervenciones realizadas por el Dispositivo de Contralor Urbano.

 

El artículo 368 de la Ley de Faltas establece sanciones para quienes ocupen espacios públicos de manera indebida, incluyendo acampar o pernoctar en ellos de forma permanente.

“El que fuera del ejercicio del derecho consagrado en el artículo 57 de la Constitución de la República, ocupare espacios públicos acampando o pernoctando en forma permanente en ellos, será castigado con pena de 7 (siete) a 30 (treinta) días de prestación de trabajo comunitario”, señala la norma.

 

El artículo añade que, de persistir la conducta, la persona será trasladada a una dependencia del Mides para su identificación y ofrecimiento de alternativas. Posteriormente, se informará al juez competente.

 

La intendenta Gabriela Garrido explicó que, si una persona se niega a retirarse, la Policía puede derivarla a Fiscalía, donde se aplicaría la Ley de Faltas. “Si no se hace el trabajo comunitario, se compensa un día de trabajo comunitario por cárcel”, afirmó.

 

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