TRANSGÉNICOS

Sectores del Frente Amplio piden declaración de “moratoria” para nuevos eventos transgénicos

El Espacio 567 y Casa Grande del Frente Amplio llaman a los parlamentarios y a las autoridades de gobierno a “aplicar el principio precautorio”, como lo establece la Constitución de la República, “poniendo la salud de la población y la conservación de nuestro ambiente por sobre intereses de grupos económicos”, ante el anuncio del Sistema Nacional de Bioseguridad sobre la evaluación del evento transgénico en trigo HB4-PAT para ensayos a campo y del Instituto Nacional de Semillas (INASE).

Foto: Presidencia de la República.
Foto: Presidencia de la República.

A través de un comunicado, los sectores frenteamplistas: Espacio 567 y Casa Grande expresan que el anuncio del Sistema Nacional de Bioseguridad sobre la evaluación del evento transgénico en trigo HB4-PAT para ensayos a campo y del Instituto Nacional de Semillas (INASE) “contradice la dirección que proponen las bases programáticas del Frente Amplio, ratificado en el último congreso del FA en diciembre 2018”.

De acuerdo a las bases programáticas del Frente Amplio para el período 2020-2025, así como las anteriores para el período 2015-2019, se plantea implementar una “Estrategia Integrada de Ambiente y Salud”.

Ambos sectores frenteamplistas manifiestan que “la estrategia se basa en un enfoque sistémico que reconoce la interdependencia entre la salud y el ambiente”.

Es por ello que “se busca mejorar la salud y la calidad de vida de la sociedad estableciendo criterios que permitan fortalecer la capacidad de control sobre la aplicación de agroquímicos promoviendo legislación y normativa que integre las competencias de los ministerios de Salud y Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, para proteger la vida por sobre intereses económicos”.

En el comunicado también se remarca que en el programa 2020-2025, se plantea como política de ambiente: “revisar y fortalecer los criterios y procedimientos para la evaluación de organismos genéticamente modificados y la regulación de su uso a través de la aprobación e implementación de una Ley de Bioseguridad, que incluya los nuevos desafíos de la ingeniería genética. Establecer una moratoria a la aprobación de nuevos eventos en tanto no se apruebe dicha Ley”.

Los eventos transgénicos son parte de un “paquete tecnológico que incluye el uso de herbicidas sintéticos y otros agroquímicos que afectan la salud humana, la calidad de los suelos y el agua”, remarcan los sectores frenteamplistas.

A la vez, indican que “estudios en el país y el extranjero han demostrado que el modelo de agricultura industrial intensiva que utiliza este tipo de tecnología resulta en el empobrecimiento y erosión de los suelos y la contaminación de las aguas”.

Además, el uso de estos eventos “afectan la biodiversidad ya que contaminan las semillas nativas y pone en riesgo la soberanía alimentaria desplazando cultivos destinados al autoconsumo”.

Plaguicidas altamente peligrosos

El HB4-PAT es resistente al herbicida glufosinato de amonio que se encuentra en la lista de plaguicidas “altamente peligrosos” de la Red de Acción en Plaguicidas, y se considera tóxico por parte de la Unión Europea.

El incremento en el uso de agroquímicos “ya ha provocado impactos ambientales y en la salud de la población rural en particular de los trabajadores y sus familias”, remarcan los dos sectores del FA en su comunicado.

Por lo cual manifiestan que continuar introduciendo este tipo de eventos en nuestro territorio “pone en riesgo nuestra salud y refuerza un modelo productivo dependiente de la importación de tecnologías extranjeras no adaptadas a las condiciones particulares de nuestro contexto”.

Principio precautorio

A raíz de ello, el Espacio 567 y Casa Grande llaman a los parlamentarios y a las autoridades de gobierno a “aplicar el principio precautorio”, como lo establece la Constitución de la República, “poniendo la salud de la población y la conservación de nuestro ambiente por sobre intereses de grupos económicos”.

El artículo 47 de la Constitución de la República establece que: “La protección del medio ambiente es de interés general. Las personas deberán abstenerse de cualquier acto que cause depredación, destrucción o contaminación graves al medio ambiente”.

A la vez convocan a un “amplio debate social” sobre el modelo actual de producción industrial de la agrobiotecnología, que incluya a diversos actores sociales (de la educación, trabajadores rurales, consumidores, productores, académicos, trabajadores y usuarios del sistema de salud, entre otros), con el propósito de explorar y promover alternativas para un cambio.

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