Policía Caminera y Guardia Republicana intensifican controles para frenar las picadas

Un operativo conjunto entre la Policía Caminera y la Guardia Republicana se desplegó en el Intercambiador Belloni, marcando una intensificación en los controles de tránsito dentro de Montevideo. La medida responde a denuncias vecinales por ruidos molestos y conductas temerarias asociadas a grupos de motociclistas. Los agentes establecieron puestos de verificación para examinar la situación legal de los vehículos y sus conductores.

El subdirector de la Policía Caminera, Hélio Fabián Nieves Rocha, explicó a Subrayado que hay «un control vehicular, fiscalización de vehículos y choferes, a los efectos de determinar irregularidades». El procedimiento se centra en la revisión minuciosa de la documentación tanto de los conductores como de los automotores. Esta fiscalización busca identificar delitos vinculados a la propiedad vehicular, como la utilización de chapas falsificadas o la adulteración del número de chasis.

La iniciativa forma parte de una estrategia dirigida a abordar una problemática específica de movilidad. «Parte de nuestro objetivo es trabajar justamente con la problemática que se está dando con el tema de motos, y estamos perfilando más a ese tipo de controles. Nuestros controles se hacen habitualmente tres o cuatro veces por semana», indicó Nieves. La frecuencia de estos operativos sugiere una respuesta sistemática a incidentes recurrentes.

Coordinación policial para disuadir concentraciones

Las autoridades han identificado un patrón de comportamiento que se repite durante la noche y la madrugada. Grupos de jóvenes se congregan en diversos puntos de la ciudad, utilizando principalmente motocicletas. Estas concentraciones, que pueden alcanzar hasta ochenta unidades, se caracterizan por maniobras a alta velocidad y la generación de fuertes ruidos, lo que ha derivado en un creciente número de reclamos por parte de los residentes de las zonas afectadas.

La Policía de Montevideo ha reconocido que estas aglomeraciones son frecuentemente coordinadas a través de redes sociales. El subjefe de Policía de Montevideo, Carlos Rodríguez, detalló a Telemundo los lugares comunes para estos encuentros: “Esos grupos se autoconvocan por redes sociales; en la zona del Kibón, del Museo Oceanográfico de pesca, Parque Rodó y también en la zona del Prado”. Esta metodología permite una convocatoria rápida y masiva.

Frente a esta situación, la fuerza ha adoptado un protocolo de actuación que prioriza la prevención sobre la persecución. “La cultura de ellos es el ATR, a todo ritmo, y nosotros decimos que es a todo riesgo. No vamos a exponer a los policías a persecuciones que terminan con policías lesionados o con un accidente fatal en este tipo de persecución”, agregó Rodríguez. La decisión busca evitar situaciones de alto riesgo para la integridad física de los agentes y de los propios jóvenes.

Estrategia basada en inteligencia y fiscalización

El procedimiento implementado se sustenta en el uso de tecnología de videovigilancia para monitorizar puntos críticos de la ciudad. Cuando los sistemas detectan la formación de una concentración de motos, se movilizan efectivos policiales con apoyo de la Intendencia de Montevideo. La intervención se realiza de manera terrestre en el lugar de los hechos, evitando en la medida de lo posible las carreras de alta velocidad.

Durante los operativos, se aplica un riguroso proceso de fiscalización a cada conductor y su vehículo. Se procede a la verificación de la licencia de conducir, la realización de pruebas de espirómetro para detectar alcohol en sangre, y la revisión de la documentación que acredita la legítima propiedad de la motocicleta. Cualquier irregularidad detectada en estos aspectos deriva en la aplicación de sanciones administrativas inmediatas.

La consecuencia más severa de este proceso recae sobre aquellos que no pueden justificar la procedencia del vehículo. “Se aplican las multas correspondientes, se hacen espirómetros, y quien no justifique la propiedad del vehículo, se procede a la incautación”, agregó Rodríguez. Esta medida busca desarticular la actividad al retirar de circulación los motores involucrados, muchos de los cuales carecen de una procedencia legítima claramente establecida.

Una cultura de riesgo para los demás

El perfil de los participantes, según la información manejada por la policía, corresponde mayoritariamente a jóvenes, incluyendo en varios casos a menores de edad. Un dato significativo es que una gran parte de estos individuos carece de libreta de conducir, operando los vehículos sin la habilitación legal correspondiente. Al ser interceptados por las autoridades, muchos no logran proporcionar una explicación veraz sobre el origen de las motos que utilizan.

Las autoridades han categorizado esta actividad como una conducta de altísimo riesgo. Rodríguez realizó una clara distinción sobre la naturaleza del desafío que representa: “No es un desafío a la Policía, sino es un desafío a la muerte”. Esta declaración enfatiza la percepción institucional sobre los peligros inherentes a las picadas, donde las consecuencias potenciales trascienden la infracción administrativa para adentrarse en el ámbito de la seguridad personal.