–Sin embargo en Uruguay existe la ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado por la que los militares acusados de violaciones a los derechos humanos no pueden ser juzgados, en violación a convenios internacionales…

–Uruguay es un fenómeno muy interesante, porque esa ley respondió a un plebiscito. Hubo una opinión en su momento, no sólo del gobierno sino plebiscitada por la sociedad, de que era mejor no investigar. Creo que ahí se tiene en cuenta no la inocencia o la culpabilidad sino los riesgos que corría el sistema democrático en el caso de que se investigue y esa me parece fue la decisión del Uruguay. Ahora, esa decisión del pueblo uruguayo no es oponible a convenciones internacionales, si hubiera una calificación de crímenes contra la humanidad por lo que ocurrió en Uruguay, un juez uruguayo o internacional podría juzgar militares uruguayos por esos hechos, aunque esté en vigencia la ley que usted menciona.

–¿Cuáles son los recuerdos más fuertes que le quedan de ese histórico juicio contra las juntas militares argentinas, cuando usted tenía 32 años?

–Ese juicio obviamente cambió mi vida, me metió en un mundo muy complejo y muy interesante. Me parece que fue la piedra fundamental de la democracia argentina, fue la idea de que la ley existía. Siempre pienso que nos hicimos famosos por decir una cosa tan obvia como que el Estado no puede torturar ni matar; pero en un país donde la gente de izquierda creía que se podía matar a empresarios y policías y la gente normal pensaba que era posible matar a sospechosos de izquierdistas el discurso neutral de la ley fue muy importante. Siento que tenemos que seguir adelante con eso, demostrar que ningún partido tiene derecho a robar, que ningún funcionario público tiene derecho a hacer negocios a costa del Estado, que ningún empresario puede usurpar el Estado.

–En ese sentido, entre los ciudadanos de su país la imagen de la Justicia no es buena.

–Es mala, es que la Justicia argentina funciona muy mal. Después de los juicios de la Junta, la Justicia argentina fue capturada y ese es el problema que estamos padeciendo hoy.

–¿Problemas como el tema de los ascensos de jueces y fiscales?

–Es que hubo una política premeditada de nombrar jueces y fiscales amigos, tanto que uno de los fiscales que nombraron ni siquiera era abogado.

–¿De qué forma se está luchando contra eso?

–Hay un cambio y se está trabajando. Se creó un consejo en la magistratura que selecciona por concurso los candidatos a jueces y fiscales y hay algunas mejoras.

–El tráfico de armas ha ocupado la atención de la prensa tanto en Argentina como en Uruguay. ¿En su opinión el juez Urso puede llegar hasta las últimas consecuencias en su investigación?

–Urso es un juez muy cuestionado, me parece que tiene muchas dificultades de legitimación. De todos modos, es un caso muy importante al igual que el del Senado en que también el juez fue muy cuestionado, después saltó y el caso sigue adelante. Son casos que muestran los problemas, pero no tenemos que quedarnos en la condena a los culpables, sino que tenemos que ver cómo avanzamos en soluciones a esos casos, ese es el desafío.

–¿Está al tanto del funcionamiento de la Comisión Para la Paz en Uruguay?

–No.