Senador del Partido Colorado paraguayo, Erico Galeano, condenado a 13 años por narcotráfico: está vinculado Marset

Un tribunal especializado en crimen organizado de Paraguay dictó este miércoles sentencia condenatoria contra el senador Erico Galeano, fijando una pena de 13 años de prisión por los delitos de asociación criminal y lavado de activos. El fallo coloca al legislador en el centro de una trama de narcotráfico internacional que la justicia paraguaya conectó con estructuras criminales de alcance regional.

El tribunal estuvo presidido por el juez Pablino Barreto e integrado por las magistradas Inés Galarza y Juan Dávalos. El proceso se extendió durante varios meses, a lo largo de los cuales la fiscalía acumuló pruebas destinadas a demostrar que Galeano operó como engranaje funcional dentro de una organización dedicada al movimiento de cocaína y al ocultamiento de sus ganancias.

La acusación situó al senador en una red en la que también figuran el uruguayo Sebastián Marset y el paraguayo Miguel Ángel Insfrán, identificado en el expediente como “Tío Rico”. Según la hipótesis fiscal, Galeano habría aportado a esa estructura mediante operaciones financieras y logísticas orientadas a blanquear dinero procedente de la venta de estupefacientes.

El caso se enmarca en el operativo A Ultranza Py

La causa forma parte del operativo denominado “A Ultranza Py”, descrito por las autoridades paraguayas como uno de los golpes más significativos ejecutados contra el crimen organizado en ese país. La investigación apuntó a desmantelar una red dedicada al despacho de grandes volúmenes de droga con destino a Europa, así como a identificar los mecanismos empleados para reciclar las ganancias obtenidas por ese circuito.

La condena de Galeano adquiere una dimensión particular por su condición de legislador en ejercicio. La participación de un integrante del poder político en una causa de esta naturaleza constituye, según los registros del proceso judicial, una expresión de la penetración del narco en los estamentos institucionales del país vecino.

El vínculo judicial establecido con Marset retoma la figura de un prófugo que acumula causas abiertas en múltiples jurisdicciones. Nacido el 10 de abril de 1991 en Montevideo, Sebastián Enrique Marset Cabrera registra antecedentes que se remontan al tráfico de marihuana. En 2013 fue detenido en Uruguay y cumplió condena en la cárcel de Libertad hasta 2018.

Trayectoria del prófugo uruguayo desde su salida de prisión

Tras obtener la libertad, Marset reorientó su actividad hacia la coordinación de envíos de cocaína desde Bolivia, utilizando Paraguay como corredor hacia los mercados europeos. Desde entonces construyó una estructura identificada como el Primer Cartel Uruguayo (PCU), con ramificaciones que incluyen al clan Insfrán de Paraguay, al Primeiro Comando da Capital (PCC) de Brasil y a la ‘Ndrangheta italiana.

Para la operatoria financiera, la organización se valió de empresas fachada. Entre ellas figuró Total Cars, además de inversiones en la promoción de conciertos y la producción musical, sectores que facilitaron el movimiento y la justificación de fondos de origen ilícito.

El caso Marset derivó además en una crisis institucional en Uruguay. En 2021, fue detenido en Dubái portando un pasaporte paraguayo apócrifo. A pesar de las alertas diplomáticas que circulaban sobre su situación, el Estado uruguayo le emitió un nuevo pasaporte con rapidez, lo que posibilitó su liberación. La secuencia generó un escándalo de alcance político que terminó con la renuncia del canciller Francisco Bustillo y del ministro del Interior Luis Alberto Heber.

El asesinato de Pecci y la orden atribuida desde Bolivia

El 10 de mayo de 2022, el fiscal paraguayo Marcelo Pecci fue asesinado en Cartagena de Indias, Colombia, mientras transcurría su luna de miel. Las autoridades colombianas y paraguayas sostuvieron que Marset habría impartido la orden del crimen desde territorio boliviano, donde mantenía residencia en ese período.

En julio de 2023, efectivos de la policía boliviana allanaron una de sus propiedades en Santa Cruz de la Sierra. El operativo arrojó el secuestro de armas, vehículos de alta gama y animales exóticos. Marset no estaba en el lugar al momento del procedimiento.

En mayo de 2025, el Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció una recompensa de 2 millones de dólares para quien aporte datos que conduzcan a su captura, en el marco del programa Transnational Organized Crime Rewards Program. La DEA lo ubicó en el cuarto puesto de su nómina de fugitivos prioritarios.

En diciembre de 2025, Marset concedió una entrevista radial desde una localización no identificada. En esa comunicación afirmó que se desplaza por toda Sudamérica “sin ningún problema” y que no contempla entregarse a las autoridades. Su ubicación permanece sin determinar.