Escándalo en el Senado: Denuncia contra Ojeda por presunta “intervención indebida” en Fiscalía

La Cámara de Senadores de Uruguay recibió una denuncia formal contra el legislador colorado Andrés Ojeda, acusándolo de posible infracción al artículo 124 de la Constitución por incompatibilidades en su rol como parlamentario.

El escrito, de 22 páginas y presentado por un convencional nacional del Partido Colorado, invoca doctrina del reconocido constitucionalista Rubén Correa Freitas y apunta directamente a acciones del senador que podrían comprometer la independencia fiscal. La Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación ya tiene el caso en sus manos, en un momento de tensiones internas en el oficialismo.

El detonante de la controversia es un informe de la fiscal Silvia Lovesio, de la Fiscalía General de la Nación, que habría revelado irregularidades en la conducta de Ojeda. Según el documento, el senador habría promovido un “reexamen” administrativo ante la Fiscalía –un trámite interno del Ministerio Público– en un expediente de investigación de delitos. Este acto, argumenta la denuncia, configura una intervención indebida que viola las normas de incompatibilidad para legisladores, al introducir un “potencial de presión objetiva” sobre la actuación fiscal.

El peso de la doctrina Correa Freitas

El núcleo del alegato radica en la cita textual de la obra Derecho Constitucional Contemporáneo (2ª ed., Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo, 2003), del Dr. Rubén Correa Freitas, uno de los pilares del constitucionalismo uruguayo.

El texto, reproducido en el escrito, enfatiza que “las incompatibilidades tienen un interés práctico muy importante” y que “la incompatibilidad es absoluta”, independientemente de si se trata de titulares o suplentes. Correa Freitas subraya que no cabe duda alguna: estas prohibiciones buscan blindar la independencia de los poderes del Estado.

“No puede caber duda alguna […]: la incompatibilidad es absoluta, independientemente de que se trate de titulares o suplentes”, cita el denunciante, aplicándolo al caso de Ojeda. El argumento es claro: cualquier intervención de un senador en un expediente fiscal, aunque sea bajo el manto de “defensa técnica” o “asesoramiento jurídico”, cae en la red de lo prohibido.

“Y tampoco distingue entre representación, patrocinio, defensa técnica, asesoramiento o asistencia jurídica. De modo que podemos afirmar de manera categórica que todo acto de intermediación cae dentro de la prohibición”, se lee en el documento, que extiende el razonamiento a la gestión interna de la Fiscalía como un servicio descentralizado del Estado.

El convencional colorado, quien se presenta en su doble calidad de ciudadano y miembro del Partido Colorado, insiste en que esta no es una acusación maliciosa, sino un análisis exigido por el régimen constitucional. “Preguntarse qué garantías tiene un fiscal para actuar con independencia en un expediente promovido técnicamente por un Senador no es una especulación maliciosa; es precisamente el análisis que exige el régimen constitucional de independencia”, reza el texto.

Petitorio formal: De la admisión a la investigación

El escrito culmina en un petitorio detallado dirigido a la Cámara de Senadores y su Comisión de Asuntos Constitucionales. Entre las solicitudes clave:

1. Admisión inmediata de la denuncia: Para que sea presentada y tramitada sin dilaciones.
2. Apertura de expediente formal: Con número identificatorio para seguimiento transparente.
3. Remisión a la Comisión: Transferencia inmediata al órgano especializado en temas constitucionales.
4. Notificación a la Fiscalía: Oficio a la Fiscal General y, en particular, a Silvia Lovesio, para obtener copia de la audiencia y los elementos que motivaron su preocupación institucional.
5. Invitación a descargos: El senador Ojeda sería convocado para presentar sus defensas.
6. Estudio de infracción: Análisis si los hechos configuran la violación prevista en el artículo 124 de la Constitución, que prohíbe a los legisladores intervenir en causas judiciales o administrativas que afecten la separación de poderes.

El denunciante, quien firma con domicilio electrónico y en su rol como convencional nacional del Partido Colorado, subraya que ejerce un derecho ciudadano: “Lo hago en ejercicio del derecho constitucional de cualquier ciudadano a exigir que las incompatibilidades parlamentarias se investiguen y se hagan efectivas cuando corresponda”, dice. Advierte que el cumplimiento de estas normas no depende de la voluntad de los legisladores, sino de la integridad institucional de la Cámara.

Contexto político: tensiones en el Partido Colorado

La denuncia irrumpe en un Partido Colorado marcado por internas, donde Ojeda –un senador activo en debates sobre presupuestos y designaciones fiscales– ha sido figura controvertida. Fuentes cercanas a la Comisión indicaron que el expediente podría escalar rápidamente, especialmente si involucra al Ministerio Público, que ya ha sido notificado implícitamente por el informe de Lovesio.

“Esto no es solo un tecnicismo; es un recordatorio de que el artículo 124 fue redactado con un lenguaje tan estricto para evitar que la posición de poder de un parlamentario pueda (aun sin proponérselo) incidir, influir o generar condicionamientos en órganos del Estado encargados de investigar delitos”, concluye el escrito.

Hasta el cierre de este artículo, ni Ojeda ni la dirigencia colorada han emitido declaraciones públicas. La Comisión de Asuntos Constitucionales se reunirá en las próximas horas para evaluar la admisibilidad. En un Parlamento donde las incompatibilidades han sido tema recurrente –recordemos casos pasados de legisladores en roles judiciales–, este episodio podría reavivar el debate sobre la ética pública en Uruguay.