Pedirán pena máxima para Penadés tras cierre de la etapa de investigación

La Fiscalía avanza hacia la conclusión de la fase investigativa en la causa que involucra al exsenador del Partido Nacional, Gustavo Penadés. Según los plazos procesales establecidos, el organismo dispone hasta el próximo viernes para formalizar la demanda acusatoria, documento que establecerá de manera definitiva los cargos y la sanción que se solicita para el exlegislador. Este paso marca el fin del período de recolección de pruebas y declaraciones por parte del Ministerio Público.

La fiscal Isabel Ithurralde tiene la intención de requerir la pena máxima prevista para los delitos que se le imputan a Penadés. La determinación de la cifra exacta presenta complejidades, dada la diversidad de figuras delictivas y la presencia de agravantes que deben ser computadas. Según análisis jurídicos, la pena máxima en disputa podría oscilar entre los 16 y los 20 años de prisión. En una etapa anterior de la investigación, la entonces fiscal Alicia Ghione había evaluado la posibilidad de solicitar 18 años de encarcelamiento.

La presentación de la acusación es un hito procesal por dos razones fundamentales. En primer lugar, el documento sintetiza la teoría del caso de la Fiscalía, detallando los hechos que se le atribuyen al imputado y la evidencia que, a su juicio, los demuestra. En segundo término, su presentación da por concluida la etapa de investigación, lo que implica que no se podrán agregar nuevos cargos ni sumar más víctimas al proceso actual.

Lo que sigue para Penadés de ahora en más

Una vez formalizada la acusación, se inicia un período de 30 días hábiles para que la defensa de Penadés, a cargo de Laura Robatto y Homero Guerrero, presente su respuesta. En este escrito, la defensa puede esbozar su propia teoría de los hechos y aportar las pruebas que considere pertinentes para sustentarla. Culminado este intercambio inicial, la jueza Marcela Vargas convocará a una audiencia de control de acusación.

El objetivo de esta audiencia es revisar la legalidad y pertinencia de cada una de las pruebas que ambas partes pretenden llevar al juicio oral. Se verifica que la obtención de los elementos de convicción se haya ajustado a la ley, filtrando aquellos que no cumplan con los requisitos procesales. Es una instancia de depuración de lo que será debatido en el juicio posterior.

Una vez realizado este control, se procede al sorteo de un nuevo juez penal, que no haya tenido intervención alguna en la causa hasta ese momento. Este magistrado será el responsable de dirigir el juicio oral y de emitir el veredicto de primera instancia sobre la culpabilidad o inocencia de Penadés. Del sorteo quedan excluidas la jueza Vargas y María Noel Odriozola, por haber tenido contacto previo con el expediente.

Cómo fueron las últimas etapas de investigación

Las últimas semanas de la investigación se caracterizaron por la realización de declaraciones indagatorias y una medida de allanamiento. La fiscal Ithurralde reconvocó a varias de las personas que figuran como víctimas en la causa, con el fin de aclarar aspectos específicos que generaban dudas. Entre ellos, declararon nuevamente Romina Celeste Papasso y Javier Viana.

En el caso de Viana, este rectificó un dato sobre su edad en el momento de uno de los encuentros con Penadés, precisando que ya era mayor de edad. A pesar de esta rectificación, su denuncia por abuso sexual se mantiene como parte de la causa. Paralelamente, se desarrollaron cuatro audiencias para tomar declaración al expolicía Federico Rodríguez, quien fue condenado por su participación en lo que la Fiscalía denominó “la trama”.

La declaración de Rodríguez se extendió debido a la necesidad de que este contextualizara y acreditara una serie de chats mantenidos con Carlos Tarocco, el exdirector del Comcar también condenado. La Fiscalía sostiene que en esas conversaciones se planificaron acciones para beneficiar a Penadés. La defensa del exsenador argumentó que existió una ruptura de la cadena de custodia del dispositivo móvil, al ser utilizado con anterioridad a la pericia forense.

La jueza Vargas resolvió que la discusión sobre la eventual nulidad de esa prueba por quiebre en la cadena de custodia debe ser dirimida durante el juicio oral, no en esta etapa. Rodríguez declaró que su labor consistía en contactar a Jonathan Mastropierro, una de las víctimas, para obtener información, tarea por la cual, afirmó, nunca recibió el pago prometido.

Recientemente, por solicitud de la fiscal Ithurralde, se realizó un allanamiento en un apartamento que fue propiedad de Penadés, ubicado en Bulevar Artigas y Maldonado. El exlegislador residió en ese lugar durante las décadas de 1990 y 2000. Javier Viana, en su testimonio publicado en el libro «Gustavo Penadés: dos caras de un hombre con poder», afirmó haber concurrido a dicho domicilio y describió la disposición de los ambientes.