EN CANELONES

Estado deberá pagar US$ 3.3 millones a empresa de cable por revocar licencia en forma tardía a competidor

El investigador y consultor uruguayo, director Ejecutivo OBSERVACOM y ex director nacional de Telecomunicaciones, Gustavo Gómez, denunció que el Estado deberá pagar 3.3 millones de dólares a la operadora de cable de La Paz y Las Piedras “Tele Cable”, por daños y perjuicios a raíz, del funcionamiento de la empresa de cable “Visión Canaria” desde el año 2011, ya que la Justicia en el año 2013 determinó que se le debía retirar la licencia, lo que ocurrió recién en julio de 2022.

Foto: Getty Images.
Foto: Getty Images.

A través de su cuenta de Twitter, Gómez expresó que el gobierno de Luis Lacalle Pou “demoró en cumplir una sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) y recientemente aprobó una resolución a medida de sus aliados en los grandes medios”.

Por ello, “el Estado deberá pagar al menos 135.000.000 pesos por daños y perjuicios”, lamentó el ex director nacional de Telecomunicaciones.

Gómez recordó que luego de dos años y medio “sin cumplir una sentencia del TCA que anuló su concesión, recién el 19 de julio de 2022 el gobierno revocó la licencia otorgada a Visión Canaria, servicio de TV cable en La Paz y Las Piedras vinculado a TCC-Canal 10”.

La resolución del gobierno “no sólo es tardía, sino que les permite a los mismos dueños mantener el negocio y cobrando por sus servicios, para no afectar a los usuarios, se afirma, al menos por cuatro meses más, lo que justamente incluye el Mundial de Catar”.

Resolución ilegal

Mientras, abre un llamado público muy excepcional. “Empresarios del sector estiman que como retienen sus abonados y ya tienen el cableado hecho, la licencia será para el mismo grupo, en forma directa o mediante testaferros”, remarcó Gómez.

Aseguró que la resolución es “ilegal”, y les da una licencia “provisoria” de manera directa, sin llamado previo. “Algo que no está contemplado en la legislación vigente”. Cualquier tipo de licencia de TV paga debe ser otorgada a través de llamados públicos, según establece el artículo 130 de la Ley de Medios.

Gómez detalló que la licencia es: “5% de VAL S.A. y 95% de TADILNOR S.A, entre cuyos asociados figuran Rafael Inchausti, actual presidente de ANDEBU (gremio de radio y TV), y Horacio Abadie, amigo del presidente. Opera con los servicios de TCC, el cable vinculado a Canal 10”.

Además, indicó que “VAL no cableó a tiempo, por lo que el TCA entendió que el acto administrativo es nulo, por incumplimiento grave de la normativa”.

El litigio en TCA y la Justicia se remonta a 2013, pero con sentencias definitivas en octubre 2019 de “anulación”, y en abril 2022.

“Solamente por los dos primeros años de ‘competencia desleal’, el Estado deberá pagar la increíble suma de 3.4 millones de dólares a los afectados. Eso, calculado a abril 2022. Y se vienen más juicios por los demás años”, lamentó Gómez a través de su cuenta de Twitter.

El ex jerarca se preguntó quiénes son los denunciantes que cobrarán esa plata, y respondió: “Consorcio Tele Cable, el único servicio de TV cable existente en La Paz y La Piedras hasta el despliegue de Visión Canaria. Sus dueños son de la familia Romay, pero alejados, y en litigio, con los Romay de Canal 4 y CX20 Radio MonteCarlo”.

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