3 de mayo: día mundial de la libertad de prensa

Gobierno ha presionado a periodistas y medios reiteradamente, denuncia CAinfo

La organización por la libertad de prensa se muestra preocupada por acciones desde el gobierno de Lacalle Pou que atentan contra la libertad de prensa.

Foto: Carlos Loría / LARED21
Torre Ejecutiva, sede del Poder Ejecutivo. Foto: Carlos Loría / LARED21

El Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo) manifestó su preocupación por “reiteradas” acciones desde el Poder Ejecutivo que presionan y atentan contra la libertad de prensa, precisamente cuando se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa este 3 de mayo.

Según dijo el presidente de CAinfo, Fabián Werner, durante 2021 se ha registrado el mayor número de amenazas a la libertad de expresión a periodistas desde que el organismo realiza monitoreos: en total se han constatado 49 agresiones de distintos tipos desde ataques físicos hasta amenazas de muerte, pasando por una amplia gama de hechos.

CAinfo apunta contra Presidencia de la República, que fue el lugar del Estado que más rechazó solicitudes de acceso a la información pública, en un total 30 veces.

También se registraron hechos como una amenaza de muerte hacha al periodista Gabriel Pereyra, o el despido de la periodista Sandra Canio de la dirección de radio Tabaré por haber entrevistado a un dirigente sindical. El documento de CAinfo también relata cómo periodistas de un canal de televisión nacional fueron agredidos con objetos contundentes y punzocortantes durante la marcha del Día de la Mujer, el 8 de marzo pasado, y que la comunicadora Iliana da Silva fue amenazada e insultada en reiteradas ocasiones por redes sociales.

¿Pidió Lacalle Pou a Sotelo sacar a más trabajadores de los medios públicos?

El mandatario respaldó al director de Medios Públicos, quien ordenó la rescisión de 38…

¿Censura previa?

Otro de los casos que provocan preocupación en el gremio periodístico es lo que ha ido sucediendo desde que Gerardo Sotelo asumió como presidente del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional (SECAN).

En noviembre de 2020, las radios públicas (radio Uruguay, Babel, radio Clásica y Emisora del Sur) despidieron a 49 trabajadores y trabajadoras, en lo que Sotelo calificó como un intento de “actualizar” la programación y las propuestas comunicacionales.

“Se ha tenido en cuenta la decisión de racionalizar la inversión en capital humano”, dijo el jerarca en esa ocasión, y remarcó que “se necesita incrementar la cantidad de trabajadores en Televisión Nacional y en las plataformas digitales, además de renovar la programación y mejorar los ratings”.

Otro polémico hecho tuvo lugar en noviembre pasado, cuando el presidente Luis Lacalle Pou respaldó a Sotelo en el recorte de 38 contratos laborales. Según publicó por entonces el diario El País, Lacalle y Sotelo se encontraron en esos días en una ceremonia de conmemoración de La Noche de los Cristales Rotos, llevada a cabo por las organizaciones B’nai B’rith Uruguay y la Nueva Congregación Israelita (NCI). Allí, el presidente le pidió: “Tenés que sacar algunos más”. Según el medio que asegura haber constatado el hecho, se trató de “un comentario que le hizo (el presidente) con respecto a los cambios”, los cuales calificó de “necesarios”.

Desde Presidencia de la República negaron al citado diario que el presidente hiciera ese tipo de comentarios y adujeron que se pudo haber tratado de “una broma” entre ambos.

El alto jerarca de la SECAN también ordenó que todos los contenidos informativos y periodísticos deben ser consultados con el coordinador periodístico del SECAN, Jorge Gatti, antes de iniciarse el proceso de producción, lo que ha sido criticado por profesionales de la comunicación como un intento de censura previa.

La medida obedece a la necesidad de establecer “principios y criterios profesionales e institucionales comunes, tales como servir el interés público, balancear las opiniones, reflejar todos los puntos de vista relevantes para la comprensión de los hechos y presentarlos de forma imparcial”.

En general, de la totalidad de casos de violación al derecho a la libertad de prensa, CAinfo encontró que 38 fueron cometidos por organismos o funcionarios estatales. Uno de los más graves, añadieron, se dio en días recientes: tal como se ha dicho en redes sociales, Eduardo Preve, coordinador del informativo de Subrayado (de Canal 10) habría sido desvinculado de su puesto porque desde Presidencia de la República se quejaron de su labor periodística. Esto no ha sido ni confirmado ni desmentido por Preve o el canal.

También se menciona el caso de Aldo Silva, quien dijo a mediados de abril en su programa Las cosas en su sitio: “Al presidente lo que pediría es que: ‘Si tenés 70 muertos, anúncialo vos. Anúncielo usted, señor presidente. Usted es el presidente de la República”. Silva fue ampliamente criticado por sectores políticos afines al gobierno y llegó a recibió una incontable cantidad de insultos por redes sociales. También se destacó que Graciela Bianchi, acusó de “traición a la patria” al periodista de CNN, Darío Klein, quien escribió una nota sobre los pésimos números que está teniendo Uruguay en el manejo de la pandemia.

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