Sheinbaum busca prohibir en la Constitución de México la privatización del agua

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, planteó incorporar a la Constitución una prohibición expresa de privatizar la operación de los servicios de agua potable. La iniciativa busca garantizar que el suministro y la administración del servicio permanezcan bajo responsabilidad pública, independientemente de los cambios de gobierno en los estados y municipios del país.

Durante su conferencia de prensa del 22 de octubre de 2026, la mandataria explicó que las concesiones para operar servicios de agua dependen principalmente de las autoridades estatales y municipales. Por ese motivo, consideró necesario establecer una protección constitucional que impida transferir esa responsabilidad a empresas privadas. El planteamiento todavía no constituye una reforma aprobada ni se ha detallado un proyecto constitucional definitivo.

Sheinbaum propone prohibir constitucionalmente la privatización del agua

La presidenta expresó su posición al responder una pregunta sobre las concesiones de agua otorgadas a compañías privadas, incluidas empresas extranjeras. En su intervención sostuvo: “Tendríamos que elevar un rango constitucional, que no se permitiría esta privatización”.

El Gobierno mexicano quiere mantener el control público del suministro

Sheinbaum defendió que el servicio de agua potable continúe bajo gestión pública y cuestionó los modelos de concesión que trasladaron su operación a empresas privadas. Según explicó, esas modalidades se extendieron durante administraciones anteriores bajo el argumento de que el sector privado podía resolver las deficiencias de los organismos públicos encargados del abastecimiento.

La mandataria afirmó que actualmente quedan relativamente pocas concesiones privadas de operación y recordó que algunos servicios han regresado a manos públicas. También señaló que la legislación nacional fue modificada para combatir el acaparamiento del recurso y limitar la comercialización de los derechos de aprovechamiento. Sin embargo, distinguió esas medidas de una eventual prohibición constitucional de privatizar los servicios.

La crisis del agua en Guadalajara reactivó el debate

La discusión constitucional se produce en medio de una controversia por el proyecto del Acueducto Sustituto Chapala-Guadalajara, en el estado de Jalisco. El gobernador Pablo Lemus había impulsado un mecanismo de construcción, mantenimiento, rehabilitación y operación con participación privada, conocido por sus siglas CMRO. El modelo generó diferencias con el Gobierno federal, especialmente por sus posibles consecuencias sobre la administración del servicio.

El 12 de octubre, Sheinbaum manifestó públicamente su desacuerdo con respaldar un esquema que pudiera privatizar la operación del agua. La presidenta propuso buscar alternativas técnicas y financieras junto con la Comisión Nacional del Agua, conocida como Conagua, para resolver los problemas de contaminación y abastecimiento que afectan a la zona metropolitana de Guadalajara.

Un acuerdo de casi 25.000 millones de pesos sin privatización

Tras las diferencias iniciales, los gobiernos federal y estatal alcanzaron un acuerdo para financiar las obras hídricas mediante recursos públicos. La estrategia fue precisada a finales de octubre y contempla una inversión conjunta de aproximadamente 24.700 millones de pesos mexicanos, distribuida entre una aportación federal de 14.500 millones y otra estatal de 10.200 millones.

Las autoridades anunciaron que el proyecto no supondrá la privatización del servicio, no generará nuevo endeudamiento y mantendrá las tarifas existentes. La operación cotidiana seguirá bajo responsabilidad del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, Siapa. El acuerdo también establece una intervención coordinada entre la Federación, el estado de Jalisco y los organismos encargados de la infraestructura hídrica.

Dos acueductos para mejorar el abastecimiento de Guadalajara

El programa incluye la construcción del acueducto Chapala-Guadalajara, de aproximadamente 42 kilómetros, con capacidad proyectada para transportar 8.000 litros de agua por segundo. La nueva infraestructura sustituirá un canal antiguo y permitirá reducir pérdidas de agua por filtraciones y evaporación, además de disminuir la exposición del suministro a fuentes de contaminación.

También está prevista la construcción del acueducto Calderón-San Gaspar, diseñado para transportar hasta 3.500 litros por segundo y conectar el aprovechamiento del agua procedente de la presa El Zapotillo. Según el calendario anunciado, ambas obras podrían completarse hacia finales de 2028. Los plazos dependerán de la ejecución de los proyectos y de las condiciones técnicas de construcción.

Contaminación del agua y reclamos de los habitantes

La crisis hídrica de Guadalajara no se limita a la disponibilidad del recurso. Durante 2026, habitantes de distintas colonias denunciaron problemas de calidad del agua distribuida en sus hogares, incluyendo cambios de coloración, olores desagradables y posibles afectaciones sanitarias. Las denuncias provocaron movilizaciones ciudadanas y exigencias de intervención por parte de las autoridades responsables del suministro.

El plan gubernamental contempla modernizar la planta potabilizadora de Miravalle, recuperar instalaciones de tratamiento en Toluquilla y construir infraestructura para la conducción de aguas residuales y pluviales. También se anunciaron medidas contra más de 150 descargas contaminantes ilegales. Estas actuaciones buscan atender tanto la calidad del agua como la capacidad de distribución de la red metropolitana.

Qué establece actualmente la Constitución mexicana sobre el agua

El artículo 4 de la Constitución de México reconoce el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua para consumo personal y doméstico. Este reconocimiento obliga al Estado a establecer condiciones para que la población pueda disponer del recurso de manera suficiente, salubre, aceptable y asequible.

Por su parte, el artículo 27 regula aspectos fundamentales de la propiedad y el aprovechamiento de las aguas nacionales. El sistema jurídico mexicano distingue entre la titularidad pública del recurso, las concesiones para su utilización y los mecanismos mediante los cuales se prestan los servicios de distribución, potabilización y saneamiento. Esa diferencia resulta central para comprender el alcance de la propuesta presidencial.

La legislación de aguas ya fue reformada en México

En diciembre de 2025 se publicó una nueva Ley General de Aguas junto con modificaciones a la Ley de Aguas Nacionales. El marco legal desarrolla el derecho humano al agua y establece responsabilidades para los distintos niveles de gobierno. También incorpora disposiciones destinadas a ordenar el aprovechamiento del recurso y regular los derechos relacionados con su utilización.

La administración de Sheinbaum ha defendido esas modificaciones como instrumentos para combatir la concentración de derechos sobre el agua y evitar prácticas especulativas. No obstante, regular las concesiones de aprovechamiento y prohibir la privatización de los servicios son cuestiones jurídicas diferentes. La propuesta constitucional anunciada en octubre de 2026 apunta específicamente a la segunda cuestión.

Qué cambiaría con una prohibición constitucional

Una disposición constitucional expresa podría limitar la capacidad de los gobiernos estatales y municipales para entregar a empresas privadas la operación de servicios de agua potable. Sin embargo, el alcance efectivo dependería de la redacción de la reforma, de las modalidades de participación privada que eventualmente se permitieran y de las disposiciones transitorias aplicables a contratos existentes.

También sería necesario determinar cómo se financiarían las obras de infraestructura y qué responsabilidades corresponderían a los organismos operadores públicos. La construcción de acueductos, el mantenimiento de redes, la potabilización y el tratamiento de aguas residuales requieren inversiones continuas. Una prohibición sobre la operación privada no resolvería automáticamente las necesidades presupuestarias, técnicas y administrativas de los sistemas de abastecimiento.

La reforma todavía debe recorrer un proceso legislativo

Para incorporar una prohibición de este tipo a la Constitución mexicana sería necesario tramitar una reforma constitucional. Conforme al procedimiento establecido en el artículo 135, las modificaciones requieren el respaldo de una mayoría calificada de dos tercios de los legisladores presentes en el Congreso de la Unión y la aprobación de la mayoría de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México.

Hasta la información verificada para esta publicación, Sheinbaum había expresado su intención de elevar la protección del servicio público del agua a rango constitucional, pero sus declaraciones del 22 de octubre no precisaron un articulado definitivo ni un calendario legislativo. La iniciativa abriría una discusión sobre el papel del Estado, las concesiones vigentes y las responsabilidades de los distintos niveles de gobierno en la prestación de un servicio esencial.

El futuro de la gestión del agua en México

El planteamiento presidencial sitúa la administración del agua entre los asuntos centrales de la política pública mexicana. El crecimiento urbano, la contaminación de las fuentes de abastecimiento, la presión sobre los acuíferos y las necesidades de infraestructura representan desafíos que requieren coordinación institucional y financiamiento sostenido.

El acuerdo alcanzado en Jalisco constituye un ejemplo de la orientación defendida por el Ejecutivo federal: financiar obras mediante cooperación entre administraciones y mantener la operación del servicio bajo responsabilidad pública. La eventual reforma constitucional determinará si ese criterio se convierte en una obligación jurídica general para todo México y bajo qué condiciones podrá participar el sector privado en el futuro.