México y su batalla por el agua: del desastre colonial al saneamiento de ríos tóxicos

El drama del agua contaminada en México no es un fenómeno reciente ni producto exclusivo de la vida moderna. Sus orígenes se hunden en el siglo XVI, cuando la Conquista y la colonización española, francesa e inglesa, que pusieron en marcha un proceso que terminaría marcando para siempre la relación del país con sus recursos hídricos. Los españoles iniciaron entonces la desecación sistemática de la cuenca lacustre del Valle de México y desmantelaron la sofisticada infraestructura hidráulica que habían levantado los mexicas.

Aquel giro resultó determinante. A medida que los lagos fueron transformados en canales de desagüe terrestres, los ríos empezaron a mutar, de a poco, en verdaderos depósitos de aguas residuales. Lo que durante siglos había sido un sistema de equilibrio se convirtió en el germen de un problema que llega hasta nuestros días.

Cuando la industria agravó todo

Si bien el daño venía de lejos, la situación recién alcanzó niveles verdaderamente críticos —con la toxicidad propia de la actividad industrial moderna— hacia mediados del siglo XX.

Así fue el violento enfrentamiento en Guadalajara entre anifestantes que exigían agua potable durante la protesta contra la policía:

El vertiginoso crecimiento de las ciudades, la ausencia de plantas de tratamiento y un auge industrial sin controles adecuados empujaron la contaminación a dimensiones nunca antes vistas. El agua dejó de ser apenas un asunto sanitario para transformarse en una emergencia de salud pública y ambiental.

Gobiernos que intentaron frenar el deterioro

A lo largo de la historia de la república mexicana, distintas administraciones encararon el problema con leyes, obras e instituciones que buscaron, con mayor o menor éxito, contener el avance de la contaminación.

Durante el mandato de Porfirio Díaz (1876–1911), el Estado reforzó su control sobre las aguas nacionales a través de leyes de fomento sancionadas en 1888. En 1900 se inauguró el Gran Canal del Desagüe, una obra pensada sobre todo para evitar inundaciones, pero que también apuntaba a sacar de manera masiva los desechos sanitarios fuera de las urbes. Fue, en los hechos, el puntapié de una gestión sanitaria centralizada del recurso.

Décadas más tarde, los gobiernos de Lázaro Cárdenas y Manuel Ávila Camacho (1934–1946) reformularon el marco del Artículo 27 constitucional para ampliar la regulación federal del agua. En 1945 incorporaron las aguas subterráneas a ese esquema, con el objetivo de frenar la explotación descontrolada de pozos y ordenar el saneamiento básico tanto en el ámbito ejidal como en el agrícola.

Ya en los años 70, la presidencia de Luis Echeverría (1970–1976) enfrentó el alarmante aumento de las descargas industriales y sanitarias sin control. Su respuesta fue iniciar la construcción de la red del Drenaje Profundo, una infraestructura destinada a evacuar las aguas negras mezcladas con las pluviales.

El turno de Carlos Salinas de Gortari (1988–1994) trajo cambios institucionales de peso: en 1989 nació la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y en 1992 se promulgó la Ley de Aguas Nacionales. El propósito era regular el mercado del agua, ordenar el otorgamiento de concesiones y fijar lineamientos de descarga, además de trasladar responsabilidades de tratamiento a los estados y a consorcios privados.

Del derecho humano al agua a la ofensiva actual

Las administraciones federales más recientes profundizaron ese camino. Junto a las instituciones judiciales, reforzaron la normativa vigente, y en 2012 se dio un paso de enorme simbolismo: el acceso al agua limpia y potable quedó consagrado como derecho humano de rango constitucional en México.

En la etapa actual, la gestión encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum colocó el rescate de los cuerpos hídricos entre sus prioridades. El eje es un plan nacional de saneamiento orientado a los ríos más castigados por la contaminación, entre ellos el Lerma-Santiago, el Tula y el Atoyac. Según la propia administración federal, el esquema prevé una inversión de 20 mil millones de pesos destinada a la rehabilitación y construcción de 23 plantas de tratamiento de aguas residuales, además de la instalación de estaciones de monitoreo químico.

El empuje también se siente en el plano estatal. En Jalisco, por ejemplo, se acordaron proyectos de modernización para sustituir los viejos sistemas de abastecimiento y levantar nuevas plantas potabilizadoras, una respuesta directa a las emergencias por agua turbia que afectaron a metrópolis como Guadalajara. De acuerdo con las autoridades responsables del plan, la meta es revertir décadas —y en cierto sentido siglos— de deterioro acumulado.

Un desafío que trasciende generaciones

La historia del agua en México funciona casi como un espejo de su historia política y social. Lo que comenzó con la desecación de los lagos en tiempos coloniales se convirtió, con el correr de los siglos, en una de las deudas ambientales más persistentes del país. Cada gobierno dejó su marca, con leyes y obras que buscaron contener un problema que nunca terminó de resolverse del todo.

Hoy, con un plan ambicioso sobre la mesa y el agua reconocida como derecho humano, México vuelve a intentar torcer el rumbo. El tiempo dirá si esta nueva ofensiva logra sanear ríos que llevan generaciones recibiendo los desechos de un desarrollo que, durante demasiado tiempo, miró hacia otro lado.