Causa FMI: Casación archivó el préstamo de USD 57.100 millones y benefició a Macri y Caputo

Casación cerró para siempre la causa por el megapréstamo del FMI que benefició a Macri y a Caputo

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal argentina puso punto final a una de las causas más resonantes y escandalosas de la última década en Argentina: la que investigaba el crédito de 57.100 millones de dólares que el Fondo Monetario Internacional le concedió en 2018 a la administración de Mauricio Macri. Con la ratificación del archivo definitivo, los jueces dejaron sin efecto cualquier posibilidad de avance penal sobre el endeudamiento récord.

La resolución favoreció de manera directa a tres figuras de peso del actual escenario político argentino: el propio Macri, el ministro de Economía Luis Caputo y el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger. Los tres quedaron desligados de toda responsabilidad penal en el expediente.

El argumento de los jueces: una decisión que “no puede juzgarse”

Los camaristas Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky confirmaron los pronunciamientos previos que ya habían establecido la “inexistencia de delito”. El eje del razonamiento judicial fue que el endeudamiento con el organismo internacional constituyó una definición de política económica adoptada por el poder público y que, en consecuencia, se trata de una materia “no judiciable”, imposible de revisar o castigar por los tribunales.

El archivo quedó firme, además, por una pieza clave del engranaje judicial: el fiscal ante la Casación, Raúl Pleé, optó por desistir del recurso de apelación. Entendió que, después de años de pesquisa, no se había conseguido sostener ninguna hipótesis delictiva concreta. Sin fiscal que insistiera, la causa no tenía margen para continuar.

Esta misma semana también hubo novedades fuertes con eso. El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi sobreseyó definitivamente a Javier Milei y a Karina Milei en la causa $LIBRA, y el caso del «3%» quedó unificado dentro de ese mismo cierre.

La causa $LIBRA investigaba si el presidente y su hermana armaron una estafa con una criptomoneda que Milei promocionó en sus redes y después se desplomó. El caso del «3%» nació de unos audios filtrados donde un exfuncionario (Diego Spagnuolo) decía que se cobraban coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y que ese porcentaje iba para Karina.

El juez Martínez de Giorgi cerró todo argumentando que los hechos no son un delito. La oposición denunció «impunidad» porque, semanas antes, el gobierno le había aprobado el pliego a la esposa del juez para ser jueza federal, y además se echó de la causa a los damnificados para que nadie pudiera apelar el fallo.

La oposición habla de impunidad y marca el contraste con Cristina

En la vereda opuesta, agrupaciones y referentes del peronismo y el kirchnerismo —entre ellos La Cámpora— junto a sectores de la izquierda rechazaron de plano el fallo y denunciaron una supuesta falta de imparcialidad. Desde esa lectura, se apunta contra los magistrados firmantes por presuntos vínculos o cercanía con exfuncionarios de la gestión de Cambiemos, y se interpreta la decisión como un salvoconducto hacia la impunidad.

No pasó desapercibido para esos sectores un dato de fuerte carga simbólica: el cierre de la causa del préstamo coincidió con el arranque de un nuevo juicio oral contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Ese paralelismo —impunidad para unos, persecución para otros, según la óptica opositora— alimentó el reclamo político.

Comodoro Py: una década de disputas por el control de los jueces

Para entender este desenlace conviene mirar cómo se fue moldeando el tablero judicial argentino, en especial el fuero federal de Comodoro Py, el que investiga al poder político. La integración de esos tribunales atravesó cambios profundos, pulseadas partidarias y virajes de estrategia a lo largo de los sucesivos gobiernos. El reacomodamiento puede ordenarse en cuatro grandes etapas.

La etapa Macri, derecha «progre» para pocos (2015-2019): decretos y traslados. Al asumir, Macri designó por decreto y “en comisión” a Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti para la Corte Suprema. Frente a los cuestionamientos institucionales, los pliegos terminaron pasando por el Senado, que los aprobó formalmente. En paralelo, ante la enorme cantidad de vacantes, el gobierno apeló a los traslados de jueces: mover a un magistrado de un tribunal a otro del mismo rango sin concurso nuevo ni aval del Senado. Con esa herramienta se rediseñó la Cámara Federal porteña —el tribunal estratégico que revisa los expedientes de corrupción—, donde desembarcaron Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.

La etapa Alberto Fernández, «Social-Demócratas», ¿Centro-derecha? (2019-2023): la ofensiva contra los traslados. El Frente de Todos, con mayoría afín en el Consejo de la Magistratura y en el Senado, impulsó revisar esos movimientos, por considerarlos inconstitucionales al saltearse el acuerdo de la Cámara Alta. El conflicto escaló hasta la Corte Suprema en 2020, que resolvió que los traslados eran provisorios: Bruglia y Bertuzzi podían seguir en sus cargos, pero solo hasta que se sustanciaran los concursos públicos para cubrirlos de manera definitiva.

La etapa Milei, la libertad para unos pocos, y el resto que se c@g&^ (2023-2026): cobertura masiva y consolidación. El actual gobierno aceleró el envío de pliegos y reactivó concursos demorados. En septiembre de 2026, el presidente oficializó la designación de más de 60 magistrados federales —camaristas, jueces, fiscales y defensores— con acuerdo previo del Senado. Un mes antes, en agosto, el Ejecutivo había remitido las postulaciones para regularizar las vocalías de la Sala I de la Cámara Federal porteña. El Senado aprobó los pliegos y Milei nombró formalmente a Pablo Bertuzzi —que así consolidó por concurso su lugar, tras los reparos del kirchnerismo— y a Pablo Yadarola.

El cambio de reglas de La Libertad Avanza para elegir jueces

A mediados de 2026, el gobierno introdujo modificaciones de fondo en el histórico mecanismo de autolimitación presidencial para seleccionar magistrados, consagrado en el Decreto 222/03.

En términos sencillos, La Libertad Avanza reescribió las reglas para designar a los jueces más importantes del país. Eliminó la exigencia de paridad de género —aquella mitad de hombres y mitad de mujeres—, simplificó (volviéndolos menos rigurosos y más desregulados) los controles patrimoniales a cargo de la AFIP y limitó la publicidad de las declaraciones de bienes de los candidatos, que ahora quedan más resguardadas de la mirada pública.

El resultado es un fuero federal profundamente transformado por intereses y no con votos, en el que el cierre de la causa del préstamo del FMI se inscribe como un capítulo más de una larga disputa por quién controla a los jueces que juzgan al poder politico-económico.