Bukele anunció que liberará al 50% de los privados de libertad acusados de ser pandilleros

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció que su Gobierno evalúa un plan de liberación anticipada y condicional que podría alcanzar a cerca del 50% de los presos acusados de colaborar con pandillas. La propuesta contempla supervisión después de la salida de prisión, aunque todavía no tiene un calendario público de aplicación.

El mandatario expuso la iniciativa el martes 13 de octubre de 2026, durante una conferencia en Casa Presidencial. Según la cobertura de La Prensa Gráfica, respondió a una consulta sobre la revisión de detenciones realizadas bajo el régimen de excepción. La estimación anunciada no equivale a una orden de liberar inmediatamente a la mitad de toda la población carcelaria.

Qué presos podrían acceder a la liberación anticipada

Bukele sostuvo que se deben distinguir los diferentes grados de participación en las actividades de las pandillas. Su argumento es que vivir en comunidades sometidas al control de esas organizaciones generaba situaciones distintas, que deberían ser consideradas al revisar cada caso. La propuesta apunta a personas señaladas como colaboradoras de esas estructuras.

“O sea, es culpable, pero liberarlo condicionalmente”, afirmó el presidente, según recogió EFE. Para ilustrar su criterio, diferenció a quien participó en el entierro de un cadáver de un joven utilizado para alertar sobre la llegada de la Policía. La comparación expresa el criterio presidencial, pero no sustituye una evaluación judicial de responsabilidades.

Qué falta conocer sobre el plan de Bukele

Las informaciones publicadas tras la conferencia no incluyen una fecha de inicio, un número definitivo de beneficiarios ni reglas completas de selección. El mandatario no precisó qué institución dirigirá las evaluaciones, si se necesitarán reformas legales o cómo funcionará el monitoreo anunciado para quienes salgan.

El alcance del porcentaje requiere, además, una delimitación oficial. El anuncio se refirió a presos vinculados con la colaboración con pandillas y fue presentado como una estimación. Por eso, convertir ese 50% en una cantidad cerrada de personas, aplicándolo al total acumulado de capturas, daría una precisión que las autoridades todavía no ofrecieron.

El régimen de excepción sigue vigente

La iniciativa aparece después de más de cuatro años de una política de detenciones masivas. El régimen de excepción comenzó en marzo de 2022 y, según los datos oficiales citados por EFE, acumulaba al menos 93.162 capturas. Ese registro corresponde a detenciones reportadas y no constituye por sí solo un censo actualizado de personas encarceladas.

La estrategia permitió al Gobierno exhibir una fuerte caída de los homicidios, de acuerdo con las estadísticas oficiales. Al mismo tiempo, organizaciones de derechos humanos han denunciado detenciones arbitrarias y vulneraciones del debido proceso. Bloomberg Línea recogió señalamientos de la CIDH y Human Rights Watch sobre los abusos registrados durante la aplicación de estas medidas.

Abraham Abrego, director legal de Cristosal, recordó a AFP que revisar los casos de personas inocentes detenidas es una demanda reiterada de las organizaciones humanitarias. También cuestionó que los posibles beneficiarios sean presentados como colaboradores de pandillas y advirtió que determinar la culpabilidad corresponde al sistema de justicia.