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La llegada de la ultraderecha al gobierno de Finlandia provoca su peor crisis económica en décadas

Desde que asumió en 2023 el gobierno de Petteri Orpo con el ultraderechista Partido de los Finlandeses como socio clave, el país aplicó el mayor recorte del Estado de bienestar en décadas. Tres años después, el modelo choca a toda velocidad contra la realidad.

Petteri Orpo (centro), primer ministro de Finlandia
Petteri Orpo (centro), primer ministro de Finlandia

La promesa era tan contundente como el diagnóstico: Finlandia necesitaba un ajuste severo, menos gasto social y un mercado laboral más flexible para volver a crecer. Esa fue la apuesta de la coalición que asumió el gobierno en junio de 2023, encabezada por el conservador Petteri Orpo y con el ultraderechista Partido de los Finlandeses en carteras decisivas, como Finanzas —en manos de Riikka Purra— y Asuntos Sociales y Salud. Tres años después, los datos pintan un cuadro muy distinto al prometido.

El país atraviesa uno de los peores momentos económicos de su historia reciente. En marzo, la tasa de desempleo trepó al 11,1%, su nivel más alto desde mayo de 2015; el último dato disponible, de julio, la ubicó en 10,5%, todavía entre las más elevadas de toda la Unión Europea. Entre los jóvenes de 15 a 24 años, la desocupación ronda el 24%.

La economía, además, encadenó varios trimestres de caída del PIB a lo largo de 2025, lo que la hundió en una recesión técnica, mientras la deuda pública sigue en trayectoria ascendente y las proyecciones la sitúan por encima del 90% del PIB hacia 2027.

El deterioro de Finlandia no ocurre en un vacío político

El Ejecutivo de Orpo llegó con una agenda explícita: aplicar un ajuste fiscal severo, reducir el gasto social y flexibilizar el mercado laboral, el mismo discurso usado por otros líderes como Javier Milei o José Antonio Kast, presuntamente, para “dinamizar el empleo y frenar el endeudamiento”. La receta se puso en marcha con un paquete de recortes valuado en 9.000 millones de euros, cerca del 3,3% del PIB, implementado entre 2023 y 2024. Se rebajaron prestaciones por desempleo y vivienda, se cerraron instalaciones médicas y se aprobó una reforma laboral que facilitó los despidos.

La lógica oficial era que, al reducir el riesgo de contratación para las empresas, terminarían generándose más puestos de trabajo. En paralelo, el gobierno bajó el impuesto a la renta buscando estimular el consumo.

El resultado fue el contrario: un desempleo en alza

El desempleo no cedió: escaló de forma sostenida durante 2025 y los primeros meses de 2026, hasta convertirse en el más alto de la zona euro, y en algunos meses llegó a superar incluso al de España. La construcción, históricamente uno de los principales empleadores del país, se desplomó a mínimos históricos.

El consumo de los hogares cayó de forma sostenida durante 2025, mientras el ahorro acumulado de las familias finlandesas alcanzó un máximo histórico superior a los 115.000 millones de euros. La gente dejó de gastar, justo lo contrario de lo que el ajuste necesitaba para funcionar.

Las alertas también llegaron desde el exterior. La agencia calificadora Fitch le bajó la nota crediticia a Finlandia en 2025 por primera vez en casi una década, citando el aumento sostenido de la deuda y la falta de señales de que el gobierno pueda contenerla. La Comisión Europea, por su parte, evalúa un Procedimiento de Déficit Excesivo contra el país, al proyectar que el rojo fiscal superará el límite del 3% del PIB durante varios años consecutivos.

El propio gobierno reconoció las dificultades y presentó, para el presupuesto 2026, una restricción adicional de 1.000 millones de euros en gasto público. Lo hizo en simultáneo con un fuerte incremento del presupuesto de defensa. Esa combinación —menos bienestar social, más gasto militar— es señalada por economistas y organizaciones sociales como uno de los ejes más cuestionados de la gestión Orpo-Purra.

Lauri Holappa, del Centro Finlandés para el Nuevo Análisis Económico, presentó simulaciones que sugieren que las propias medidas de austeridad profundizaron el enfriamiento económico en lugar de revertirlo. La propia Purra, ministra de Finanzas, admitió públicamente que “el desempleo es nuestro mayor problema en este momento”, aunque defendió la necesidad del ajuste calificando el déficit heredado como un “problema crónico”.

Hacia mediados de 2026 empezaron a aparecer señales de una recuperación moderada. El Banco de Finlandia elevó en junio su proyección de crecimiento a 0,7% para el año, dejando atrás dos años de estancamiento, con una expansión algo mayor esperada para 2027 y 2028. Sin embargo, la mejora convive con una deuda pública que el propio banco central y la Comisión Europea siguen viendo subir, hacia el 91-93% del PIB en 2026-2027, lo que complica el objetivo de largo plazo del gobierno de instalar un freno constitucional a la deuda.

El caso finlandés se volvió un punto de referencia incómodo para la derecha radical europea. Un país que durante años fue citado como modelo de estabilidad y bienestar nórdico transita, bajo un gobierno con la ultraderecha en el poder, su peor desempleo en más de una década y una crisis de deuda que la propia Unión Europea observa con preocupación.

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