Trump lanzó el «Escudo de las Américas» y ofreció bombardear Latinoamérica contra el narco

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reunió el sábado 7 de marzo de 2026 a doce mandatarios de América Latina y el Caribe en el Trump National Doral Miami, su complejo privado en Florida, para dar forma a una nueva estructura de seguridad regional bautizada “Shield of the Americas”, que se traduce como “Escudo de las Américas”. El encuentro no fue convocado bajo ningún organismo multilateral existente sino bajo invitación directa de la Casa Blanca, lo que desde el inicio marcó el carácter discrecional de la iniciativa.

Durante su alocución ante los presidentes reunidos, Trump formuló declaraciones de alcance militar explícito. “Si quieren usaremos misiles, tenemos misiles extremadamente precisos. Puedo mandar un misil directo al líder narco más importante de su país. ¡Boom! Y explota en la sala de estar del jefe del cartel”, sostuvo. La afirmación no fue presentada como hipótesis, sino como capacidad operativa disponible para los países que integren la coalición.

El marco general de la iniciativa fue descrito por el propio Trump en los siguientes términos: “El corazón de nuestro acuerdo es un compromiso de usar fuerza militar letal para destruir los siniestros carteles y redes terroristas de una vez por todas”. La coalición contempla intercambio de inteligencia, operaciones conjuntas y control de rutas utilizadas por el crimen organizado para el tráfico de drogas y personas.

Lo que precedió a la cumbre de Miami

La reunión en Doral no constituyó el primer movimiento militar de la administración Trump en la región. Desde septiembre de 2025, fuerzas estadounidenses ejecutaron al menos 27 ataques contra embarcaciones identificadas como narcolanchas en el océano Pacífico y el mar Caribe. Según la versión oficial, esas operaciones dejaron alrededor de 130 personas muertas, identificadas como presuntos integrantes de redes de narcotráfico.

Esa secuencia de ataques marítimos estuvo respaldada por una directiva secreta que Trump firmó en agosto de 2025, mediante la cual instruyó al Pentágono a desarrollar planes operativos contra carteles en territorio latinoamericano. El documento, de dos páginas, listaba 24 organizaciones designadas como “narcoterroristas”, entre grandes carteles, grupos previamente catalogados como terroristas y bandas mexicanas de menor escala. El proceso de elaboración de esa directiva prescindió de la revisión habitual por parte de abogados militares y del Consejo de Seguridad Nacional.

En diciembre de 2025, Trump declaró públicamente que fuerzas estadounidenses destruyeron una instalación en Venezuela vinculada al despacho de embarcaciones narcotraficantes, en una operación ejecutada días antes de Navidad. Semanas después, Ecuador habilitó operaciones militares conjuntas en su territorio, en el marco de las cuales se bombardeó y destruyó un campamento de entrenamiento de los Comandos de la Frontera, grupo disidente de las extintas FARC.

Cuestionamientos legales desde organismos internacionales

Las operaciones marítimas generaron señalamientos de diversa procedencia. La ONU y varias organizaciones de derechos humanos cuestionaron la legalidad de los ataques bajo el derecho internacional humanitario, y algunos legisladores estadounidenses de ambos partidos indicaron que un segundo ataque ejecutado contra sobrevivientes de una embarcación ya destruida podría configurar un crimen de guerra. Las menciones recayeron específicamente sobre el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

A eso se suma una contradicción señalada por agencias del propio gobierno norteamericano: el fentanilo ilegal ingresa a Estados Unidos principalmente por la frontera terrestre con México, no por rutas marítimas. La estrategia de concentrar los primeros ataques en embarcaciones fue explicada por Trump con el argumento de que, de haberse iniciado por tierra, los grupos criminales habrían migrado sus operaciones al mar.

Para México, la existencia de una directiva presidencial que autoriza planes de ataque en su territorio representa una tensión directa con el principio de soberanía nacional. La presidenta Claudia Sheinbaum no fue convocada a la cumbre, al igual que los mandatarios de Brasil y Colombia, tres países que concentran segmentos centrales de la producción y el tránsito de cocaína hacia el mercado estadounidense.

Una arquitectura con ausencias estructurales

Los doce gobiernos presentes en Miami representan un bloque de afinidad ideológica con la administración Trump, pero no cubren la geografía del problema que la coalición pretende resolver. La exclusión de México, Brasil y Colombia —actores ineludibles en cualquier estrategia antinarcóticos de escala hemisférica— reduce el alcance operativo de la alianza desde su constitución.

La iniciativa ingresa además a un escenario institucional ya saturado. En América Latina y el Caribe coexisten más de 40 organismos y mecanismos regionales, entre bloques comerciales, órganos políticos y entidades subregionales. La incorporación de una nueva estructura paralela, construida sobre criterios de afinidad política más que de representación geográfica o técnica, ha sido señalada por especialistas como un factor que puede profundizar la fragmentación de la gobernanza regional.

El riesgo de que la estrategia consolide bloques ideológicos contrapuestos dentro de América Latina fue identificado como un elemento que podría dificultar la cooperación en áreas distintas a la seguridad, incluyendo comercio, migración y gestión de recursos naturales. La coalición queda así configurada como un instrumento de geometría variable, cuya efectividad depende en gran medida de la adhesión de actores que hoy permanecen fuera de ella.