Argentina: se aprobó la reforma laboral más regresiva de su historia

A mediados de febrero de 2026, el Senado argentino aprobó con media sanción una reforma laboral que el gobierno de Javier Milei impulsa bajo el nombre de Ley de Modernización Laboral. Todavía tiene que pasar por Diputados, pero ya genera una grieta profunda. Para el oficialismo, es una actualización necesaria de reglas viejas y rígidas. Para sindicatos como la CGT, buena parte de la oposición y académicos progresistas, es un retroceso histórico que ajusta por el lado más débil: el trabajador.

La norma modifica la Ley de Contrato de Trabajo (20.744), la Ley de Empleo y otras normas sobre jornada y organización sindical. El gobierno dice que así se fomenta el empleo formal, se bajan costos empresariales y se atraen inversiones. Pero quienes la critican sostienen que, en los hechos, precariza, terceriza y licúa derechos construidos durante décadas por el movimiento obrero.

Uno de los puntos más sensibles es el cambio en las indemnizaciones por despido. Se achica la base de cálculo: se excluyen aguinaldo, vacaciones no gozadas, bonos y otros conceptos que no sean estrictamente mensuales. Además, si hay actualización judicial, queda limitada a inflación más un 3% anual, algo que con índices como los nuestros licúa cualquier monto en poco tiempo. Por si fuera poco, se habilita un fondo alternativo por convenio colectivo —el Fondo de Asistencia Laboral— que puede reemplazar la indemnización clásica por un sistema de aportes compartidos. El riesgo, señalan, es que el trabajador termine cobrando menos y que además se desvíen recursos que hoy van a la ANSES.

Otro mecanismo que genera rechazo es el banco de horas. Básicamente, las horas extra pueden compensarse con tiempo libre futuro en lugar de pagarse. En teoría suena a descanso, pero en la práctica, con la asimetría de poder que hay en una relación laboral, muchos críticos creen que el trabajador va a terminar haciendo esas horas sin ver un peso extra, y encima con jornadas que podrían estirarse hasta doce horas en algunos sectores. El cansancio no se compensa con un día libre dos meses después.

También tocaron las vacaciones. Ahora se pueden fraccionar en períodos mínimos de siete días, por acuerdo individual o colectivo. Puede parecer una flexibilidad útil para algunos, pero especialistas en salud laboral advierten que el descanso fragmentado no cumple la misma función reparadora que el corrido. Y en un contexto de presión para aceptar condiciones, no todos los acuerdos son realmente libres.

En materia de negociación colectiva, se elimina la ultraactividad automática. Esto quiere decir que cuando vence un convenio colectivo, los beneficios que estaban por encima de la ley dejan de aplicarse. El trabajador queda automáticamente bajo el piso legal —que es más bajo— hasta que se firme uno nuevo. Y para hacerlo más complejo, se priorizan los acuerdos por empresa o incluso individuales por sobre los de rama o sector. El poder de negociación se atomiza y, con eso, los convenios más protectores pierden fuerza.

Huelgas: qué cambia con la reforma y por qué algunos gremios hablan de “ajuste”

Sobre el derecho a huelga, la reforma amplía la definición de servicios esenciales y trascendentales. Eso implica que en más actividades —transporte, salud, educación, entre otras— se restringe la posibilidad de paro. Para los sindicatos, es un ataque directo a una de las pocas herramientas de presión que tienen los trabajadores frente a una empresa.

Después hay cambios estructurales que apuntan a legalizar formas de trabajo que hasta ahora estaban en los bordes. Se crea la figura del trabajador independiente con colaboradores, que permite a un monotributista tener hasta cinco personas trabajando para él sin que exista relación de dependencia. Esto, en los hechos, facilita la tercerización encubierta y deja afuera derechos como aguinaldo, vacaciones pagas o indemnización. También se excluye explícitamente a plataformas digitales y ciertos contratos del ámbito de la Ley de Contrato de Trabajo. A eso se suman una reducción de multas por trabajo no registrado y blanqueos amplios que, mirados con lupa, funcionan como una condonación de la informalidad en pymes.

Los cambios no son solo de fondo, también de forma. En el plano procesal, se habilitan pagos en cuotas para condenas laborales y se acortan plazos procesales. Para alguien que ya perdió el trabajo y encara un juicio, esto puede hacer que cobrar sea una carrera de obstáculos aún más larga.

El gobierno de Milei festeja la regresiva reforma laboral

El gobierno sostiene que con estas reglas se va a desactivar la llamada industria del juicio y que, al bajar costos, las empresas van a contratar más en blanco. Pero quienes han estudiado reformas similares —como la de Perú o las que se hicieron acá en los noventa— señalan que el resultado no fue más empleo, sino más precarización. De hecho, en Argentina, entre 2025 y 2026, pese a cierto crecimiento en algunos sectores vinculados al RIGI, el empleo registrado venía cayendo en varias ramas.

Todo esto ocurre en un país con casi 40% de informalidad y una asimetría enorme entre el capital y el trabajo. Para la CGT y los espacios críticos, esta ley no es más que un traslado directo de recursos de los trabajadores a los empleadores, disfrazado de modernización.

La norma salió del Senado con 42 votos contra 30, en medio de protestas masivas y después de algunas modificaciones de último momento —como mantener la cuota sindical obligatoria—. Pero el verdadero debate recién empieza. Falta el tratamiento en Diputados y, si se aprueba, se esperan decenas de amparos y judicializaciones. El impacto final, por ahora, es una incógnita. Lo que no es incógnita es la polarización que ya generó.