Unasur y OEA serán veedores en la consulta popular que divide a Ecuador

Delegados de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y Organización de Estados Americanos (OEA), llegaron a Ecuador para constatar transparencia del proceso electoral de cara la Consulta Popular convocada por el presidente Lenín Moreno que se llevará a cabo este domingo 4 de febrero.

Algunos ciudadanos ecuatorianos comenzaron a emitir sus votos esta semana. Según informa la prensa local más de 8000 personas privadas de su libertad, pero sin condena firme, estuvieron habilitados para votar. Algunos internos dijeron que la información que les brindaron fue sólo de manera oral, sin ningún material de consulta escrito.

Los adultos mayores de 65 años y las personas que cuentan con una discapacidad física superior al 75% también votaron de manera anticipada.

Este domingo se llevará a cabo el grueso de la votación en la cual los ecuatorianos deberán decir “sí” o por “no” a siete preguntas elaboradas por el Ejecutivo sobre cuestiones como corrupción, reelección indefinida, naturaleza, minería y la no prescripción de los delitos sexuales contra menores.

Las cinco primeras son un referéndum, porque implican cambios en la Constitución. Las dos últimas son interrogantes que modificarán leyes menores con una consulta popular.

La campaña electoral de cara a esta consulta popular y referéndum aumentó aún mas la brecha entre Moreno y el exmandatario Rafael Correa ya que uno hizo campaña por el sí y el otro por el no.

La opción del Sí, apoyada por el presidente ecuatoriano Lenín Moreno, llama a votar afirmativamente en todas las preguntas, principalmente las que proponen la eliminación de la reelección indefinida en la Constitución, la derogación de la Ley de Plusvalía y cesar y reemplazar al Consejo de Participación y Control Social.

Correa por su parte aboga por el “no”, sobre todo en lo que refiere a la pregunta de reelección ya que según denuncia tiene como objetivo inhabilitarlo de la vida política del país.

En el mismo sentido sostiene que la pregunta que plantea inhabilitar a los políticos condenados por corrupción es también una vía, judicial, para bloquear su regreso. “Se inventarán un delito contra mí para inhabilitarme. Es la nueva estrategia de la derecha para destruir a los dirigentes progresistas, como hicieron con Dilma, Lula o Cristina”, advirtió.