Junta de Durazno investigará contratación de fundación libertaria que fue observada por el TCR
Free fue contratada para suministrar hasta 200 trabajadores a Durazno; ediles cuestionan su habilitación y el MEC estudia cambios.
La contratación de la fundación Free por la Intendencia de Durazno será investigada por la Junta Departamental. Los 31 ediles aprobaron por unanimidad una comisión para examinar una adjudicación destinada a suministrar hasta 200 trabajadores, observada por el Tribunal de Cuentas por la falta de habilitación estatutaria de la organización para prestar ese servicio.
El proyecto de reforma del estatuto continúa en estudio en el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), según fuentes de la cartera consultadas por la diaria. La situación contrasta con la explicación del intendente Felipe Algorta, quien había asegurado que la observación era subsanable y que la fundación ya había resuelto el problema.
Qué observó el Tribunal de Cuentas sobre la fundación Free
El Tribunal de Cuentas cuestionó el gasto porque el objeto previsto en el estatuto de Free no contempla el suministro de mano de obra a terceros. La observación se refiere a la actividad para la cual fue seleccionada por la comuna: proporcionar recursos humanos, una tarea distinta de los fines de difusión de ideas y formación de dirigentes que establece su estatuto.
La adjudicación se confirmó en mayo y ya había unas 30 personas contratadas mediante la fundación al conocerse la aprobación de la investigadora. El edil nacionalista Gabriel Díaz Landoni promovió la investigadora para conocer qué criterio utilizó la Intendencia de Durazno para continuar con la contratación después del reparo formulado por el organismo de control.
La reforma del estatuto sigue bajo estudio del MEC
La fundación presentó su proyecto de modificación el 14 de octubre, cuando la contratación ya había generado cuestionamientos en la Junta Departamental. Fuentes ministeriales indicaron que el trámite seguía bajo análisis y que se aguardaría el avance de la comisión investigadora. La presentación del proyecto, por tanto, no equivalía a una reforma aprobada.
La ley de fundaciones 17.163 establece en su artículo 19 que las modificaciones estatutarias adquieren validez cuando obtienen el reconocimiento de la autoridad administrativa de contralor. En este caso, la reforma pendiente busca incorporar actividades relacionadas con el suministro de personal temporal y la gestión de recursos humanos para instituciones públicas y privadas.
El alcance de los cambios y los fines de una fundación
Desde el MEC se plantearon reparos sobre la compatibilidad de ese nuevo perfil con el régimen de las fundaciones según las fuentes ministeriales. El artículo 1 de la ley 17.163 define a estas entidades como personas jurídicas que persiguen un objeto de interés general y carecen de propósito de lucro.
Free, cuyo nombre completo es Fundación Rioplatense de Estudios, fue creada en 2013 y se presenta como un centro de pensamiento liberal conservador. La preside Pablo Viana, exdiputado del Partido Nacional. Su objeto estatutario incluye promover ideas de libertad, derechos fundamentales, libre mercado e iniciativa privada, además de formar nuevas generaciones de líderes con vocación de servicio.
La respuesta de Felipe Algorta y los cuestionamientos de ediles
El intendente Felipe Algorta defendió la contratación y sostuvo que la fundación estaba en condiciones de prestar el servicio. Al referirse a la observación, declaró que era “subsanable y la fundación la arregló”. También afirmó que “era una empresa que realmente estaba apta para ser contratada”, aunque la entidad adjudicataria tiene la forma jurídica de fundación.
Díaz Landoni, que pertenece al Partido Nacional pero no integra el sector del intendente, pidió examinar posibles responsabilidades. Consideró que el incumplimiento estatutario amerita una investigación judicial y planteó la posibilidad de abuso de funciones. Su cuestionamiento apunta a la decisión de mantener la contratación pese a que el estatuto vigente no contempla el servicio adjudicado.
La validez de los contratos y la integración de la investigadora
El edil nacionalista también expresó preocupación por los trabajadores incorporados y sostuvo que los contratos carecen de validez por la falta de habilitación estatutaria. Desde el Frente Amplio, Carlos Carrica afirmó que el contrato es nulo y cuestionó que Algorta lo hubiera firmado. Ambas posiciones forman parte de los reparos políticos y jurídicos planteados durante el debate departamental.
La comisión quedó integrada por los nacionalistas Martín Sastre, Carlos Torres y Alejandro Stefanoli, el colorado Gabriel Montes de Oca y el frenteamplista José Rizzo. Montes de Oca ya había presentado un pedido de informes. Al respaldar la investigación, el edil blanco Santiago Icasuriaga defendió la actuación del oficialismo y afirmó que están convencidos de que “acá no hay nada para esconder”.
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