Lobby internacional contra el aborto legal llega a Argentina y LLA adhiere a la Declaración de Ginebra
El movimiento feminista argentino atraviesa uno de los retrocesos más graves de su historia reciente. Esto se debe tanto al desfinanciamiento público y privado como a una batalla cultural impulsada por el gobierno actual. Quienes integran el movimiento señalan que este accionar constituye una forma de violencia estatal e ideológica que, mediante un discurso político adoctrinante, promueve el odio hacia las mujeres y las disidencias.
Argentina se plegó a la cruzada global contra el aborto impulsada por Trump
El gobierno argentino formalizó su adhesión a la Declaración del Consenso de Ginebra, una plataforma internacional promovida por Donald Trump que presiona en organismos multilaterales para rechazar la legalización del aborto.
La movida se inscribe en una ofensiva más amplia que incluye la llegada a Buenos Aires de uno de los principales think tanks ultraconservadores del mundo, recibido con los brazos abiertos por La Libertad Avanza y el PRO.
Firma a puertas cerradas y anuncio tardío
El canciller Pablo Quirno y el embajador Peter Lamelas rubricaron el lunes 10 de agosto el documento que oficializa el ingreso de Argentina a la Declaración del Consenso de Ginebra sobre la Promoción de la Salud de la Mujer y el Fortalecimiento de la Familia.
Sin embargo, el Gobierno no hizo pública la noticia hasta tres días más tarde, recién cuando la información apareció en medios estadounidenses.
Desde junio, Estados Unidos asumió la secretaría de esta declaración, rol que hasta entonces ocupaba Hungría. Si bien se trata de un instrumento no vinculante —y adherir no implica que los países firmantes actúen como bloque en foros internacionales—, la señal política es clara: Argentina se alinea con un entramado global que tiene como meta central frenar cualquier avance en materia de derechos sexuales y reproductivos.
Un think tank ultraconservador con llegada directa al poder
En julio, la Political Network for Values (PNFV) —Red Política por los Valores— desembarcó en Buenos Aires con una serie de actividades que tuvieron al propio canciller Quirno como invitado estelar.
La jornada central, celebrada el 23 de julio bajo el nombre «Libertad para el Futuro: una agenda política por la natalidad y la protección de la infancia», tuvo como sede la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.
El evento fue organizado por la PNFV en alianza con organizaciones ligadas a la autodenominada «batalla cultural» libertaria. Los legisladores oficialistas Nahuel Sotelo, Santiago Santurio, Joaquín Ojeda y Nicolás Mayoraz actuaron como impulsores del encuentro, cuyo eje fue la defensa de lo que hoy se presenta como «familia tradicional», junto con el rechazo a la Educación Sexual Integral (ESI) y al aborto legal.
Entre los asistentes figuraron la exvicepresidenta Gabriela Michetti, la senadora del PRO Carmen Álvarez Rivero, el ministro de Desarrollo Humano porteño —el pastor evangélico Gabriel Mraida—, Cinthya Hotton, funcionarios del gobierno de Jorge Macri y legisladores provinciales.
La semana se completó con coloquios y capacitaciones para jóvenes organizados por la Fundación Faro, dirigida por Agustín Laje, en el Círculo Militar y la Facultad de Derecho de la UBA.
¿Quién está detrás de la PNFV?
La Political Network for Values es una plataforma transnacional creada por Jaime Mayor Oreja, exdiputado del Partido Popular español. Entre 2022 y 2024 fue liderada por el presidente chileno José Antonio Katz, quien cedió la conducción a Lola Velarde, referente ultraconservadora vinculada al partido Vox. En sus orígenes, parte de su financiamiento provenía del exmandatario húngaro Viktor Orbán.
La red ya mantenía contactos con Argentina que en los últimos años se hicieron más visibles a través de la vicejefa del Gobierno porteño, Clara Muzzi. Desde la propia PNFV aseguran que no buscan incidir políticamente al interior de los países, sino que «solo buscan generar condiciones para que sus valores se vuelvan hegemónicos».
El aborto legal como blanco principal
La estrategia conjunta de la PNFV con La Libertad Avanza y el PRO tiene un objetivo prioritario: que la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) deje de ser concebida como un derecho en Argentina.
«Están todos los proyectos, hasta la máxima de dar vuelta la ley del aborto», dijo después del encuentro Álvarez Rivero, senadora cordobesa cercana a Patricia Bullrich.
La legisladora reconoció que existe una agenda para modificar políticas aprobadas en las últimas dos décadas, pero matizó que la derogación de la ley no depende exclusivamente del Congreso. «Para que esto se dé, se necesita que la sociedad lo trabaje y lo pida», señaló.
El objetivo de fondo, entonces, no es solo legislativo: se trata de construir redes territoriales capaces de desmantelar políticas públicas y torcer los consensos sociales en torno a la igualdad, la justicia social y los derechos sexuales y reproductivos.
Las encuestas dicen otra cosa
Las encuestas dicen otra cosaRevertir esos consensos, sin embargo, no parece tarea sencilla. Los datos disponibles muestran que, pese a la retórica oficial y la presión de estas redes, la sociedad argentina mantiene posiciones mayoritariamente favorables a los derechos conquistados en las últimas décadas.
El observatorio Pulsar, de la Universidad de Buenos Aires, revela que 7 de cada 10 argentinos siguen apoyando la existencia del matrimonio igualitario. Más de siete de cada diez personas consideran que aún falta trabajar en materia de igualdad de género. «En estos temas, la sociedad argentina se muestra culturalmente progresista y estable», dice la encuesta.
Por su parte, el estudio «Puntos de vista sobre género y derechos sexuales y reproductivos en Argentina», elaborado por el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), desmonta la idea de una sociedad que se volvió masivamente «antigénero».
El 23% considera que la violencia de género sigue siendo el principal problema que enfrentan las mujeres, con igual porcentaje para los abusos sexuales. La violencia de género en la pareja alcanza un 26% y los abusos y la violencia sexual un 31%.
El acceso a anticonceptivos para prevenir embarazos no deseados concita niveles de acuerdo superiores al 80%. Casi la mitad de la población conoce a alguien que abortó. Y cuando se preguntó cuánto debería invertir el Estado en asistencia a mujeres víctimas de violencia de género, el 49% respondió que debería invertir «mucho».
Estos números sugieren que, al menos por ahora, los consensos que los feminismos lograron instalar en Argentina siguen en pie, y que la ofensiva internacional que busca revertirlos enfrenta una barrera que no será fácil de derribar.
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