Corte Suprema de México rechaza proyecto de ley que despenalizaba aborto en Veracruz

El martes, cuatro de los cinco ministros de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, rechazaron la despenalización del aborto en Veracruz, que abría el camino para el total acceso a este derecho a nivel nacional.

Los ministros que votaron en contra fueron Norma Lucía Piña Hernández, Margarita Ríos-Farjat, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, y rechazaron el proyecto presentado por el diputado Juan Luis González Alcántara; el texto fungía como respaldo a la resolución de un juez federal que ordenaba a la legislatura de Veracruz reformar los artículos 149, 150 y 154 del Código Penal porque criminalizan la interrupción voluntaria del embarazo.

«No existe un mandato específico de legislativo de legislar en ese sentido (…) la Corte incurriría en el llamado activismo judicial, que desbordaría mucho las facultades constitucionales de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación», justificó la magistrada Piña Hernández. En otras palabras, ella considera que la Constitución obliga al Congreso a legislar en materia de aborto y que, por ello, no hay omisiones al respecto desde la Corte. Si bien entiende que se puede alegar la inconstitucionalidad de la ordenanza en Veracruz, esta petición no estaba incluida en el proyecto discutido en el tribunal. Además dijo que votaba en contra «por el tratamiento que se le da» y deslizó que se opone al aborto.

La segunda ministra en emitir su voto fue Ana Margarita Ríos Farjat, quien se pronunció en mismo sentido que su colega. «No existe un mandato específico para legislar en un sentido determinado (…) esto es un problema de técnica jurídica para mí», adujo. Eso sí, aclaró que su decisión se basó en cuestiones técnicas, en como fue presentado el proyecto, y no en el fondo del asunto.

Pardo Rebolledo tampoco se manifestó sobre el aborto en sí sino porque el proyecto de ley era improcedente en su forma. El ministro Gutiérrez Ortiz no agregó mayores explicaciones porque lo hablado antes que él reflejaba su posición.

Juan Luis González Alcántara Carrancá, en único que votó a favor dijo: «Respetuosamente no comparto la determinación de que el asunto no sea procedente (…) estimo que las quejosas contaban con un interés legítimo para reclamar dichas omisiones, pues su objeto se enfoca en la protección y en la defensa de los derechos humanos de las mujeres». «Sí existe una obligación legislativa que vincula al Congreso local de Veracruz para reformar sus normas penales en relación a la interrupción del embarazo”, alertó González Alcántara, recordando que en la Corte tienen la obligación de reformar las normas que sean discriminatorias o propicien la violencia en contra de las mujeres. “La prohibición absoluta de interrumpir el embarazo es contraria a la protección que corresponde a todas las mujeres», concluyó.

Seguirá penalizado

Para que la despenalización del aborto se hiciera efectiva en todo México el proyecto debía haber sido aprobado por cuatro de cinco jueces, cosa que evidentemente no sucedió.

En prácticamente todo el país norteamericano el aborto es una práctica ilegal que conlleva fuertes penas de cárcel para las mujeres y los médicos que los lleven a cabo. Solamente en Ciudad de México y en Oaxaca es legal la interrupción voluntaria de embarazos de hasta 12 semanas de gestación.

Entre 2002 y 2006, se constataron 624 muertes de mujeres a causa de abortos clandestinos, ya que la ilegalidad las obliga a ir a insalubres clínicas improvisadas que no garantizan las condiciones de sanidad necesarias para una intervención de este calibre.

No existen estadísticas ni datos fidedignos respecto al aborto en México, precisamente, por ser ilegal.