Condenan a cuatro exfuncionarios de la Armada por compras irregulares de carne: llegaron a acuerdos con Fiscalía

La Justicia condenó a cuatro exfuncionarios de la Armada Nacional por irregularidades en las compras de carne. Los implicados llegaron a acuerdos con la fiscal de Delitos Económicos, Sandra Fleitas, y cumplirán las penas bajo un régimen de libertad a prueba.

El juez de Crimen Organizado Alejandro Asteggiante dictó las condenas en una causa que examinó dos licitaciones vinculadas al frigorífico Saturno. La maniobra incluía adquirir cortes distintos de los licitados, con precios definidos por el proveedor sin competencia para esos productos. La investigación se inició en 2022.

Quiénes fueron condenados y por qué delitos

El capitán de fragata retirado Raúl Nieto y la exsuboficial Alicia Costa fueron condenados por asociación para delinquir y uso de documento falso. Ambos quedaron comprendidos en los acuerdos alcanzados con Fiscalía, que derivaron en penas con condiciones de cumplimiento fuera de un establecimiento penitenciario.

El capitán de navío retirado Braulio Delgado y el capitán de navío Fernando Varietti recibieron condenas por omitir denunciar delitos en su condición de funcionarios públicos. Las responsabilidades penales atribuidas a estos dos oficiales fueron, por tanto, diferentes de las establecidas para Nieto y Costa.

Las penas y los horarios de arresto domiciliario

A Nieto se le fijó una pena de 24 meses, con arresto domiciliario nocturno de 21:00 a 9:00 durante siete meses. Costa recibió una pena de 22 meses y deberá permanecer en su domicilio entre las 19:30 y las 7:30 durante seis meses.

Para Varietti, la pena fue de 15 meses, con arresto domiciliario entre las 0:00 y las 6:00 durante cinco meses. Los cuatro condenados quedaron sujetos a cierre de fronteras, fijación de domicilio y presentación ante la seccional policial correspondiente, como parte de las condiciones impuestas.

Libertad a prueba y servicios comunitarios

El régimen dispuesto por la Justicia incluye tres horas semanales de servicios comunitarios durante dos meses para los cuatro condenados. Esa obligación se suma a las medidas de control previstas en los acuerdos y a las restricciones particulares de arresto domiciliario establecidas para cada caso.

El juez aclaró que, si la Dirección Nacional de Medidas Alternativas no asigna tareas dentro de esos dos meses, no exigirá que los servicios se cumplan después. La resolución estableció así un período concreto para la ejecución de esa parte de las penas.

Cómo se cambiaba la bondiola por otros cortes

La investigación detectó compras de lomo, colita de cuadril, asado y chorizos que se descontaban del saldo de bondiola adjudicado. Los registros transformaban cantidades de la carne prevista en la licitación en cantidades de otros productos, aunque estos no habían pasado por el mismo procedimiento competitivo.

El dictamen contable señaló que Saturno fijaba los precios de los cortes sustitutos y que algunos superaban ampliamente los valores de mercado. Entre los ejemplos documentados figura una compra de chorizos a 725 pesos el kilo en setiembre de 2022. También se detectaron cobros superiores a los precios adjudicados.

La alerta de 2022 y los remitos cuestionados

El caso salió a la luz cuando una marinera advirtió al nuevo jefe del Servicio de Aprovisionamiento, el capitán de navío Pablo Alayon, sobre 26 remitos fraguados y faltantes de carne. Una primera investigación de urgencia concluyó que había 35 toneladas de cerdo compradas y pagadas que no se habían recibido.

La revisión posterior quedó a cargo de la contadora Gisel Aguirre, cuyo informe está fechado el 30 de marzo de 2023. El examen de la documentación amplió el faltante registrado y describió irregularidades en los precios, las entregas y los comprobantes utilizados para respaldar las operaciones.

Dos licitaciones y más de 57 toneladas pendientes

En la licitación 28/2021 y su ampliación, Aguirre identificó 27.006 kilos de bondiola pendientes de entrega, por 3.999.423 pesos. En la 28/2022 y su ampliación, el saldo era de 30.392 kilos, equivalentes a otros 4.406.267 pesos, de acuerdo con el análisis contable.

Ambos saldos sumaban 57.398 kilos y 8.405.690 pesos. La investigación administrativa también dio lugar a actuaciones disciplinarias y a la denuncia ante Fiscalía. El expediente penal derivó finalmente en las cuatro condenas por los delitos vinculados a la documentación falsa y a la omisión de denunciar.

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