Por qué la Caja de Profesionales es insolvente y qué pagará la ciudadanía para evitar su colapso

La Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU) acumuló pérdidas durante diez años consecutivos. En 2024 registró el peor resultado de ese período, con un déficit de 2.245 millones de pesos según su propia memoria y balance aprobados por el directorio.

Una auditoría contratada por la institución advirtió, con suficiente anticipación, que sin cambios estructurales los fondos se agotarían entre 2025 y 2026. Ese momento llegó, y el Estado respondió con dinero público.

Un organismo con más afiliados que aportantes

La CJPPU abarca 54 profesiones y más de 300 títulos universitarios. Según el informe del Ministerio de Economía y Finanzas de mayo de 2025, en 2024 tenía 173.478 afiliados. El problema central no es la cantidad de inscriptos, sino cuántos realmente aportan: apenas el 37% del total lo hace de forma efectiva. El 63% declara «no ejercicio«, una categoría que los exime de contribuir al sistema.

Esa proporción empeoró sostenidamente. En 2020, el porcentaje de no ejercicio era del 59%. En cuatro años subió cuatro puntos más, agravando una relación activos-pasivos ya deteriorada.

El mecanismo que acelera la caída es conocido. Cada vez que la Caja aumenta la tasa de aportación para cubrir el déficit, más profesionales optan por declarar no ejercicio o bajar de categoría. En enero de 2024 la tasa subió de 16,5% a 18,5%, una medida autorizada por el Poder Ejecutivo y prorrogada para 2025. El resultado fue el opuesto al esperado: más evasión encubierta bajo la figura del no ejercicio, menos recaudación efectiva.

El problema del sueldo ficto y las jubilaciones altas

El sistema de la CJPPU no calcula jubilaciones sobre ingresos reales sino sobre sueldos fictos por categorías, una escala de diez a quince tramos que los profesionales recorren cada dos o tres años. Quien llegó a la categoría más alta y aportó sobre ese ficto durante el período final de su carrera puede obtener una jubilación que, en términos del monto que declara, resulta proporcionalmente elevada respecto a lo que tributaba en sus años de menor categoría.

El Banco Mundial documentó esta distorsión en un análisis del sistema previsional uruguayo: para los profesionales afiliados a la CJPPU, el sueldo básico jubilatorio se calcula tomando solo los últimos tres años de actividad, cuando los sueldos fictos son los más altos de la carrera. Es el período más favorable posible para el cálculo, lo que genera tasas de reemplazo efectivas superiores al promedio del sistema.

La propia Caja usa como referencia una jubilación básica de $91.000 mensuales para quien llegó a décima categoría, con un sueldo ficto de $182.018. Eso equivale al 50% del ficto máximo, pero ese ficto nunca representó necesariamente el ingreso real del profesional.

El rescate de 2025 y lo que cuesta a la sociedad

Ante la proyección de que el déficit alcanzaría los US$ 130 millones en 2026 y US$ 160 millones en 2027, el Parlamento aprobó en julio de 2025 la Ley 20.410. La norma redistribuyó la carga entre los propios afiliados y la sociedad en su conjunto.

Desde 2025, la CJPPU recibe desde Rentas Generales una partida mensual de $218 millones, casi el doble de lo previsto en el proyecto original. El Estado también comprometió aportes extraordinarios por única vez: $665 millones en 2025 y 2026, y $332 millones en 2027. La ley establece además que la tasa de aportación de los activos puede subir gradualmente hasta el 22,5%, según lo determine el Ejecutivo, con incrementos posibles de dos puntos en 2026 y uno adicional en cada uno de los dos años siguientes.

El financiamiento quedó dividido en partes iguales: 50% a cargo de activos y pasivos, y 50% a cargo de Rentas Generales y timbres profesionales.

La pelea que volvió antes de que terminara el año

Apenas diez meses después de aprobada la reforma, el conflicto reapareció. El gobierno de Yamandú Orsi envió al Parlamento un proyecto de dos artículos para extender facilidades de pago a los deudores de timbres profesionales, los gravámenes que recaen sobre recetas, certificados, estudios clínicos y otras actuaciones.

El directorio de la Caja quería que esos timbres aumentaran de valor y se ajustaran por el Índice Medio de Salarios, compensando el desfasaje acumulado. El Ejecutivo rechazó esa vía, argumentando que el mecanismo es regresivo —los montos fijos impactan proporcionalmente más en hogares de menores ingresos— y que genera distorsiones en los precios de los servicios profesionales.

Sin esperar una definición legislativa, el directorio de la CJPPU eliminó desde el 1° de julio de 2025 una exoneración de timbre sobre partos y cirugías en servicios privados de salud, una exención que los directorios anteriores habían mantenido por decisión propia durante años.

Una discusión que excede a la Caja

El Sindicato Médico del Uruguay planteó en abril de 2025 una cuestión de fondo: la crisis de la CJPPU, junto con los costos del sostenimiento de otras cajas paraestatales y la caja militar, debería motivar una discusión urgente sobre la convergencia hacia un sistema previsional único y equitativo.

La ley 20.410 introdujo también el aumento gradual de la edad de retiro para quienes nacieron a partir de 1970, un cambio paramétrico que toca directamente las expectativas de miles de profesionales en actividad.

Los analistas advierten que, incluso con todos los ajustes aprobados, nada garantiza que el sistema no requiera una nueva intervención en el mediano plazo. Los cambios demográficos, el envejecimiento de la población afiliada y la persistente tendencia al no ejercicio siguen presionando sobre un organismo que acaba de ser rescatado pero que no resolvió sus causas estructurales.