Caja de Profesionales piden al Estado más recursos para evitar cobro de timbres en consultas

El presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU), Andrés Pérez, aseguró este jueves que el directorio está dispuesto a dar marcha atrás a la resolución que establece el cobro de timbres profesionales a todas las actuaciones médicas a partir del 1° de agosto, siempre que el Poder Ejecutivo aporte los recursos necesarios para pagar las jubilaciones y pensiones.

«El Directorio de la Caja está dispuesto a dar marcha atrás en esta medida tomada en el caso de que el dinero que la Caja necesita para pagar a sus pasivos y cumplir con sus obligaciones esté», declaró Pérez a Subrayado tras la reunión del directorio.

Si bien las autoridades ratificaron su propuesta de cobrar los timbres profesionales a todas las actuaciones médicas a partir del 1° de agosto, se resolvió atender el planteo de la Junta Nacional de Salud (Junasa) y convocar al Poder Ejecutivo en forma urgente para el lunes, con el objetivo de profundizar en el tema y buscar una salida consensuada.

Un déficit que no da tregua

La CJPPU cerró 2025 con un resultado negativo de 1.247,1 millones de pesos, equivalentes a US$ 31,9 millones al tipo de cambio de cierre del año. Es el sexto ejercicio consecutivo con números en rojo. Entre 2020 y 2024, la institución acumuló un resultado negativo de US$ 189 millones.

La trayectoria proyectada es alarmante: según estimaciones del Ministerio de Economía y Finanzas, la Caja pasará de un déficit de casi US$ 90 millones en 2025 a aproximadamente US$ 130 millones en 2026 y US$ 160 millones en 2027. En un horizonte de 25 años, acumularía un déficit de unos 4.500 millones de dólares.

Los números de 2025 son particularmente reveladores porque se produjeron en un contexto de ingresos extraordinarios sin precedentes. La Caja recibió una inyección de fondos públicos por 2.530,7 millones —una cifra que supera por sí sola todo el déficit del año anterior— y los aportes de los jubilados aumentaron en 557,7 millones. Sin embargo, ni ese salvataje ni el aumento de los aportes lograron torcer el rumbo.

La razón es estructural: los egresos por jubilaciones y pensiones crecen a un ritmo mucho más acelerado que los ingresos por aportes. En 2025, la institución pagó 19.518,5 millones en jubilaciones (un 11,3% más) y 3.681,4 millones en pensiones (5,7% más), mientras que los aportes de los activos apenas crecieron un 4,5%.

Las tres causas de la crisis

Hay tres grandes factores que explican la situación actual. Desequilibrio actuarial. Existe una brecha profunda entre lo que los profesionales aportan durante su vida activa y lo que perciben al jubilarse: reciben entre dos y tres veces lo que aportaron. Ese desajuste, acumulado durante décadas, es el motor principal del déficit.

Demografía adversa. Las expectativas de vida aumentan mientras las nuevas generaciones tienen cada vez más dificultades para aportar. Es el problema clásico de los sistemas de solidaridad intergeneracional: cada vez hay menos activos sosteniendo a más pasivos.

Gobernanza deficiente y omisión política. Las propuestas históricamente apuntaron a expandir beneficios y minimizar aportes, sin una mirada de sostenibilidad de mediano plazo. Hace más de diez años que la Caja da pérdidas y tuvo que recurrir a sus reservas: primero a los intereses de las inversiones y luego al capital mismo. Las auditorías advertían que, sin cambios estructurales, los fondos no llegarían más allá de 2025 o 2026.

La ley 20.410 y el salvataje insuficiente

La Ley N° 20.410, aprobada en julio de 2025, estableció una contribución pecuniaria de los jubilados y una asistencia financiera del Estado en entregas mensuales de 218 millones a partir de julio de ese año, más una partida adicional anual de 665 millones. La inyección estatal total en 2025 fue de $ 1.973 millones.

Con el inicio de 2026 entraron en vigor modificaciones estructurales adicionales: una nueva escala salarial ficta con 15 categorías para nuevos afiliados y un aumento en las tasas de aportación de hasta 2% en 2026 y hasta 1% en cada uno de los dos años siguientes.

Pero la ley fue concebida más como un «salvavidas financiero» que como una reforma estructural. «Lo que se votó en la ley 20.410 fue un salvataje económico y financiero, pero no hay una reforma y necesitamos una imperiosamente para modificar los parámetros», advirtieron desde la propia institución.

El timbre profesional: qué se cobra y por qué

La resolución aprobada por unanimidad en el directorio el 28 de mayo —con el respaldo de los dos representantes del Poder Ejecutivo, Pablo Aguirregaray y José Antonio Iglesias— establece que deberán abonar timbres los informes asociados a consultas médicas en todas las modalidades de atención.

En la práctica, esto comprende cada registro que un profesional realice en la historia clínica de un paciente. Además, los prestadores de salud deberán tributar por los exámenes y análisis clínicos realizados en puertas de emergencia, así como por los registros efectuados en las historias clínicas de pacientes internados o atendidos en sus domicilios.

Pérez sostuvo que la disposición está prevista en el artículo 71 de la ley orgánica de la Caja de Profesionales. «Estamos obligados a hacer la tarea que estamos haciendo. Como la Caja, hasta este momento, no había estado en la situación en la que se encuentra no se habían hecho estos controles que se tendrían que haber hecho hace 20 años. Si se hubieran hecho hace 20 años, la Caja no estaría en esta situación», justificó.

«Esta medida salva la Caja de Profesionales», aseguró.

El rechazo de Junasa y el peso sobre los usuarios

La resolución generó fuertes cuestionamientos desde el sistema de salud. La Junta Nacional de Salud (Junasa) envió una carta a la CJPPU solicitando que deje sin efecto la medida, advirtiendo que el cobro de estos timbres podría traducirse en un aumento de los costos de acceso a la atención médica.

El organismo manifestó preocupación por el impacto que la medida podría tener sobre la sostenibilidad económica de algunas instituciones asistenciales y advirtió que podría desestimular la utilización de los servicios de salud, incluidas las consultas preventivas.

Pese a las críticas, el director Fernando Rodríguez Sanguinetti defendió la resolución y aseguró que no solo se trata de una potestad legal de la Caja, sino también de una obligación para el directorio ante la necesidad de mejorar la situación financiera del organismo.

El peso para el Estado y la inequidad del sistema

En 2025, la asistencia del Estado a la Caja de Profesionales alcanzó US$ 48,5 millones. Sumada a la de los servicios de retiro militar y policial, el total fue de US$ 954,6 millones para cubrir unas 103.000 pasividades.

En contraste, el déficit del Banco de Previsión Social —antes de asistencia estatal— fue de US$ 724 millones para 844.193 pasividades. La comparación ilustra lo inequitativo del sistema: muy pocos beneficiarios con un costo desproporcionadamente alto para el Estado.