Sumario administrativo: Mario Lubetkin separa del cargo a Bustillo y le retiene la mitad del salario

El canciller Mario Lubetkin firmó este jueves una resolución para iniciar un sumario con separación del cargo y retención del 50% del sueldo al excanciller Francisco Bustillo, funcionario de carrera del Ministerio de Relaciones Exteriores. La decisión ocurre tras las reiteradas negativas de Bustillo para declarar ante el Departamento de Jurídica de la Cancillería, que tenía a su cargo la investigación interna por la presunta destrucción de documentación oficial en el marco del caso del pasaporte uruguayo entregado en Dubái al narcotraficante Sebastián Marset, según informó Subrayado (Canal 10) y confirmaron fuentes de Cancillería.

La investigación penal por la entrega del pasaporte estaba a cargo del fiscal Alejandro Machado. El año pasado, el fiscal envió un oficio a Cancillería pidiendo reunir la mayor cantidad de documentación posible para avanzar en la causa. A partir de esa solicitud, Lubetkin resolvió iniciar una investigación interna para conocer el faltante de documentos en Cancillería sobre el procedimiento de entrega del pasaporte a Marset, y también la destrucción de documentos oficiales.

Bustillo fue citado y en ambas ocasiones se negó a comparecer. Asesorado por el estudio Delpiazzo, el exministro sostiene que no es pasible de ser sancionado al haber ocupado un cargo político. Ante esta negativa, el Departamento Jurídico asesoró a Lubetkin, quien resolvió iniciar el sumario con separación del cargo y retención de haberes. La resolución fue firmada luego de que Bustillo rechazara declarar por segunda vez y pidiera que no lo volvieran a llamar por teléfono.

El perfil de Bustillo y su vínculo con Olaizola

Bustillo es funcionario de carrera de Cancillería y actualmente está en pase en comisión como asesor del diputado nacionalista Juan José Olaizola. Olaizola pidió incorporarlo a su despacho debido a su conocimiento de los asuntos internacionales. El legislador, que durante el gobierno de Luis Lacalle Pou (2020-2025) fue subsecretario del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y también integra el Parlamento del Mercosur, dijo que Bustillo ya lo asesoró cuando expuso sobre el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.

Bustillo asumió como canciller en julio de 2020, tras la renuncia del excandidato a presidente por el Partido Colorado Ernesto Talvi. Ocupó el cargo hasta noviembre de 2023, cuando fue sustituido por Omar Paganini, luego de que la exvicecanciller Carolina Ache revelara en Fiscalía que el gobierno intentó ocultar a la Justicia los mensajes que ella había intercambiado con Guillermo Maciel sobre Marset. Ese fue el principio del fin de su gestión al frente del Palacio Santos.

Para entender el alcance del escándalo, hay que conocer al protagonista del otro lado. Sebastián Enrique Marset Cabrera, nacido en Montevideo el 10 de abril de 1991, es un narcotraficante acusado de liderar una red internacional de tráfico de cocaína y lavado de dinero conocida como el Primer Cartel Uruguayo, con vínculos atribuidos al Clan Insfrán de Paraguay, el Primeiro Comando da Capital de Brasil y la ‘Ndrangheta italiana.

Sus antecedentes con la justicia se remontan a 2013, cuando fue procesado en Uruguay por narcotráfico en operativos en los que también cayó un familiar del expresidente paraguayo Horacio Cartes.

Los antecedentes de Marset y la gestión del pasaporte

Tras obtener la libertad, Marset fue imputado nuevamente en 2018 por un homicidio en Atlántida, aunque la investigación terminó siendo archivada por falta de pruebas. En 2021, Marset fue detenido en Dubái por portar un pasaporte paraguayo falso. Abandonó el país poco después tras recibir un pasaporte uruguayo, lo que desató el escándalo político. También se le vinculó al asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, ejecutado en Colombia en mayo de 2022 durante su luna de miel. Marset fue finalmente capturado el 13 de marzo de 2026 en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, y trasladado de inmediato a Estados Unidos por agentes de la DEA para enfrentar cargos federales.

Las autoridades emiratíes liberaron a Marset tras un trámite diplomático del gobierno uruguayo que le envió un pasaporte legal, pese a las advertencias del embajador local en Emiratos Árabes Unidos. El gobierno argumentó que en el momento de la entrega no existía obligación de revisar los antecedentes penales internacionales del solicitante, dado que ese requisito había sido derogado por el decreto 129/014 del gobierno de Mujica en 2014.

Eso le dio una cobertura legal inicial

Marset, técnicamente, tenía derecho a tramitar el documento según la normativa vigente. Pero el nudo del escándalo era otro: dentro del propio gobierno sabían que Marset era un narco peligroso y, en lugar de actuar en consecuencia, intentaron ocultar esa información.

El detonante fue la comparecencia de Ache ante la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos, a cargo del fiscal Machado. En el diálogo del 14 de noviembre de 2022, Bustillo le planteaba a Ache que no entregara a la responsable de la investigación administrativa de Cancillería los chats de WhatsApp de la conversación que ella había mantenido con el subsecretario del Ministerio del Interior, Guillermo Maciel, donde este la advertía sobre la peligrosidad de Marset.

La frase que definió el escándalo fue lapidaria. En uno de los audios, Bustillo le sugería a Ache simular que había perdido el celular para sortear el problema: «Que se mande al frente Maciel, vos perdé el celular. Estoy imaginando, viste, escenarios que no conozco, honestamente no conozco. Pero en diciembre o enero se te perdió el celular… Pero ahora vamos sorteando, hay que ir sorteando, ¿viste? Esto es paso a paso, ¿viste?».

Los audios que desencadenaron la crisis política

En otra conversación, cuando Ache le recuerda que Maciel también tenía los mismos WhatsApps, Bustillo responde: «Pero yo no creo que Maciel sea tan tarado de blanquearlos. Yo no puedo creer. Se pegaría un tiro en el pie.» Según consigna el semanario Búsqueda, Ache comenzó a grabar las conversaciones con Bustillo precisamente porque empezó a sentirse presionada por él para evitar que los chats salieran a la luz.

La situación era aún más grave porque en una reunión previa, el asesor presidencial Roberto Lafluf le había pedido tanto a Ache como a Maciel que borraran los mensajes de sus teléfonos y que consiguieran un escribano que protocolizara el celular sin los mensajes, propuesta que Ache rechazó por considerarla un delito.

El caso provocó la renuncia del canciller Francisco Bustillo, el ministro del Interior Luis Alberto Heber, el subsecretario del Interior Guillermo Maciel y el asesor político Roberto Lafluf, a lo que se sumó la renuncia previa de la propia vicecanciller Carolina Ache en 2022. El semanario Búsqueda concluyó que el gobierno intentó ocultar a la Justicia los mensajes intercambiados entre Ache y Maciel, en los que este último señalaba que Marset era un «narco pesado» en el momento en que se le gestionaba el pasaporte. La crisis política sacudió al gobierno de Lacalle Pou a pocos meses de finalizar su mandato.

Tras renunciar, Bustillo negó haber estado involucrado en la expedición del pasaporte: «No tuve participación alguna, ni tan siquiera conocimiento, de la tramitación del pasaporte del señor Marset«, sostuvo en un comunicado entregado a la prensa a la salida de Fiscalía. También afirmó que en el Parlamento no había faltado a la verdad, y que no existió «nada ilegal» en la tramitación del documento, argumentando que en ese momento Marset aún no era buscado por la justicia paraguaya. Su defensa siempre se basó en la legalidad formal del trámite y en su ausencia física durante los hechos clave.

El caso tuvo una dimensión aún más grave que la entrega del pasaporte en sí: la destrucción de documentos oficiales. La investigación de Cancillería detectó que un expediente protocolizado que contenía las copias de las conversaciones de WhatsApp entre Ache y Maciel fue destruido en la Torre Ejecutiva. La trazabilidad del expediente muestra que el 18 de noviembre de 2022 Ache protocolizó esas conversaciones ante una escribana, el 24 de noviembre su secretaria lo incorporó al expediente y lo entregó en el despacho de Bustillo, y al día siguiente el documento desapareció, destruido según el relato de Ache por el asesor presidencial Roberto Lafluf.

El expediente destruido y la sanción disciplinaria

Bustillo fue investigado junto al exjefe de Jurídica de Cancillería, Carlos Mata, por esa destrucción. En su descargo, Bustillo afirmó que no pudo haber dado órdenes ese día porque estaba fuera del país el 25 de noviembre de 2022, y que al regresar fue internado en el Sanatorio Americano por una trombosis venosa que lo mantuvo fuera de la gestión pública hasta el 23 de diciembre. Esa coartada médica fue su principal argumento para desligarse de la desaparición física del expediente en la Torre Ejecutiva.

En septiembre de 2024, la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos archivó la causa penal por la entrega del pasaporte, por no encontrar conductas posibles de ser calificadas como delito según la normativa vigente en ese momento. Sin embargo, el frente administrativo siguió activo con el gobierno de Orsi. Bustillo fue convocado a declarar en dos oportunidades y en ambas se negó. En la segunda, no solo rechazó comparecer sino que comunicó a los responsables de la investigación su decisión de no declarar, exigiéndoles además que no volvieran a comunicarse telefónicamente con él.