Por qué la reducción de la sanción a la anestesista Miralles desencadenó una crisis para Cristina Lustemberg

La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, atraviesa el momento más crítico de su gestión. La oposición, liderada por el Partido Nacional, ya le retiró la confianza y exige al presidente Yamandú Orsi su destitución. El detonante: la reducción de la sanción a la anestesista Inés Miralles, condenada por homicidio culposo tras la muerte de la pediatra Soledad Barrera en una operación de vesícula en octubre de 2023.

El caso conmociona a la opinión pública desde sus inicios. Barrera, de 41 años, ingresó a una cirugía considerada de rutina. Durante la intervención sufrió un paro cardíaco que la dejó en estado casi vegetativo durante diez meses, hasta su fallecimiento en agosto de 2024. La Justicia condenó a Miralles a 24 meses de prisión domiciliaria en un proceso abreviado en el que la anestesista asumió su culpabilidad.

La Comisión Honoraria de Salud Pública —un organismo integrado por catedráticos y profesores universitarios con amplia trayectoria en salud pública— había resuelto inhabilitar a Miralles por cinco años. Sin embargo, en octubre de 2024, Lustemberg redujo esa sanción a tres años.

¿Por qué Lustemberg redujo la pena a Miralles?

La ministra esgrimió tres razones: la reevaluación profesional que deberá realizar la anestesista ante la cátedra de Anestesiología de la Udelar, el riesgo de que la sanción original cayera por vicios de procedimiento administrativo, y el hecho de que Miralles ya había recibido una condena penal.

El 29 de abril de 2026, la Comisión Honoraria presentó su renuncia colectiva. La carta fue firmada en la noche del martes y elevada al día siguiente. La resolución de aceptación, suscrita tanto por la ministra como por el presidente Orsi, ya fue emitida. Once de los trece integrantes abandonaron el organismo, en un gesto que la oposición interpretó como un repudio a la decisión de Lustemberg.

El dato que cambió todo: la demanda contestada fuera de plazo

En su comparecencia ante el Parlamento este martes 16 de junio, la ministra y su equipo revelaron un dato que agravó aún más la situación. La subdirectora del departamento jurídico del MSP, Fabiana Alonso, admitió ante los senadores que el ministerio había contestado fuera de plazo una demanda presentada por Miralles ante el Juzgado Letrado de lo Contencioso Anulatorio.

«La realidad es que los hechos relatados en la demanda se presentaron un día después. No es una excusa porque se asumirán las responsabilidades que correspondan, ya que existe una investigación administrativa en la división y, a su vez, hay una investigación administrativa dentro del ministerio para determinar cuáles fueron las razones», precisó Alonso ante la Comisión de Salud del Senado.

La jerarca lamentó que la división jurídica de la cartera «es bastante especial«: cuenta con ocho abogados que, solo en ese mes, debieron reaccionar a 230 demandas. «La realidad es esa; la jurídica del MSP es bastante especial y por ese motivo es que hubo un error humano que no podemos desconocer», agregó.

Ese error dejó al ministerio en una situación de vulnerabilidad jurídica: al no haber respondido en tiempo y forma, el MSP quedó privado de presentar sus propios testigos durante el juicio. Una omisión que la oposición calificó como imperdonable.

«La ministra mintió al Parlamento»: la ofensiva de la oposición

El diputado nacionalista José Luis Satdjian, presidente de la Comisión de Salud Pública de Diputados, fue uno de los más duros. Anunció que solicitó que los «antecedentes» de la visita de la ministra a ese ámbito el 12 de mayo fueran enviados al presidente Orsi para que «actúe rápidamente».

«La ministra no sólo reconoció que se bajó la pena a la anestesista, sino que se mintió al Parlamento, se ocultó información, sumado a una actitud soberbia de no reconocimiento del error«, dijo Satdjian. «Si el presidente de la República entiende que hubo un error grave al bajar la pena a la anestesista, sumado a mentirle al Parlamento, no queda otro camino que destituir a la ministra», añadió.

La «ocultación de información» a la que aludió Satdjian tiene que ver con una omisión de Lustemberg en su comparecencia del 12 de mayo ante la Comisión de Salud de Diputados: en esa oportunidad, la ministra no informó que el MSP había dejado vencer el plazo para responder la demanda de Miralles en diciembre de 2024. Ese dato solo trascendió en la comparecencia de este martes ante el Senado.

Más voces críticas

El senador nacionalista Martín Lema fue igualmente contundente. «Evidentemente, hay pérdida de autoridad, hay pérdida de confianza y hay un deterioro en lo que tiene que ver con la policía sanitaria y la supervisión en el Sistema Nacional Integrado de Salud. Se había avanzado muchísimo; lamentablemente, producto de la decisión de autoridades, estamos en un franco retroceso», sostuvo.

Lema cuestionó además que Lustemberg y su equipo no supieran «cómo explicar» un caso de polémica creciente y señaló que «en dos oportunidades concurrió la ministra con delegaciones del Ministerio de Salud Pública, en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados, y en ningún momento se dijo que se había contestado la demanda en forma tardía».

La defensa de Lustemberg: «No hubo apartamiento de las normas»

Frente a las críticas, la ministra se mantuvo firme en sus argumentos. En su presentación ante el Parlamento, aseguró que no hubo «ningún tipo de apartamiento de las normas» ni «una intención de favorecer» a la anestesista. Según Lustemberg, la reducción de la inhabilitación se fundamentó en aspectos «de tipo jurídico y no del fondo del asunto».

Sin embargo, sus explicaciones no convencieron a la oposición. Lema calificó la comparecencia como «decepcionante». El senador Camy, que preside la Comisión de Salud en el Senado, señaló que «la confianza política de la ministra está en tela de juicio a partir de las medidas que toma para modificar esta resolución del ámbito técnico».