Nueve policías detenidos por la causa “caranchos”: así operaba la red que vendía datos de accidentados

La Fiscalía de Toledo, en coordinación con la Fiscalía Especializada en Delitos de Crimen Organizado, avanzó este lunes con la detención de nueve funcionarios policiales pertenecientes a las jefaturas de Montevideo, Maldonado y Canelones. Los nueve quedaron a disposición de la Justicia por su presunta vinculación con la denominada red de los “caranchos”, una organización que durante meses comercializó información confidencial de víctimas de accidentes de tránsito.

El operativo estuvo a cargo de la Dirección de Asuntos Internos del Ministerio del Interior, con apoyo de otras unidades policiales. Según fuentes de Fiscalía consultadas por medios locales, el número de detenidos fue creciendo a lo largo de la jornada: “Por ahora son seis detenidos, pero puede aumentar”, señalaron en un primer momento, antes de que la cifra llegara a nueve.

Qué es la causa Caranchos

La causa Caranchos investiga una red integrada por policías, abogados, gestores y personal de salud que, según la hipótesis fiscal, accedía de forma irregular a los partes de siniestros de tránsito para contactar a las víctimas o a sus familiares y ofrecerles representación legal a cambio de una comisión.

El mecanismo aprovechaba un dato poco conocido por el público: el Seguro Obligatorio de Automóviles (SOA) cubre lesiones o muertes causadas a terceros hasta un tope de 250.000 Unidades Indexadas por vehículo asegurado, sin importar quién tuvo la responsabilidad en el choque. Muchas víctimas ignoran ese derecho, y ahí es donde la red encontraba su negocio.

Los policías implicados utilizaban de forma indebida el Sistema de Gestión de Seguridad Pública (SGSP) para extraer partes policiales, actas de espirometría y fotografías de lesionados, que luego eran comercializados. A cambio de esos datos, según la investigación, algunos funcionarios recibían pagos que iban de 3.000 pesos hasta 2.000 dólares en los casos con fallecidos, y en ciertas ocasiones cobraban hasta el 30% de lo que obtenían los abogados por cada caso gestionado.

Los números de una red que sigue creciendo

La investigación identificó a unas 70 personas bajo indagatoria, cifra que otras fuentes ajustan a alrededor de 60 entre funcionarios públicos, abogados y gestores. De un total de 69 indagados, la Fiscalía logró identificar a 58 que permanecen bajo análisis judicial, sin que todos ellos se conocieran entre sí, lo que sugiere una estructura fragmentada en varios circuitos.

El proceso ya arrojó diez condenas firmes, mientras otras dos personas continúan formalizadas y bajo investigación. De los trece detenidos en la etapa inicial, uno fue liberado por falta de pruebas y doce llegaron a la audiencia judicial.

Un ejemplo del volumen económico movido por la red surge del circuito encabezado por el abogado condenado Gustavo Bentos: entre mayo de 2025 y agosto de 2026 se registraron 110 transferencias por un total de 790.500 pesos hacia la red de informantes vinculada al policía Robby Rodríguez, también condenado en la causa.

Para dar credibilidad a su accionar frente a las víctimas, parte de la red invocaba una entidad inexistente, la “Asociación de Abogados y Escribanos del Uruguay”, según relató la fiscal de Toledo Paula Pereyra en el escrito que fundamentó los pedidos de detención.

La reacción del Colegio de Abogados

El avance de la causa generó respuestas institucionales inmediatas. El Colegio de Abogados del Uruguay emitió un comunicado calificando las prácticas expuestas como “incompatibles e inaceptables”, en referencia directa al accionar de los letrados vinculados a la red.

El Colegio expresó que ejercer la profesión supone actuar con “probidad, lealtad, independencia e irrenunciable compromiso hacia quien consulta”, además de respetar los intereses del cliente y actuando con plena conformidad con el marco jurídico vigente.

“El debate ético relativo al comportamiento de los profesionales es y debe ser independiente del alcance de la Justicia penal”, prosiguió el comunicado. “La ética no es un complemento del ejercicio profesional: es su esencia misma”, concretó.