Intendentes y legisladores del PN y PC quieren suavizar penas por infracciones de tránsito

En el ámbito político uruguayo, legisladores de la oposición se encuentran trabajando en la elaboración de un proyecto de ley que tiene como objetivo principal reducir el monto de las multas de tránsito. Esta iniciativa cuenta con el respaldo declarado de varios intendentes del Partido Nacional. El debate sobre los valores de las sanciones de tránsito es un tema recurrente en la discusión pública, entrelazado con las críticas a la instalación de sistemas de control automático y las preocupaciones en materia de seguridad vial. La discusión suele centrarse en el balance entre el carácter preventivo de las multas y su impacto como instrumento de recaudación para los gobiernos departamentales y el gobierno nacional.

El monto máximo de las multas de tránsito vigente en la actualidad es de 15 Unidades Reajustables, equivalente a aproximadamente $27.765. La propuesta que se está gestando busca establecer un tope inferior a esa cifra. Este no es el primer intento en esta dirección. Durante el tratamiento de la Rendición de Cuentas de 2022, parlamentarios que en ese momento integraban la coalición de gobierno propusieron limitar el valor máximo de las multas a 5 UR, cerca de $9.255. Aquella iniciativa no logró el apoyo necesario para ser aprobada.

El diputado colorado Conrado Rodríguez es uno de los impulsores de retomar el tema. Para ello, ha establecido contacto con el diputado blanco Sebastián Andújar y con el edil Álvaro Perrone, quien fue el promotor del artículo presentado en el año 2023. Rodríguez expresó su perspectiva sobre el asunto al diario El Observador: «El valor de las multas de las infracciones de tránsito se ha tornado más un elemento recaudatorio que para prevenir accidentes. Por supuesto que las multas tienen que existir pero tienen que ser racionales, no como sucede ahora. Yo creo que es hora de que el Parlamento vuelva a discutir este tema para poner un máximo menor al actual».

Un nuevo intento legislativo por penas más laxas para infractores

Aunque el proyecto de ley no ha sido finalizado, los legisladores involucrados manejan la idea de aumentar ligeramente el monto máximo considerado en 2022. También se evalúa la posibilidad de mantener la sanción de 15 UR para casos específicos considerados de gravedad, como conducir bajo los efectos del alcohol. Actualmente, esa infracción y la de circular al doble de la velocidad permitida reciben la sanción económica más alta. Sebastián Andújar mencionó en una entrevista radial la posibilidad de reducir el máximo general en un 50%, manteniendo una excepción para el alcohol, aunque aclaró que los montos definitivos aún no han sido acordados por los parlamentarios.

El fracaso de la propuesta anterior se debió, en gran medida, a la falta de apoyo en la Cámara de Diputados, donde solo 17 legisladores votaron a favor. No obstante, en las justificaciones de voto, varios integrantes de la entonces coalición de gobierno manifestaron compartir el espíritu de la iniciativa, pero no la apoyaron por considerar que vulneraba la autonomía departamental consagrada en la Constitución. La competencia para aplicar y cobrar multas está distribuida: en las ciudades corresponde a las intendencias, mientras que en las rutas nacionales es responsabilidad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y, en algunos casos, del Ministerio del Interior.

Este punto constitucional hace que el respaldo de los intendentes sea un elemento considerado clave para el éxito de cualquier reforma en esta materia. Andújar ha sostenido contactos con varios jefes comunales del Partido Nacional, quienes se han mostrado dispuestos a avanzar en la reducción de los montos, siempre que el gobierno nacional adopte una medida equivalente para las infracciones que compete a su organismo. Según declaraciones del diputado a El Observador, la estrategia sería presentar un proyecto de ley que aplique únicamente a las multas impuestas por el gobierno nacional, con la expectativa de que el Congreso de Intendentes avance en una dirección paralela para las multas departamentales.

Los gobiernos departamentales blancos son clave

La postura de algunos intendentes blancos ha sido pública. El intendente de Durazno, Felipe Algorta, se refirió al tema a fines de enero: “No nos gusta, no estamos de acuerdo (con el monto de las multas). Nosotros no hacemos presupuestos en función de lo que vamos a recaudar de las multas”, y añadió que la situación “se ha ido de mambo”. Además de Algorta, en las conversaciones sobre esta materia han participado el intendente de Soriano, Guillermo Besozzi, y el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, quien también se desempeña como presidente del Congreso de Intendentes.

Este organismo de coordinación entre los gobiernos departamentales ya ha adoptado una medida concreta relacionada con el pago de multas. Acordó que, a partir de marzo, se podrá cancelar las multas departamentales con un descuento del 50% si se abonan al contado junto con la patente del vehículo. Si el pago se realiza en cuotas, la bonificación será del 30%. Esta disposición es independiente del proyecto de ley que se discute en el Parlamento y aplica exclusivamente a las sanciones impuestas por las intendencias.

En paralelo a la discusión sobre las multas, el diputado Sebastián Andújar ha anunciado que también trabaja en una propuesta para modificar la forma de cálculo del valor de la patente de rodados. El parlamentario se declaró partidario del sistema Sucive y del monto único nacional, pero cuestionó los valores actuales. “Me parece carísima. Es la patente más cara de América y también comparada con Europa”, comentó en una entrevista radial. El objetivo de su proyecto de modificación es ajustar las alícuotas, es decir, los valores porcentuales utilizados para determinar el monto a pagar por la patente.

Una propuesta paralela sobre el costo de las patentes

Andújar enfatizó que cualquier cambio en este sentido requiere consenso con las intendencias, ya que una parte de la recaudación por patentes se destina a los gobiernos departamentales. “Todo esto siempre tiene que ser consensuado con los intendentes. La ley es para encontrar un consenso para que esto no siga incrementándose”, aseguró. El legislador detalló que la propuesta contempla que, en determinados casos, se podría lograr una reducción en el costo de las patentes, o incluso congelar el valor para los vehículos cero kilómetro, ajustando el cálculo para que refleje de manera más fiel la depreciación del vehículo a lo largo del tiempo.

La vinculación entre ambos temas –multas y patentes– no es casual, ya que ambos representan obligaciones económicas significativas para los conductores y constituyen fuentes de recaudación para el Estado en sus diferentes niveles. Los críticos de los montos actuales argumentan que pueden tener un efecto contraproducente, generando descontento social y evasión, en lugar de promover un comportamiento vial más seguro. Los defensores de los valores vigentes suelen señalar su papel disuasorio y su aporte a la financiación de la infraestructura y las políticas de seguridad vial.