Atención a las infancias, mejoras en barrios, jubilaciones y vivienda: lo que la coalición decidió no apoyar

La decisión de la Coalición Republicana de no votar en general el proyecto de ley de Rendición de Cuentas deja en el aire el paquete de medidas sociales que el gobierno de Yamandú Orsi había definido como su principal apuesta para este tramo de gestión.

Legisladores del Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente anunciaron este jueves, en conferencia de prensa, que no acompañarán el proyecto en general, aunque se reservan la discusión en particular para presentar propuestas y modificaciones al articulado.

Esta negativa total le da la espalda a un paquete de propuestas que, de concretarse como están en el papel, podrían tener impacto desde las infancias hasta las personas en situación de calle, pasando por vivienda y mejoras en los barrios.

Sin apoyo de la coalición: los cambios sociales de la Rendición de Cuentas que quedan en veremos

El primero de los cambios que queda condicionado es la creación de la Asignación Única para la Infancia y la Adolescencia, la iniciativa que buscaba unificar el sistema de transferencias sociales y eliminar los «laberintos burocráticos» del esquema actual.

La medida incorporaría a más de 50.000 niños y niñas, con un aumento promedio superior al 80% para los más pequeños, y tenía como meta reducir en un 25% el índice de pobreza infantil. Sin el respaldo opositor, su aprobación queda supeditada a lo que se resuelva artículo por artículo en las próximas semanas.

En la misma línea, el refuerzo específico para la primera infancia —niños de 0 a 3 años y embarazadas— surgido de las conclusiones del Diálogo Social, tampoco cuenta hoy con garantías de aprobación. Esta medida se sostenía en 1.200 millones de pesos adicionales destinados exclusivamente al fortalecimiento del sistema de transferencias, con foco particular en los primeros mil días de vida, un período que el propio gobierno definió como estratégico para el desarrollo infantil.

Las personas en situación de calle a la intemperie

El segundo gran bloque afectado por la falta de acompañamiento opositor es la atención a personas en situación de calle, uno de los tres ejes que Orsi había priorizado para la asignación de recursos incrementales junto con infancia y seguridad.

El programa Más Barrio y las acciones específicas dirigidas a quienes duermen en la calle —que el presidente había definido como la decisión de «entrar a los barrios para recomponer el entramado social», «aunque cueste y duela»— quedan también a expensas de la negociación particular.

Cambios previsionales en suspenso

En materia previsional, la nueva causal jubilatoria que habilitaría el retiro a los 60 años ante una necesidad específica del trabajador es otro de los puntos que no logró el respaldo en general de la coalición.

Esta medida, que no modifica la edad normal de retiro, había sido presentada por el gobierno como parte de un paquete más amplio de cambios al sistema previsional, con otros ajustes previstos para el segundo semestre enfocados en infancia, adolescencia y trabajadores independientes.

Otros proyectos que bloquea la coalición

La justificación de la coalición para no acompañar el proyecto no se limitó a cuestiones técnicas o fiscales. En su declaración pública, los legisladores sostuvieron que la Rendición de Cuentas «refleja la gestión del gobierno en lo que va del período», a la que calificaron de tener «falta de un rumbo definido» y «muy pobres resultados», y afirmaron que el proyecto muestra un «marcado retroceso en las áreas más importantes para la sociedad» — una definición que apunta directamente al capítulo social que el Ejecutivo había presentado como su prioridad.

La medida vinculada a la vivienda para hogares vulnerables corre con otro estatus: el descuento de IVA en la compra de insumos para las asociaciones civiles sin fines de lucro que otorgan soluciones habitacionales gratuitas —como Cireneos, Piso Digno y Techo— ya se encuentra vigente y no depende de la aprobación de este proyecto en particular.

El financiamiento de las medidas sociales también quedó en el centro del debate previo al rechazo. La modificación al IMESI de los vehículos eléctricos, que iba a aportar unos 16,5 millones de dólares al año para cubrir más de la mitad del aumento de gasto previsto, había sido cuestionada por legisladores colorados como un «nuevo impuesto» encubierto.

El incremento total de gasto de 31 millones de dólares, dentro de un aumento presupuestal global de 3.200 millones de pesos, se sostenía en parte en una reasignación y racionalización del gasto público de unos 1.800 millones de pesos, con recortes en misiones oficiales, protocolo y proyectos no prioritarios.