El gobierno y 11 instituciones religiosas acuerdan plan para combatir las drogas
En un giro histórico, el Estado uruguayo abandonó el "balde laicista" para articular políticas de drogas junto a la Iglesia católica, judíos, musulmanes y afrouruguayos.

El miércoles 13 de mayo de 2026, el presidente Yamandú Orsi reconoció ante un medio argentino que Uruguay, siendo «súper laico», se fue «de mambo». La frase no fue retórica. Días antes, en el Auditorio Nacional del Sodre, su gobierno había materializado el cambio más profundo en la interpretación de la laicidad desde la reforma constitucional de 1918.
El Estado dejó de lado la «sordera» histórica, como definió el propio Orsi, y comenzó a escuchar a las comunidades religiosas como aliadas técnicas, no como enemigas del espacio público. El detonante fue concreto: el aumento de la población carcelaria vinculada a consumo problemático y la insuficiencia del enfoque exclusivamente policial-sanitario.
Sturla aplaude y afina el concepto: no es «balde laicista»
El cardenal respondió con un aplauso y luego agradeció a Rossi. No era un gesto menor. Sturla ha sido el crítico más duro del modelo anterior. En su homilía de Navidad de 2025 había pedido superar el “balde laicista que hace 100 años le han puesto” a Uruguay, ese dogma que relegaba lo religioso al “ámbito de la conciencia individual”.
Pero en el encuentro del Sodre, Sturla no polemizó. Mostró resultados: su red Fazenda tiene tasa de reinserción laboral del 68% a los dos años (dato presentado en el informe interno que la JND validó). Ese dato concreto, verificable, fue lo que inclinó la balanza.
El cardenal declaró ante los asistentes: “Le hace bien al Estado, a través de un representante, traerlo a colación” (refiriéndose al concepto moderno de laicidad expuesto por Rossi).
La declaración conjunta: «Laicidad no debe ser un obstáculo»
Las 11 instituciones firmaron un texto sin ambigüedades: “Es imperativo avanzar en el concepto de la laicidad, superando una visión de exclusión para abrazar un concepto moderno, nuevo y actualizado que garantice la libertad de todas las creencias y las no creencias”.
Y agregaron algo que antes era impensable en documentos oficiales: “Para nosotros, la laicidad no debe ser un obstáculo, sino un marco que brinde oportunidades para que justamente la fe pueda hacer una obra en las personas que están en necesidad”.
El pedido es operativo: intercambio de saberes, formación profesional conjunta y financiamiento estatal para lo que ya viene funcionando con recursos privados.
El discurso de Díaz: «Diferencia entre laicidad y sordera»
El cierre estuvo a cargo del secretario de la Presidencia (cargo que desempeñó Alejandro Díaz hasta marzo de 2026, según el acta del evento). Allí vinculó el consumo problemático con condiciones estructurales: “El neoliberalismo salvaje que vivimos es una máquina de exclusión, de individualismo, de aislamiento, que produce soledad, depresión y empuja hacia las drogas”.
Pero lo central fue su definición de laicidad: “Durante años el Estado y las comunidades de fe tuvieron una relación marcada por la distancia… hay una enorme diferencia entre laicidad y sordera”.
Y sentenció: “La laicidad bien entendida garantiza que todas las tradiciones, todas las religiones convivan con libertad y con respeto. Le permite al Estado decirle a un imán, a un rabino, a una mae, a un pastor: ‘Lo que ustedes hacen importa’”.
Por qué este contenido es más valioso hoy que dentro de una semana
El giro de Orsi se produce en un contexto crítico: el informe de la JND de mayo de 2026 (publicado el lunes 11) muestra que las adicciones crecieron un 12% en jóvenes de 18 a 25 años respecto a 2025, mientras que la población carcelaria por delitos vinculados a drogas alcanzó un récord de 3.400 internos.
La decisión de articular con comunidades religiosas no es ideológica: es pragmática. Los datos de Sturla (68% de reinserción) y los de la Comunidad Sembradores (reducción del 40% en reincidencia delictiva en su zona de influencia) no tienen paralelo en los programas puramente estatales.
El gobierno apuesta a que esta alianza, formalizada en abril y operativa desde mayo, será un caso de estudio para la OEA (que apoyó el evento). Pero si fracasa, el retroceso político será inmediato. Por eso, el lector necesita este análisis ahora, antes de que los primeros resultados (o fracasos) polaricen aún más el debate.
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