El astillero español Cardama presentó formalmente un arbitraje internacional contra el Estado uruguayo ante la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional. La demanda, aún sin cuantificación económica, reclama resarcimiento por la rescisión del contrato que el gobierno de Luis Lacalle Pou firmó en 2024 para construir dos patrulleras oceánicas (OPV).
Fuentes del Poder Ejecutivo confirmaron a LARED21 que el reclamo “carece de competencia”. El gobierno de Yamandú Orsi espera que el tribunal “desestime el planteo” sin entrar al fondo. Sin embargo, el solo inicio del arbitraje abre un frente legal que podría costarle a Uruguay millones de dólares adicionales a los ya invertidos.
Un contrato rescindido por irregularidades en garantías
El 13 de febrero de 2026, el gobierno de Orsi rescindió el contrato con Cardama. La causa: irregularidades en la composición de las garantías presentadas por el astillero gallego, que según informes técnicos de la Armada Nacional no cumplían con los estándares exigidos.
El senador del MPP Daniel Caggiani declaró el pasado 25 de abril que la compra original había sido “uno de los escándalos del gobierno pasado”. En rueda de prensa, Caggiani afirmó que Lacalle Pou adquirió las patrulleras “a un astillero español que no tenía una sola experiencia en el rubro”. Como resultado, Uruguay tiene hoy “unas chatarras en Galicia”.
Esa valoración no es solo política. El excomandante en jefe de la Armada, Jorge Wilson, explicó el 26 de abril ante la comisión parlamentaria que lo construido —aproximadamente el 50% del casco de la primera unidad— es propiedad del Estado uruguayo. Wilson advirtió que trasladar esa estructura a otro lugar es posible, pero costoso. “Todo se puede sacar”, dijo, citando el traslado de monumentos en Egipto, “el problema es dónde se manda”.
El dilema de los US$ 30 millones y el “monumento a la ruina”
Según datos proporcionados por el diputado nacionalista Pablo Abdala, el Estado ya ha invertido más de US$ 30 millones en la construcción de las dos patrulleras. Ese dinero no es recuperable si la obra no se completa.
Abdala, en declaraciones a El País de esta semana, señaló que la rescisión “fue una decisión precipitada e irresponsable” que causó un “daño que se agrava cada día”. El costo de almacenamiento del casco en las instalaciones de Cardama en Vigo —que ahora es propiedad uruguaya— sigue generando pérdidas. Cardama ya envió una carta al Ejecutivo reclamando que retire “lo construido lo antes posible” para mitigar “las consecuencias dañosas”.
La oposición propone soluciones diversas. El diputado blanco Gabriel Gianolli sostuvo que lo más viable sería que el nuevo astillero elegido por Orsi —que aún no hay definición— sea español y termine la obra en el mismo lugar. “Orsi no descartó esa opción”, recordó Gianolli.
Mientras tanto, el senador Caggiani fue más allá: “Si me preguntan a mí, habría que traerlas y ponerlas en la Plaza Independencia y hacer un monumento a la ruina más grande que tuvo la Armada Nacional en el último gobierno”.
¿Qué opciones maneja el gobierno de Orsi para las nuevas OPV?
El presidente Orsi fue consultado este jueves 7 de mayo sobre el avance en la búsqueda de un nuevo constructor. Su respuesta fue escueta: “No (se avanzó) mucho”. Añadió que han aparecido “otras opciones” menos onerosas y más rápidas, procedentes de Reino Unido y Francia. También reconoció que un astillero español “nos da una ventaja”, porque facilitaría el uso del material ya construido.
No obstante, el gobierno aún no ha precisado fechas ni números concretos. “Cuando aparezcan propuestas concretas, con números concretos”, dijo Orsi.
La comisión parlamentaria especial que investiga el caso Cardama sesiona todos los lunes y se centra ahora en la actuación del gobierno de Lacalle Pou. Pero el tiempo juega en contra. Cada día que el casco permanece en Vigo genera un costo de almacenamiento que, según Abdala, “es inestimable” y robustece la posición de Cardama en el arbitraje.
Lo que viene en los próximos 48-72 horas
Se espera que en los días siguientes la Corte de Arbitraje de la CCI notifique formalmente al Estado uruguayo y establezca un cronograma. Fuentes jurídicas consultadas indican que la primera audiencia podría fijarse para junio.
Paralelamente, el gobierno deberá definir antes de fin de mes si acepta alguna de las ofertas de astilleros británicos o franceses. De lo contrario, el material de Vigo seguirá acumulando costos y el arbitraje avanzará sin una contrapropuesta clara.
Para los contribuyentes uruguayos, el costo ya no es solo fiscal. Es también el de una oportunidad perdida: dos patrulleras que nunca patrullarán, un arbitraje que podría durar años y un casco de acero que hoy es, literalmente, un monumento a la mala planificación.
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