Capitán fue víctima de acoso en el Ejército por denunciar corrución durante el gobierno anterior

Una resolución firmada el 25 de febrero por la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, determinó que el capitán Nelson Duarte fue víctima de acoso laboral en su modalidad moral dentro del Ejército uruguayo. El documento, al que accedió El Observador, pone fin a una investigación administrativa que la Inspección General del Trabajo había reclamado formalmente al Ministerio.

La denuncia original la presentó Duarte ante ese organismo en diciembre de 2023. En ella señaló como responsables al exministro Javier García, al también exministro Armando Castaingdebat y al comandante en jefe del Ejército, general Mario Stevenazzi, además de otros jerarcas y funcionarios. El exoficial —identificado públicamente como «teniente Duarte» desde que comenzó a exponer situaciones de corrupción en la fuerza— acumulaba años de conflictos institucionales antes de que esta investigación tomara forma formal.

El expediente ingresó al Ministerio de Defensa el 13 de enero de 2025. Para instruirlo se designó a la doctora Alicia Fagúndez, cuya tarea central fue determinar la cadena de mando detrás de la decisión que mantuvo a Duarte alejado de su lugar de trabajo durante un período prolongado, percibiendo salario sin ejercer funciones.

La medida que mantuvo a Duarte en su domicilio por tres años quedó en el centro del expediente

El exministro García reconoció haber emitido esa orden bajo el rótulo de «medida cautelar«, argumentando que su propósito era proteger al denunciante luego de que éste expuso irregularidades internas. Castaingdebat, por su parte, afirmó haber continuado aplicando una resolución heredada de su antecesor. Fagúndez concluyó que no se logró probar el acoso laboral en sentido estricto, aunque dejó asentado que la medida de García «no contó con la fundamentación adecuada a derecho» y que, por su propia naturaleza, debía tener un plazo de vigencia que nunca fue establecido.

Las conclusiones de la instructora pasaron luego a la asesora jurídica del Ministerio, Daiana Maldonado, quien adoptó una postura diferente. Maldonado determinó que sí existió acoso moral, una de las modalidades reconocidas del acoso laboral, y que sus características «encuadran en el presente caso».

En su dictamen, la asesora dejó consignado: «Es un elemento indiciario de que el hecho de que al denunciante le dieran la orden verbal de que estuviera en su domicilio por el transcurso de tres años, manteniéndolo así de forma aislada de su lugar de trabajo, no cumpliendo funciones y sin la no asignación de tareas, llegando a ser degradante para éste, teniendo un impacto psicológico en él, ya que no se le permitía regresar al trabajo, no se le daban las explicaciones del caso y las órdenes verbales de que permaneciera en su domicilio fueron de manera sistemática, reiteradas en el tiempo, siendo éstas indeterminadas, abusivas, configurándose así el acoso moral.»

La ministra Lazo avaló el dictamen jurídico, pero la resolución no menciona responsables

En su resolución, la ministra Sandra Lazo manifestó compartir la línea argumental de Maldonado y estableció que el acoso moral quedó probado. Sin embargo, el documento no identifica a ningún jerarca ni funcionario como responsable directo. La resolución deberá ser remitida ahora a la Inspección General del Trabajo, y la defensa de Duarte tendrá la posibilidad de aceptarla o rechazarla.

En caso de rechazo, el exoficial quedaría habilitado para iniciar una acción judicial por acoso laboral ante la justicia ordinaria. Ante este escenario, Natalia Martínez, abogada y esposa de Duarte, reclamó la suspensión de los procesos que se siguen contra él en la justicia militar, argumentando una «eventual contaminación de origen y abuso de funciones» por parte de quienes lo denunciaron en esa instancia.

El historial de Duarte dentro del Ejército comenzó a complicarse en 2013, cuando siendo teniente denunció que personal militar era utilizado de manera irregular para instalar las piscinas de la empresa Akesse, sin que existiera ningún convenio que lo respaldara. Los pagos correspondientes se canalizaban hacia oficiales al margen de todo registro contable. En esa misma oportunidad, Duarte señaló que en su unidad se fabricaban porteras para la carpintería de un coronel y que bebidas de contrabando eran trasladadas desde el Chuy en vehículos del Ejército.

Las denuncias resultaron probadas, pero las consecuencias recayeron sobre quien las formuló

A pesar de que los hechos denunciados fueron comprobados, Duarte fue quien acumuló las consecuencias: sanciones disciplinarias, traslados reiterados, humillaciones de diversa índole y una década sin obtener un ascenso. En 2021 presentó una nueva batería de denuncias, acompañadas de filmaciones y fotografías que documentaban operaciones de contrabando —cargamentos de refrescos y bebidas alcohólicas depositados en el despacho del jefe del Comando de Apoyo Logístico del Ejército— así como irregularidades en el uso de combustibles y neumáticos.

A partir de ese punto, se le prohibió presentarse en su lugar de trabajo. Además, recibió una sanción de un mes de arresto a rigor por haber expuesto su situación en televisión. En 2024, ya bajo la gestión de García como ministro de Defensa, Duarte recibió su primer ascenso desde el inicio de sus denuncias, alcanzando el grado de capitán. En paralelo, sin embargo, se aceleró el trámite para forzar su retiro.

El retiro obligatorio se concretó en febrero de 2025, pocas semanas antes del fin del gobierno del presidente Luis Lacalle Pou. La resolución de la ministra Lazo, emitida ese mismo mes, cierra formalmente el expediente administrativo pero deja abiertos varios frentes: el destino de las causas militares contra Duarte, la posibilidad de una demanda civil y la ausencia de responsables nominados en el documento oficial.