Estados Unidos podría estar financiando el “ataque a la soberanía española” desde Ceuta

El Congreso de Estados Unidos aprobó, semanas antes de la entrada masiva de decenas de miles de migrantes a Ceuta a fines de julio, un documento presupuestario que destina 40 millones de dólares a Marruecos y que, por primera vez, pone en duda por escrito la soberanía española sobre Ceuta y Melilla.

La confirmación surge del propio texto de la ley de asignaciones para seguridad nacional y Departamento de Estado del año fiscal 2027, conocida como H.R. 8595, aprobada por la Cámara de Representantes el 15 de julio con 217 votos a favor y 209 en contra.

El párrafo en cuestión forma parte de un informe de la Comisión de Asignaciones que acompaña al proyecto, elaborado bajo la supervisión del presidente de esa comisión, el republicano Mario Díaz-Balart. Se trata de un documento con peso político real, aunque sin fuerza de ley: orienta al Departamento de Estado sobre cómo debe ejecutar el gasto, pero no transfiere territorio ni modifica el estatus jurídico de nada.

El texto establece dos partidas separadas de no menos de 20 millones de dólares cada una para Marruecos: una bajo el programa de Inversiones de Seguridad Nacional y otra bajo el Programa de Financiamiento Militar Extranjero. La comisión justifica la continuidad de esta asistencia invocando la alianza histórica entre ambos países, formalizada en 1786 mediante el Tratado de Paz y Amistad entre Marruecos y Estados Unidos.

En el mismo párrafo, el comité afirma que las ciudades españolas de Ceuta y Melilla, aunque administradas por España, se encuentran “en territorio marroquí” y siguen siendo objeto de la reivindicación histórica del Reino de Marruecos. A continuación, respalda explícitamente los esfuerzos del secretario de Estado, Marco Rubio, para fomentar el diálogo diplomático entre Rabat y Madrid sobre el futuro estatus de ambas ciudades.

EE.UU. le echa leña al fuego al conflicto entre España y Marruecos

La difusión de este lenguaje cobró fuerza pública recién el 1 de agosto, cuando el representante republicano por Kentucky Thomas Massie —el único legislador de su partido que votó en contra del proyecto— acusó a sus propios colegas de hipocresía.

En su cuenta de la red social X, Massie sostuvo que la Cámara había aprobado dos semanas antes un texto que, a su juicio, allanaba el camino para ceder territorio español a Marruecos, y que los mismos legisladores que lo votaron ahora se mostraban sorprendidos por la crisis migratoria en Ceuta.

Esa crisis comenzó el 30 de julio, cuando decenas de miles de personas cruzaron a nado o caminando por la costa desde Marruecos hacia Ceuta, en el mayor episodio de presión migratoria registrado en esa frontera desde 2021. El Ministerio del Interior español estimó en unas 60.000 las personas que ingresaron de forma irregular durante el momento más intenso del cruce, con varias decenas de muertos confirmados.

¿Un ataque coordinado?

 

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, calificó lo ocurrido como un ataque a la integridad territorial de España, aunque evitó responsabilizar directamente a Marruecos y agradeció públicamente su cooperación posterior en las devoluciones.

Organizaciones de derechos humanos marroquíes, como la Asociación Marroquí de Derechos Humanos, denunciaron un uso político de la crisis migratoria por parte de Rabat, al considerar que el Gobierno marroquí instrumentalizó a población en situación de vulnerabilidad como herramienta de presión frente a España y la Unión Europea.

Conviene precisar qué es lo que efectivamente está documentado y qué no. El financiamiento militar a Marruecos incluido en el informe del comité continúa una cooperación de seguridad preexistente entre ambos países y no aparece condicionado en el texto a la disputa por Ceuta y Melilla, aunque el comité los menciona en el mismo párrafo.

No existe, hasta el momento, evidencia verificada de que esos fondos específicos hayan sido utilizados operativamente para facilitar la entrada masiva registrada a fines de julio. Esa vinculación causal circula como denuncia en redes sociales y en sitios de noticias de baja fiabilidad, incluidos medios vinculados a redes de desinformación, pero no cuenta hasta ahora con respaldo de fuentes oficiales, investigaciones periodísticas verificadas ni documentación pública que la sostenga.

El proyecto de ley todavía debe atravesar su tramitación en el Senado antes de convertirse en ley definitiva, por lo que el lenguaje del informe sobre Ceuta y Melilla podría modificarse en el proceso de conferencia entre ambas cámaras. El Gobierno español mantiene que no existe base legal alguna para transferir la soberanía de ambas ciudades autónomas, sosteniendo que la presencia española en el norte de África es anterior a la existencia del Estado marroquí moderno.