Gobierno de Orsi evalúa declarar esencialidad en puerto de Montevideo: la negociación colectiva en TCP no ancla

La Terminal Cuenca del Plata (TCP), ubicada en el puerto de Montevideo y controlada en un 80% por la belga Katoen Natie y en un 20% por el Estado uruguayo, atraviesa desde hace semanas un conflicto laboral que ya provocó interrupciones en la operativa, desvío de buques y pérdidas millonarias para el comercio exterior.

El origen de la disputa está en la renovación del convenio colectivo para los 550 funcionarios de la terminal, luego de que el acuerdo anterior perdiera vigencia el 27 de abril de 2026. El Sindicato de Trabajadores de TCP-Nelsury —que integra el Sindicato Único Portuario (Supra)— exige, como condición para avanzar en la negociación, que la empresa garantice un mínimo de 25 jornales mensuales asegurados para todos los trabajadores, haya o no trabajo efectivo.

La empresa, por su parte, rechaza el planteo. Katoen Natie sostiene que el otorgamiento previo de beneficios económicos de esa magnitud “resulta incompatible con un proceso de negociación colectiva de buena fe y constituye un planteo económicamente inviable e improcedente”. Según datos aportados por la propia empresa, los trabajadores de la terminal ya cuentan con esquemas que van de 13 a 26 jornales asegurados, con un promedio de 60.000 pesos mensuales, e incluso existen funcionarios mensualizados.

El centro de la discusión: los jornales garantizados

La negociación, que se desarrolla en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) bajo la conducción del ministro Juan Castillo y la directora Nacional de Trabajo, Marcela Barrios, ha tenido idas y vueltas. El sindicato bajó su pretensión inicial de 25 jornales, pero el desacuerdo persiste. Según pudo saber El País, las propuestas en danza van desde los 22 hasta los 15 jornales mensuales, con planteos intermedios, mientras se mantiene la prórroga de negociación “en paz” —sin medidas de fuerza— al menos hasta el próximo viernes, cuando el sindicato tenga una nueva asamblea.

Para el sindicato, la discusión no es menor. Los trabajadores denuncian que para acceder a los 13 jornales mínimos actuales, “el trabajador debe estar a total disponibilidad de la empresa durante todo el mes, pendiente del teléfono para saber si trabaja y en qué horario”. Las convocatorias pueden ser de mañana, tarde o noche, “imposibilitando cualquier planificación de la vida familiar”. A eso se suma “un sistema de descansos impredecible”, ya que el derecho al descanso se otorga tras trabajar seis días de corrido, “lo que hace imposible saber con antelación qué día de la semana se podrá compartir con la familia”.

El gremio también cuestiona el contexto de la negociación. En un comunicado, los trabajadores señalaron que “la situación actual de incertidumbre es responsabilidad exclusiva de la empresa”, ya que fue Katoen Natie quien impulsó la cláusula de extinción del convenio al llegar a su vencimiento. “De haberse optado por la ultractividad (la prórroga automática del convenio anterior), el escenario actual en la Terminal sería completamente diferente”, afirmó el sindicato.

La esencialidad como herramienta y el costo político

En este contexto, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, declaró el lunes en el programa Desayunos Informales (Canal 12) que el gobierno no descarta decretar la esencialidad en el puerto si el conflicto se prolonga. “Si se tiene que recurrir a la herramienta de la esencialidad, el Poder Ejecutivo va a recurrir a ello”, afirmó.

La medida tiene un componente de alta sensibilidad política. Para decretarla, se precisa la firma del ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, un dirigente comunista con una larga trayectoria sindical portuaria que históricamente se ha manifestado en contra de la esencialidad. En enero de 2025, Castillo dijo en el programa La Fórmula: “Vos no podés haber defendido una teoría, una concepción, unas ideas durante toda tu vida y de repente olvidarte de lo que hiciste”. Ante la consulta de si este tema era “innegociable” para él, respondió: “Sí, yo creo que sí”.

Sánchez fue contundente: “Si es el límite de Juan, y hay que declararla, renunciará. Es un tema de Juan, no es un tema del gobierno. Todos somos fusibles y responsables de nuestras decisiones”. Fuentes de Presidencia confirmaron a El País que la medida “está arriba de la mesa” y que cada vez se la ve como una opción cierta en función de que el conflicto continúa sin solucionarse.

El propio Castillo y Sánchez mantuvieron este lunes una conversación para bajarle el tono a la polémica. “Hablamos y quedó todo aclarado”, dijo el ministro a El Observador. Fuentes de Presidencia negaron cualquier tipo de ruptura política y señalaron que las declaraciones de Sánchez surgían de un intercambio en un medio de comunicación sobre supuestos hipotéticos.

El costo económico y la presión política

El conflicto ya tuvo consecuencias concretas. Un paro de 48 horas en la terminal dejó pérdidas superiores a los 60 millones de dólares, con 11.000 movimientos de contenedores perdidos y 9 buques cancelados. La Terminal Cuenca del Plata es el principal nodo de comercio exterior del país —por allí pasa el 80% del comercio marítimo uruguayo— y cualquier interrupción afecta directamente a exportadores e importadores.

La oposición, a través del Partido Nacional, ya anunció la convocatoria al Parlamento de manera “grave y urgente” a los ministros Gabriel Oddone (Economía) y Lucía Etcheverry (Transporte), y al resto de las autoridades portuarias. El senador Javier García pidió que se declare la esencialidad: “No puede atentar un sindicato contra el empleo de los uruguayos”. El director vocal de la ANP, Jorge Gandini, cuestionó la demora en una solución “mientras perdemos con Brasil y Argentina”.

Las gremiales rurales también solicitaron la intervención del gobierno. La Unión de Exportadores alertó por el impacto del conflicto y pidió que las autoridades utilicen las herramientas legales disponibles para asegurar el funcionamiento normal del puerto.

Lo que viene

Las negociaciones continúan este martes en el Ministerio de Trabajo, con el objetivo de alcanzar una solución antes del viernes. La directora Nacional de Trabajo, Marcela Barrios, dijo que mientras esté instalada la mesa de negociación no se maneja la esencialidad como una alternativa, aunque en Presidencia la tienen como una herramienta en caso de que se llegue a una situación de “perpetuidad” en el conflicto.a