Antel Arena pasará a manos de una subsidiaria de la empresa: Laura Raffo votó en contra

El directorio de Antel ha determinado, con los votos de sus representantes oficialistas, que la gestión operativa del Antel Arena será asumida por una de sus subsidiarias de propiedad total. La resolución, adoptada en la sesión del pasado jueves, marca un cambio en el modelo de administración del polideportivo, que hasta el 31 de diciembre estaba a cargo de una firma privada mediante un contrato que expira en esa fecha. El presidente de la empresa, Alejandro Paz, confirmó la decisión, que había sido objeto de análisis en el órgano directivo desde el mes de mayo.

La medida surge tras el examen de las bases para una potencial licitación que habían sido elaboradas durante la administración anterior. Según fuentes de la compañía, se identificó que los plazos podrían no ser suficientes para desarrollar un proceso competitivo viable. Frente a este escenario, se constituyó un grupo de trabajo para evaluar alternativas, cuyo informe final fue el documento base sobre el que se deliberó y se tomó la determinación final en la última reunión.

El Antel Arena, una obra cuya construcción comenzó en 2014, ha estado históricamente en el centro del debate político. Su desarrollo fue cuestionado por la oposición de la época, que argumentaba la inconveniencia de destinar fondos públicos a un emprendimiento ajeno a los cometidos esenciales de la empresa estatal. La controversia persistió incluso después de su inauguración a fines de 2018 y se extendió hasta el reciente archivo definitivo de una causa penal promovida por el gobierno saliente.

Un nuevo capítulo en la administración del rentable polideportivo

Con el cambio de gobierno en marzo, la administración del centro de espectáculos volvió a la palestra. La opción de una gestión directa por parte de la empresa estatal ganó terreno como la solución preferida por la actual administración. El vicepresidente de Antel, Pablo Álvarez, acompañó en su voto al presidente Paz, respaldando la transición hacia el nuevo modelo de gestión que se implementará una vez concluya el vínculo contractual con el operador privado actual.

La directora nacionalista Laura Raffo manifestó su voto negativo durante la sesión, posición que era consistente con sus argumentaciones previas en reuniones anteriores donde se esbozó esta posibilidad. Raffo sostuvo que la decisión “es un escándalo”. En su fundamentación, expuso que la empresa estatal asume una carga operativa que distrae recursos y atención de su función principal, que es proveer conectividad a la población.

Adicionalmente, la representante opositora cuestionó la falta de un proceso competitivo que, mediante una licitación, permitiera evaluar diferentes propuestas y seleccionar la opción de negocio más ventajosa para los intereses del Estado. “Antel tomará todo el riesgo económico y financiero en un negocio que no conoce”, afirmó, aludiendo a la naturaleza ajena de esta actividad para la compañía de telecomunicaciones y destacando que el polideportivo actualmente reporta pérdidas.

La subsidiaria ITC como instrumento de gestión

La empresa designada para asumir la gestión operativa será ITC, una de las tres subsidiarias de Antel en Uruguay, constituidas con capital ciento por ciento estatal. “Antel es su único accionista, su único dueño y quien define su estrategia. Por lo tanto, cada peso, cada minuto y cada decisión que toma esa subsidiaria pertenece a Antel”, explicó Raffo, delineando la cadena de dependencia y responsabilidad última de la empresa matriz.

ITC tiene como actividad principal la consultoría, con foco en el sector de las telecomunicaciones, aunque su portafolio de servicios se extiende a asesorías en recursos humanos, selección de personal y desarrollo de metodologías para planes estratégicos corporativos. En su portal oficial, la empresa describe que su enfoque consultivo es “innovador” y ofrece una “mirada holística de las organizaciones y las personas”.

Entre su cartera de clientes figuran numerosos organismos e instituciones públicas, como ASSE, Casanos del Estado, la Intendencia de Montevideo, el Instituto Nacional de Estadística, el Instituto Nacional de Carnes, el Banco de Previsión Social y varios ministerios, entre otros. Frente a la falta de experiencia directa en la gestión de recintos deportivos, el presidente Paz argumentó que “la subsidiaria simplemente agrega una nueva línea de negocio”, sosteniendo que el know how necesario ya existe en el país tras los años de operación del Arena.

Objetivo de espectáculos más accesibles

La decisión adoptada por el directorio había sido preanunciada en declaraciones públicas del presidente de Antel a inicios de agosto. En esa oportunidad, Paz había expresado el objetivo del oficialismo de “revitalizar” el Antel Arena, partiendo de la base de que en los últimos años el recinto se había convertido en “mala palabra”. La filosofía declarada era ampliar la oferta de eventos más allá de los espectáculos de alto costo.

El jerarca había adelantado entonces la intención de organizar producciones “más populares”, citando como ejemplos partidos de hándbol y una mayor convocatoria a espectáculos nacionales con precios de entradas más accesibles. El propósito declarado era reducir los costos tanto para los productores que alquilan el espacio como para el público final, facilitando así una mayor diversidad de eventos.

Al ser consultado específicamente en aquella ocasión sobre la posibilidad de que Antel asumiera la gestión directa, Paz había respondido que era una opción en estudio. Había esbozado las alternativas que se manejaban: “Gestionar a través de otra empresa, o contratar una empresa que lo gestione y vos en definitiva terminás poniendo gente de Antel que controle esa empresa”. La ruta finalmente elegida fue la primera, internalizando la operación a través de su subsidiaria ITC.