Los operativos migratorios de Milei: menos del 3% de efectividad y poquísimos logros

Desde una perspectiva externa, la campaña de control migratorio lanzada por el gobierno argentino a principios de 2026 constituye un caso de estudio fascinante sobre las tensiones entre retórica política y resultados empíricos. Lo que comenzó como un anuncio enfático que buscaba emular la estrategia del ICE estadounidense bajo la administración Trump, derivó en ocho meses de despliegues masivos cuyos balances oficiales, obtenidos por vía de acceso a la información, dibujan un panorama notablemente distinto al de los discursos inaugurales.

Entre el 1 de enero y el 26 de junio de 2026, las fuerzas federales argentinas realizaron 851 operativos en distintas provincias. Durante estas intervenciones, 7.261 personas fueron registradas y documentadas. De ese total, apenas 161 resultaron ser extranjeros en situación migratoria irregular. Esta cifra representa un exiguo 2,2% del universo fiscalizado. Dicho de otro modo, el 97,8% de los ciudadanos y residentes que fueron detenidos e identificados en la vía pública no presentaban absolutamente ninguna irregularidad que justificara el operativo.

Los números provienen de una respuesta oficial a un pedido de información presentado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) , y contradicen abiertamente la narrativa gubernamental que insiste en la existencia de una crisis migratoria. De hecho, el 93,6% de los extranjeros controlados poseían documentación perfectamente regular, mientras que el 4,1% restante eran ciudadanos argentinos que simplemente se encontraban en el lugar equivocado en el momento equivocado.

Un operativo de alto costo y bajo rendimiento

Para sostener estos 851 controles, el gobierno movilizó a más de 2.000 funcionarios. El grueso del operativo recayó sobre la Policía Federal, que aportó 1.788 agentes, a los que se sumaron efectivos de otras fuerzas y personal de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) . La distribución geográfica de los operativos revela una lógica más vinculada a la visibilidad mediática que a necesidades estratégicas de frontera: el 53% se concentró en la Ciudad de Buenos Aires, el 23% en la provincia de Buenos Aires y el 8% en la provincia de Misiones.

Para un observador internacional, esta asignación de recursos resulta, cuanto menos, desconcertante. Argentina no registra picos significativos en cruces fronterizos irregulares ni en solicitudes de asilo que justifiquen un despliegue policial interno de esta magnitud. Tal como lo expresó Lucía Galoppo, abogada del equipo internacional del CELS: “Argentina no tiene un problema de migración. No hay un diagnóstico, datos, ni información que justifique este tipo de intervenciones ni un cambio de enfoque en la política. Es una decisión ideológica”. Y añadió: “Los datos dan cuenta de que este tipo de operativos no tienen ningún sentido. Solo tienen intención de montar un gran espectáculo sobre la intervención policial”.

El descenso en la efectividad y el foco en ferias populares

Las propias comunicaciones oficiales evidencian la brecha entre la promesa y la realidad. En enero, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, advertía con dureza: “Si sos extranjero e intentas ingresar o permanecer en Argentina de manera ilegal, te vamos a identificar, expulsar y no podrás volver a nuestro país”. El ministerio publicó en redes sociales imágenes de los primeros allanamientos en La Matanza, donde se reportaron 385 extranjeros registrados y 16 en situación irregular, un 4% .

Sin embargo, a medida que avanzaron los meses, la tasa de detección fue cayendo de manera sostenida. El patrón geográfico de los controles muestra una clara orientación hacia zonas de alta actividad comercial informal. En la Capital, el 43% de los operativos se realizaron en las comunas 9, 3 y 7; en la provincia de Buenos Aires, el 72% se concentró en Lomas de Zamora, donde se encuentra la feria de La Salada. Esta focalización sugiere que los operativos apuntan a sectores socioeconómicos específicos, más que a una fiscalización migratoria basada en criterios de riesgo objetivos.

La vía administrativa: el decreto que fabrica irregularidad

Paralelamente al escaso éxito de los controles callejeros, el gobierno encontró un mecanismo mucho más efectivo para inflar sus estadísticas de expulsión. Mediante el decreto 366/25, dictado en mayo de 2025, se estableció la exigencia de acreditar “medios económicos suficientes” para acceder a la residencia permanente, sin que el texto especifique criterios claros para evaluar dicha suficiencia.

Esta medida ha operado como un embudo burocrático: al ralentizar los trámites y generar incertidumbre sobre los requisitos, el Estado convierte en irregulares a migrantes que antes eran regulares, para luego perseguirlos y expulsarlos. “El gobierno produce un problema: al ralentizar los trámites migratorios, genera más personas en condiciones de irregularidad que luego persigue”, observó Galoppo. El impacto numérico es contundente: las expulsiones pasaron de un promedio de 98 por mes en 2025 a 202 por mes en el primer semestre de 2026, con un pico de 379 expulsiones en junio.

Desde el exterior, esta estrategia plantea serias alertas sobre discriminación por motivos de clase, ya que afecta de manera desproporcionada a migrantes de países vecinos y de menores recursos, que históricamente han sido el pilar de la inmigración en el país.

Una política importada sin diagnóstico local

Lo que ocurre en Argentina no es un fenómeno aislado, sino la adopción de un modelo de enforcement performático que ya se ha ensayado en otras latitudes. La referencia explícita al ICE de Trump traslada un esquema pensado para una realidad migratoria muy distinta (la de la frontera sur de Estados Unidos) a un contexto donde el flujo irregular es estadísticamente marginal.

El costo de movilizar a más de 2.000 efectivos durante ocho meses, con todos los gastos operativos, logísticos y de horas extras que ello implica, debe sopesarse contra las 161 detecciones reales logradas en el espacio público. Bajo cualquier estándar razonable de eficiencia fiscal o seguridad pública, el balance es ampliamente deficitario. El único rendimiento tangible parece ser la construcción de un relato que estigmatiza a la población extranjera y la presenta como una amenaza, aun cuando los números oficiales demuestren lo contrario.