Ministerio de Ambiente frena barrio privado en Laguna del Cisne: Canelones había dado luz verde

Entre el paisaje sereno de la laguna y la promesa de un refugio exclusivo, se libra una batalla silenciosa cuyos ecosismos resuenan en despachos oficiales y reuniones vecinales. La reserva Laguna del Cisne se erige como el epicentro de un conflicto que trasciende la mera disputa territorial, enfrentando visiones opuestas sobre el desarrollo, la conservación y el propio destino de la principal fuente de agua para miles de personas. No es solo un proyecto inmobiliario, sino un experimento crucial que pondrá a prueba la solvencia de las normas ambientales frente a la presión de los intereses privados.

Aunque los permisos de construcción no han sido otorgados, la comuna canaria no ha manifestado objeciones al desarrollo futuro. Fuentes de la administración de Francisco Legnani indicaron que existe una convicción política de que la construcción de viviendas representa una de las intervenciones “más sanas” sobre un ecosistema cautelado como el de Laguna del Cisne. Esta postura se enmarca en una política emblemática de las últimas administraciones de Canelones.

Comisión de Vecinos de Laguna del Cisne exige claridad sobre intimación ambiental

Esta línea de acción, particularmente asociada a la gestión del actual presidente Yamandú Orsi, busca agilizar desarrollos destinados a residentes de alto poder adquisitivo, con el objetivo de generar mayores ingresos para la comuna. Dichos recursos serían destinados a obras en otros barrios del departamento. No obstante, las mismas fuentes señalaron que será necesario “resolver bien” todos los potenciales impactos ambientales, tales como la instalación de cámaras sépticas y la construcción de senderos internos.

En el Ministerio de Ambiente la perspectiva es menos definida. Las diferencias institucionales quedaron expuestas durante uno de los últimos encuentros de la Comisión de Cuenca de la Laguna del Cisne, de acuerdo con la documentación consultada. Mientras la Intendencia reiteró ante los vecinos que el proyecto “no es una urbanización ni un barrio privado, sino una subdivisión de suelo rural en padrones rurales (…) de más de tres hectáreas”, diversas unidades del ministerio sostuvieron que la reserva “tiene características de una urbanización”.

El debate sobre la clasificación del emprendimiento

Esa caracterización implicaría la necesidad de obtener una Autorización Ambiental Previa. Esta posición ha sido reiterada por la División de Cuencas y Acuíferos en junio, la Gerencia de Control de la Dirección de Control y Desempeño Ambiental en agosto, y posteriormente por la Dirección Nacional de Aguas ante los vecinos el 25 de setiembre. En adición a lo anterior, el Ministerio de Ambiente intimó al propietario de los campos, Pablo Bidegain, “a detener de inmediato las construcciones y obras hasta obtener la Autorización Ambiental Previa”.

El propietario del terreno presentó su respuesta, y el expediente se encuentra desde finales de setiembre bajo análisis de la asesoría jurídica del ministerio. Paralelamente, la Comisión de Vecinas y Vecinos en defensa de la Laguna del Cisne solicitó a las autoridades que se “defina con claridad el alcance” de la intimación cursada por el Ministerio de Ambiente. Un punto de convergencia entre la intendencia y la cartera ministerial fue la sanción aplicada a Bidegain por la construcción de un muelle en la “zona buffer”.

Una infracción en área protegida en riesgo

Esta área corresponde a una franja protegida que rodea la laguna, donde cualquier tipo de intervención está prohibida. Inicialmente, el propietario declaró que la estructura de madera fue ensamblada para “disuadir” las “incursiones recurrentes de lanchas a motor, cazadores y pescadores con trasmallos”. Meses después, un informe dirigido a la intendencia describió el muelle como un “aporte fundamental” para desarrollar un futuro “centro de educación ambiental”, al permitir “acercarse al espejo de agua sin dañar el bañado”.

El área de Planificación de la comuna respondió que dicha propuesta “deberá ser analizada conjuntamente con la dirección de gestión ambiental y la comisión rural”, pero recalcó que el muelle fue construido “sin los permisos correspondientes”. El sendero de madera que se adentra en la laguna figura como uno de los atractivos que la reserva exhibe en sus redes sociales para captar la atención de futuros inversores.

Los orígenes del fraccionamiento territorial

La historia del proyecto se remonta a 2023. La iniciativa para la reserva Laguna del Cisne –impulsada por el mismo desarrollador de los emprendimientos Balcones de Rocha, Arenas de La Pedrera y Arenas del Polonio– comenzó con un fraccionamiento de tres padrones de suelo rural productivo. Esta operación resultó en 72 lotes de más de tres hectáreas cada uno y un lote adicional de 35,7 hectáreas en suelo rural natural, colindante con la propia Laguna del Cisne, concebido como propiedad común para “regular su conservación”.

En ese extenso terreno natural, el privado presentó ante Catastro y la intendencia un “reglamento de copropiedad” destinado a delimitar las “restricciones de uso” y establecer un “enfoque ambientalmente sustentable” que preserve el “ecosistema” y su “biodiversidad”. El propietario proyectó ante las autoridades un emprendimiento de chacras concebido como “vivienda no permanente”. Tras las denuncias vecinales presentadas ante el Ministerio de Ambiente en 2024, la División de Cuencas y Acuíferos de la cartera advirtió sobre los riesgos.

Cuestionamientos desde la cartera ambiental

El organismo señaló que “no se puede determinar adecuadamente el riesgo de contaminación y afectación al balance hídrico al que estaría expuesta el agua de la laguna”. Simultáneamente, el informe matizó que el proyecto “a futuro podría convertirse en habitacional permanente”. “Esto generaría otros tipos de impactos acumulativos que deberían ser evaluados de forma preventiva”, añadió el documento. Para ese entonces, el propietario ya había instalado un cerco metálico de 2,2 metros de altura a lo largo de los predios.

La altura del cerco supera lo establecido para los alambrados rurales. El Estudio Boix, a cargo del fraccionamiento, argumentó que la falta de control por parte de dueños anteriores había derivado en el uso del campo como basurero, una práctica que, según indicaron, persiste en la actualidad con la presencia de automóviles y motocicletas incineradas en terrenos linderos. Además, era recurrente el ingreso de perros del barrio que mataban ovejas y animales autóctonos.

Disputas por la gestión hídrica y ambiental

Los vecinos han interpuesto reclamos en múltiples ocasiones contra la intendencia y el ministerio, alegando una presunta “pasividad” que permitiría, vía hechos consumados, el desarrollo de una suerte de barrio privado. Este ya cuenta con amenities de uso común como piscina, barbacoa, canchas y vagones acondicionados. Al estilo de las reuniones de la Comisión de Cuenca, donde las discusiones suelen ser acaloradas, los vecinos acusaron a la cartera de “ocultamiento de información”.

En una de las últimas sesiones, no obstante, el Ministerio de Ambiente propuso “analizar la ampliación de 100 a 150 metros” de la “zona buffer”, tal como había sido solicitado por la comisión de vecinos. Esta medida también forma parte de la discusión presupuestal a nivel nacional. El proyecto de ley, en su versión aprobada por la Cámara de Diputados, establece que todo fraccionamiento de predios contiguos al álveo de la Laguna del Cisne –entre otros cuerpos de agua– en una franja de 150 metros “pasará de pleno derecho al dominio público y quedará afectada al uso público”. El Presupuesto se encuentra actualmente a consideración del Senado.

Los vecinos sostienen la necesidad de proteger la única fuente de agua que OSE utiliza para abastecer a la Costa de Oro. En sus informes a la intendencia, el privado reconoció que deberá “prestar especial atención” durante la construcción de “depósitos impermeables” para evitar “posibles filtraciones de aguas servidas”, detallando la existencia de aproximadamente 10 empresas privadas disponibles para la gestión de barométricas. La División de Cuencas y Acuíferos del Ministerio de Ambiente recabó que el proyecto “podría generar un aumento de los riesgos para los eventos peligrosos” identificados por OSE para sus fuentes de agua. La Dirección Nacional de Aguas, por su parte, solicitó al propietario un plan de saneamiento que incluya una solución para los pozos y un estudio de inundabilidad.

Parte del expediente que actualmente revisa la asesoría jurídica del ministerio incluye una consulta a la Dirección Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos para dilucidar potenciales impactos sobre la fauna y flora autóctonas. Pablo Bidegain, propietario de los campos loteados, considera que el proyecto se localiza en “uno de los lugares más lindos del mundo” y ha expresado –en un comunicado difundido por los desarrolladores– que no desea “vender por precio, sino por afinidad”. “Quiero que venga gente que cuide, que no cace, que no deprede, que valore lo que tenemos”.